Por Miguel Angel Cristiani G.
Se ha dicho ya en reiteradas ocasiones que la administración del gobierno estatal que encabeza el gobernador Miguel Angel Yunes Linares de dos años, apenas si alcanzará para establecer las bases de una nueva estructura en el gobierno, que permita lograr todos los cambios necesarios para salir de la crisis generalizada en que nos encontramos los veracruzanos.
De ahí la importancia del Plan Veracruzano de Desarrollo, que se pretende sea una carta de navegación gubernamental para los próximos dos años.
Todo avance dependerá de la medida en que las nuevas autoridades que recién tomaron el poder, como un nuevo gobierno puedan transitar unidos con la sociedad, en las rutas establecidas en el PVD.
Aunque hasta ahora, por principio de cuentas, el PVD no aparece publicado como debería de ser, en todos los portales de las secretarias y organismos del gobierno del estado, para que pueda ser conocido y consultado por la ciudadanía, solamente en la Gaceta Oficial del Estado es donde lo pudimos localizar.
Ahí se dice que “el plan es el mapa, no el destino. La finalidad es el progreso material y el bienestar de la sociedad veracruzana, con respeto a su heterogeneidad cultural y con el cuidado y conservación de su biodiversidad.
El bienestar de los ciudadanos de Veracruz depende en gran medida de que ellos mismos supervisen los desempeños gubernamentales y exijan rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos”.
Precisamente una de las acciones primordiales del PVD es el reforzar el estado de derecho y reorganizar a las instituciones para fortalecer la seguridad ciudadana.
Acatar el estado de derecho significa básicamente el respeto de la ley, pero su plena vigencia, requiere de autoridades, instituciones y servidores públicos con la ética y responsabilidad necesarias para garantizar a los ciudadanos la seguridad y certeza jurídica.
La impunidad derivada de la ausencia del estado de derecho en la entidad veracruzana ha facilitado la reproducción de violencia, fenómeno que se ha incrementado a tasas intolerables para la convivencia social, por lo que es una exigencia social la renovación de las instituciones de seguridad, así como las de procuración de justicia, como parte fundamental del proceso de reconstrucción del estado de derecho.
El objetivo de la política sobre seguridad ciudadana es garantizar al ciudadano sus derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad física.
Las proposiciones y reflexiones ciudadanas aportadas en los distintos foros de consulta son elocuentes, así como los datos que arrojan los estudios y las estadísticas.
Se encuentra que es necesario, modificar la reglamentación interna de las dependencias del Poder Ejecutivo, como activar procesos legislativos. La sociedad expresa la necesidad de reformar y actualizar determinados marcos legales, destacando, las preocupaciones por garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, asegurar la transparencia y rendición de cuentas, así como robustecer los sistemas de procuración e impartición de justicia, para erradicar problemas como la corrupción, la impunidad y la inseguridad.
Las participaciones de la sociedad veracruzana en el proceso de la consulta ciudadana corroboran, que la impunidad, la corrupción y la inseguridad, se perciben como los problemas que prioritariamente aquejan a los veracruzanos. Las causas que han originado estas problemáticas son multifactoriales, pero muchas de ellas competen a la administración pública, principalmente a las instituciones responsables de la seguridad, procuración e impartición de justicia, por lo que éstas no cuentan con la confianza ciudadana.
Veracruz demanda la plena vigencia y aplicación de las leyes para enfrentar los demás temas que obstaculizan su desarrollo, por lo que el estado de derecho y la seguridad ciudadana son premisas que circunscriben a todos los demás factores del Plan de Desarrollo 2016-2018 y se exponen en un solo bloque para establecer los objetivos y acciones tendientes a propiciar un clima de orden y paz para los habitantes del Estado.
De acuerdo con el PVD el objetivo primordial debe de ser conformar una administración pública renovada, respetuosa de la legalidad y sus instituciones, para cimentar el restablecimiento del estado de derecho.
Se mencionan también las que deberán ser las estrategias a seguir en los próximos dos años:
Proponer las reformas legislativas necesarias para armonizar, adecuar y actualizar el marco legal local, y efectuar modificaciones al marco reglamentario del Poder Ejecutivo.
Generar un acuerdo democrático por Veracruz, con la finalidad de garantizar a los veracruzanos el compromiso de diseñar políticas públicas necesarias para restablecer el Estado de derecho en Veracruz.
Implementar una re-ingeniería normativa que confiera protección, tutela y garantía de los derechos humanos protegidos por la Constitución Local, a fin de conferir al ciudadano la seguridad y confianza en sus instituciones, reforzando el Estado de Derecho.
Proponer una re-ingeniería de la normativa orgánica institucional, efectuando las modificaciones reglamentarias necesarias para dirigir a la administración
pública, bajo los principios de eficacia, eficiencia, transparencia rendición de cuentas y legalidad.
Reorganizar y trasparentar el sistema del transporte público.
Así las cosas, una vez pasados los tiempos de las promesas, es hora de entrar en acción, para cumplir con las expectativas del cambio, que los veracruzanos y veracruzanas demandan.
