•Ley mordaza 
•Buzón a redes sociales
•Prohibido pitorrearse

Luis Velázquez

ESCALERAS: La Cámara de Diputados (en la antigua Grecia les llamaban «Los conscriptos de la patria») aprobaron una ley ultra contra súper mordaza. A partir de la fecha, con el cambio al Código Civil federal queda prohibido, por decreto, comunicar «por cualquier medio, incluido Internet, hechos ciertos o falsos».
 Y en caso de que una persona se sienta lastimada, ofendida, vejada, humillada, o exhibida, entonces, podrá interponer una denuncia, una denuncia, ni más ni menos, que por «daño moral», el peor delito, pues queda a la interpretación subjetiva de cada quien.
Será delito publicar una verdad, por más verdad que sea y esté documentanda, digamos, con hechos reales e incontrovertibles, con papelitos notariales de por medio, «desprestigiar» a una persona.
«Se trata, publicó Pablo Hiriart, el reportero chileno nacionalizado mexicano, «del peor golpe a la libertad de expresión en décadas: castigar la verdad».
Y, por tanto, «no debe pasar en el Senado de la República».
Es un disparate, publicó una- persona en las redes sociales.
Por un lado, el Congreso federal aprobó la ley de Seguridad Interior (con todo y veto de la ONU) que tanta polémica desatara porque autoriza al Ejército para hacer y deshacer en la vida pública.
Y por el otro, la nueva ley mordaza.
Antes, con Porfirio Díaz los reporteros incómodos eran maiceados.
Y si se resistían, enviados a la cárcel privada del dictador, que era, entre otras, las mazmorras del Castillo de San Juan de Ulúa, y en donde tuviera presos a Benito Juárez y Melchor Ocampo, por disidentes.
Y si saliendo de la cárcel seguían en la crítica, entonces, y como en el caso de Gustavo Díaz Ordaz con Mario Renato Menéndez Rodríguez, el legendario director de la revista Por qué?, le incendiaban las oficinas en la madrugada, lo trepaban a un avión y lo exiliaban.
Ahora, y de manera, digamos, civilizada, las modificaciones a la fracción Primera del artículo 1916 del Código Civil, tomando como pretexto «la reparación del daño».
Incluso, y lo peor, con todo y que el texto publicado sea verdad.

PASAMANOS: El Sistema Nacional Anticorrupción, que busca lo imposible como frenar, acabar por completo la corrupción política, está bloqueado.
Ni siquiera, vaya, los legisladores federales se han puesto de acuerdo para nombrar al titular y al resto del equipo.
El periodo legislativo terminó y quedó pendiente el nombramiento del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, cuyo jefe en funciones, Juan Manuel Portal, ha interpuesto denuncias penales en la Procuraduría General de la República, PGR, en contra de más diez ex gobernadores y de políticos en funciones.
Y sin embargo, tenían prisa «Los conscriptos de la patria» para la ley mordaza.
Cierto, el dictamen privilegia, ajá, dicen los legisladores, la libertad de expresión.
Pero «al igual que todo derecho, esa libertad no es de carácter absoluto, pues encuentra límites en el derecho al honor y a la imagen».
Y en consecuencia, toda persona que se sienta «desacreditada» o expuesta al desprecio por «un meme», queda facultada para una demanda civil que permita «reparar el daño».
Y «reparar el daño» significa, incluso, la indemnización de cantidades millonarias y que en casos anteriores que se han dado en el país lleva al reportero o columnista a la ruina económica, pues muchos se han visto necesitados a vender su casa, el único patrimonio familiar, para cubrir «el daño moral».
En las redes sociales se han acabado a los diputados federales, donde la población se ha desahogado de su impotencia, primero, ante tanta corrupción política que en cada sexenio y cuatrienio (en caso de los alcaldes) ha facilitado la aparición de nuevas fortunas personales y familiares, y segundo, ante la creciente impunidad, y tercero, ante el cinismo oficial.
Y si «los memes» significan, digamos, una gigantesca puerta social para que los ciudadanos se liberen y purifiquen pitorreándose de los políticos, ahora, ya lo saben.
Bastará que un político se sienta «ofendido» por un meme, una caricatura, un comentario, una nota informativa, el titular de un periódico… para lanzar toda su furia penal, argumentando su exhibida en la plaza pública.

CASCAJO: Si los 128 Senadores aprueban la ley mordaza, entonces, y a partir de su vigencia, los políticos podrán, digamos, vengarse de los medios incómodos.
Por ejemplo:
La secretaria de Desarrollo Social de Veracruz y la delegada federal de la SEDESOL podrían interponer denuncia penal en contra de los trabajadores de la información que les llamen «Pocahontas» y «Heidi».
El vocero de la Fiscalía, Omar Zúñiga Adán, podrá exigir la reparación del daño moral argumentando que lo han exhibido por su declaración de que en el lote de «Los Almendros», en Alvarado, en vez del reporte del hallazgo de fosas clandestinas solo encontraron «caca de vaca».
Desde Londres, Karime Macías podría demandar, incluso, hasta el gobernador Yunes, y a los medios desde luego, por pitorrearse de su frase bíblica de que merecía abundancia y que, además, sirvió para el título del libro «Merezco abundancia» de las reporteras Isabel Arvide y Claudia Guerrero, a quienes podría demandar.
Por «daño moral», claro, igual que aquella demanda de la actriz Sasha Montenegro, la segunda esposa de José López Portillo.
Es más, la frase apocalíptica del ex Fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, alcanzaría «la plenitud del pinche poder», pues en su tiempo decía que «hay comunicadores que meten clavos para sacar alcayacas», tiempo aquel cuando dijera que en una cantina del puerto jarocho, en vez del cadáver reportado solo encontraron el cuerpo de un perro muerto.
El Fiscal Jorge Wínckler será el político más feliz del Golfo de México, porque tendrá elementos suficientes para lanzarse a la yugular de los reporteros indeseables que expresara cuando dijera que solo esperaba que un periodista cometiera el primer error para refundirlo en la cárcel.

RODAPIE: En Estados Unidos, Donald Trump, por decreto, prohibió que en los papeles oficiales de las dependencias de Salud sean eliminadas las siguientes palabras:
Feto, transgénero, vulnerable y diversidad.
Y en México, los diputados federales elevan a la categoría de ley universal el subjetivo «daño moral» publicado en la prensa escrita, hablada y digital, y en las redes sociales, facebook, twitter, whatsaap, anexos, conexos y similares.
En el país vecino, nunca, antes, se había visto una media semejante por razones, digamos, ideológicas, a tal grado que por decreto están cambiando las políticas federales sobre lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
Y en México, como los políticos tienen la piel muy frágil y encumbrados se creen dioses intocables, han creado la ley mordaza para que nadie «los toque ni con el pétalo de una rosa» como refería Amado Nervo en el siglo pasado sobre las mujeres.
Los diputados tiraron «la papa caliente» a la Cámara de Senadores y ya se verá si el año entrante la ratifican.
El país de la mordaza. El país del bozal a los medios y a los cibernautas. Solo en las dictaduras se han dado.