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Cancún, Q. Roo.— El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo solicitó la suspensión temporal del juez de control penal José Luis Jonathan Yong Mendoza, luego de que fuera exhibido en un video donde presuntamente amenaza con un arma de fuego a una mujer, quien sería su pareja sentimental, en calles del municipio de Benito Juárez.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la institución informó que el 26 de diciembre de 2025 recibió una denuncia anónima mediante su sistema electrónico institucional, en la que se aportaron imágenes como evidencia de una presunta agresión ocurrida el 24 de diciembre en la colonia Residencial Palmaris, en Cancún.
Tras la denuncia, el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas inició las diligencias correspondientes y solicitó al Tribunal de Disciplina Judicial la aplicación de una medida cautelar consistente en la suspensión provisional del juez, como acción preventiva para salvaguardar el interés público mientras se esclarecen los hechos.
“El objetivo de esta medida es permitir el desarrollo de la investigación y reunir los elementos necesarios para determinar si existe responsabilidad administrativa o penal conforme a la ley”, señaló el Poder Judicial estatal.
En las imágenes que circularon en redes sociales se observa a Yong Mendoza descalzo, vistiendo short y playera, mientras sostiene un arma de fuego y encara a una mujer que le suplica no hacerle daño. De acuerdo con versiones de medios locales, el juez también habría intimidado a personal de seguridad privada que intentó intervenir.
José Luis Jonathan Yong Mendoza accedió al cargo tras el proceso de elección judicial realizado a inicios de junio pasado. Asimismo, en 2021 fue mencionado en reportes periodísticos por presuntos vínculos con una red criminal de origen rumano dedicada a la clonación de tarjetas bancarias de turistas, aunque dichos señalamientos no derivaron públicamente en una sentencia.
El Poder Judicial reiteró que el caso será analizado conforme a derecho y bajo los principios de imparcialidad y presunción de inocencia, sin dejar de lado la protección a las víctimas y el interés público.
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