Veracruz, Ver.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que el uso de celulares y tabletas en niños menores de 2 años de edad está provocando «autismo virtual», señaló Rosy Tufiño Campos, Especialista en Terapia de Lenguaje.

Explicó que está problemática está ocasionando afectaciones neurológicas en los infantes, por lo cual la OMS hizo un llamado a los padres de familia para evitar dar celulares o tabletas a los pequeños ya que afecta al desarrollo del lenguaje y aprendizaje de los niños.

«Están llegando muchos niños con problemas de lenguaje el hemisferio izquierdo del cerebro que es el encargado de ver el lenguaje, se está viendo afectado porque los surcos del cerebro, ya está investigado que los surcos del cerebro en los niños con uso excesivo de pantallas se está haciendo más profundo, entonces eso está afectando el desarrollo de los ‘peques’. Eviten papás, mamás, darles pantallas a los ‘peques’, sustitúyalos por otra cosa, llévelos al parque, denles plastilina, denles material para colorear, muchos juguetitos para que ellos se puedan entretener y desarrollen su estimulación en casa, la interacción social es una parte muy importante en ellos, y desafortunadamente hay muchos ‘peques’ que se están diagnosticando con autismo, pero no llega a ser tanto un autismo, sino un autismo virtual», puntualizó.

Rosy Tufiño aclaró que a diferencia del autismo que es un espectro, el «autismo virtual» puede irse corrigiendo al quitarle las pantallas a los niños y dándoles la estimulación correcta para poder desarrollar su crecimiento y área neurológica.

«Si un ‘peque’ tiene un estímulo correcto, un desarrollo promedio sin pantallas, sobre todo, los ‘peques’ menores de 2 años, no debería tener un problema en cuanto a su lenguaje (…) no ha habido una estadística actualizada, sin embargo, desde hace unos años sí se está viendo que esto se está elevando, y a nivel de aprendizaje uno de cada tres niños está viendo afectada su cuestión de comprensión lectora, esto obviamente nos trae afectaciones tanto en preescolar como en primaria».

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XALAPA, VER.- El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, opinó sobre el trabajo de Verónica Hernández Giadáns al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, en el caso específico de las investigaciones contra Miguel Ángel Yunes Márquez. El senador electo está acusado por tres delitos.

El pasado viernes 5 de julio el panista faltó por tercera ocasión a una audiencia en su contra por los delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal, esto, durante la búsqueda de la candidatura a la alcaldía de Veracruz en el 2021. Yunes Márquez justificó con una lesión en la espalda su ausencia en los juzgados de Pacho Viejo, Coatepec.

En la conferencia de García Jiménez de este lunes 8 de julio una reportera cuestionó su opinión al mandatario sobre la “forma pasiva” en que la Fiscalía de Veracruz estaría actuando en el caso. Esto, como un eco de las declaraciones de los morenistas Rocío Nahle García – gobernadora electa – y Manuel Huerta Ladrón de Guevara -senador electo -.

“¿Tú piensas que ha sido pasiva, ¿cómo ves? Porque en voz del presunto delincuente (…) dice que no, que nosotros estamos muy duro contra él, bueno, nosotros no, la fiscalía, el poder del Estado ha estado en contra de él, pero tu opinión es al revés ¿no? De que no ha sido así, de que ha sido muy pasiva, es lo que me preguntas”, respondió García a la reportera.

El gobernador aseguró que mandará el mensaje a la fiscal Hernández Giadáns de que se pide “más fuerza” en el asunto, pero que después no se critique en medios “que pobrecito lo están persiguiendo”, dijo, y defendió el trabajo de la FGE en el caso:

“el proceso judicial tiene sus momentos, sus formas y tenemos que ser cuidadosos en esos momentos y formas porque recuerden (…) si no se cuida el proceso ese luego resulta ser un argumento de los presuntos delincuentes para solicitar amparos y en mi opinión, pienso que la fiscalía va cuidando el proceso, que para algunos es muy rápido, que para algunos es muy lento, pues lamentamos esta dos opiniones, pero es el proceso que debe darse de esa manera”.

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La gobernadora electa, Rocío Nahle García, confirmó las especulaciones surgidas la semana pasada respecto al futuro político del diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín.

“Es un gran compañero, un gran amigo que me ha apoyado muchísimo. Tendrá una actuación primordial, de primer nivel dentro de la delegación federal, esto porque la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, lo solicitó y yo encantada de que será un delegado de primer nivel, de enlace político, social y de desarrollo”, sostuvo Nahle García durante una entrevista a un medio estatal.

La gobernadora electa resaltó que Gómez Cazarín posee un amplio conocimiento del estado de Veracruz. Además, destacó su colaboración durante la precampaña y campaña, que resultó crucial para consolidar su triunfo en la gubernatura del estado, al igual que lo hizo con la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

El aporte de Gómez Cazarín permitió sumar a más de 25 alcaldes veracruzanos de diversas filiaciones políticas, incluidos panistas, priistas, perredistas y miembros del extinto partido Redes Sociales Progresistas, a la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación.

Es importante mencionar que el político hueyapense defendió a Rocío Nahle ante los ataques de la oposición, particularmente de la familia Yunes y del empresario Arturo Castagne Couturier, quienes emprendieron una campaña de desprestigio sin éxito.

Asimismo, Gómez Cazarín ha sido fundamental en la lucha contra la corrupción vinculada a la familia Yunes, revelando los sobornos recibidos por el candidato del PAN-PRI, José Yunes Zorrilla, durante el gobierno de Javier Duarte. También expuso las propiedades de la familia Yunes, incluyendo mansiones, vehículos, departamentos y yates tanto en Veracruz como en el extranjero.

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La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha emitido al menos 37 recomendaciones a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) por la omisión o retraso injustificado en el pago del seguro institucional a sus trabajadores o familiares.

De 2020 a la fecha, el organismo ha emitido esta misma recomendación a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) por el impago de este derecho.

El año con más recomendaciones hacia ambas dependencias es 2023 con 17, le sigue 2021 con nueve, luego 2022 con cinco. En algunos casos las quejas datan desde hace 13 años.

Son principalmente por el retraso injustificado en el pago del seguro institucional por invalidez o bien porque no se pagó el recurso a los beneficiarios de los trabajadores.

En 2023 la CEDH emitió una recomendación a ambas secretarías por el retraso injustificado en el pago del seguro de vida en un caso que data desde 2012; es decir, desde hace 11 años.

Se trata del caso de una mujer cuyo esposo falleció siendo trabajador de la SEV, con una antigüedad de 33 años y ocho meses, y al corriente con el pago del seguro institucional

Sin embargo, pese a ello los tres beneficiarios de este seguro no lo recibieron aunque hicieron el trámite ante la aseguradora GNP y la SEV.

“Hemos sido agraviados por parte de la Secretaría de Finanzas o en su defecto de quien resulte responsable, sucede que el 12 de diciembre del año 2012 fallece mi esposo, quien era (…) de la SEP. Cuyo nombre era. (…), su tiempo de cotización fue de 33 años ocho meses siete días, adquirió un seguro institucional y le era descontado de su cheque de cada 15 días. Al día de su descenso (sic) la póliza se encontraba con la aseguradora GNP, él dejó como sus beneficiarios a tres personas”, indicó.

Otro caso es la recomendación 054/2020 sobre un caso que data desde 2013 cuando un trabajador presentó la documentación necesaria para que le realizaran el pago de este seguro pero en cada ocasión le daban razones distintas para el retraso y así llegó al 2020 sin recibir el pago.

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El subsecretario de Seguridad a nivel nacional, Luis Rodríguez Bucio, aseguró que algunos jueces federales buscan proteger al exgobernador de Veracruz, Javier “N”, en contra de una orden de aprehensión de un juzgado de Veracruz la cual fue concedida.

Se trata de los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado en Materia penal del primer circuito: Michele Franco González, José Manuel Torres Ángel y Juan Carlos Ramírez Benítez a quienes se les expuso en la conferencia de prensa como “favorecedores” al ex mandatario veracruzano.

Esto luego de que Javier “N” interpusiera el recurso de queja 138/2024 para ampliar la medida para evitar su detención por cualquier otro nuevo delito que se le pueda acusar.

“El amparo promovido por Javier N es contra cualquier orden de aprehensión que pueda ser emitida por cinco juzgados del Estado de Veracruz y ejecutada por diversas autoridades ministeriales tanto federales como locales en Veracruz o CDMX”, señaló el reporte que presentó Rodríguez Bucio la mañana de este martes durante la conferencia “mañanera” de Andrés Manuel López Obrador.

El recurso legal sí fue concedido, y por ende, se modificaron los efectos de la suspensión provisional ya concedida contra una orden de aprehensión.

Fue el pasado 24 de junio cuando el tribunal colegiado por unanimidad de votos concedió al exgobernador de Veracruz una suspensión provisional para no ser detenido si existiese alguna orden de aprehensión sin importar el delito que sea.

Esta suspensión evita que Javier N sea detenido aún cuando cmparezca ante un juez de control, y aunque se le imponga en audiencia la prisión preventiva justificada u oficiosa.

“El quejoso (Javier “N” ex gobernador de Veracruz), no podrá ser privado de su libertad, con independencia de que el delito por el que se le dictó la orden sea o no de los que ameritan prisión preventiva.”.

El exgobernador de Veracruz fue detenido en 2017 y sentenciado en 2019 a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Duarte se encuentra tras las rejas en el reclusorio Norte de la CDMX y actualmente enfrenta un proceso legal por desaparición forzada, por el cual diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas pidieron que se agilice, pues consideran que Javier N es responsable de todas las desapariciones forzadas que ocurrieron durante el tiempo en que él estuvo a cargo del Gobierno de Veracruz.

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