*   Crecimiento económico de apenas 0.6%

Veracruz es una de las seis entidades más endeudadas del país, con una deuda pública de más de 41 mil millones de pesos hasta 2014, sin contabilizar los empréstitos contratados por el Ejecutivo en 2015, expresó el legislador local panista, Julen Rementería del Puerto.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la situación de endeudamiento es grave para Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México y Nuevo León, detalló el congresista.

En la última década la deuda de Veracruz se ha exponenciado en más de mil por ciento, debido a la mala administración de los gobiernos priístas, aseveró el legislador.

Rementería del Puerto explicó que de las seis entidades que se encuentran por encima de la media nacional en lo respectivo a deuda pública, cinco son gobernadas por administraciones priístas.

El legislador expresó que el severo endeudamiento de la actual administración, no se justifica por la contratación de empréstitos para realizar obra pública, debido a que el desarrollo no puede ser costeado a partir de números rojos.

Se trata de un círculo vicioso más que virtuoso, porque en la mayoría de los casos no se puede comprobar que efectivamente el recurso solicitado se haya utilizado para hacer obras, explicó el congresista.

Comprometer las participaciones federales complica aún más el paupérrimo crecimiento económico de la entidad, que alcanzó apenas el 0.6% hasta el primer trimestre del año, detalló Rementería del Puerto.

Orizaba, Ver.- Los campos de la zona centro dejaron de producir y pasaron a ser fraccionamientos habitacionales, ya que la crisis económica en la que el gobierno federal los hundió, obliga a los agricultores a vender sus tierras a precios bajos, resolviendo sus problemas financieros sólo por temporada, mencionó Raúl Vásquez Santos, presidente de la Vieja Guardia Agrarista (VGA).

No tuvieron el éxito esperado los programas que el gobierno federal y del estado impulsaron en su momento, “todos fueron insuficientes y en algunos casos no llegaron a quienes deberían hacerlo”. La crisis del campo “empezó hace casi 30 años, pero se agudizó con las reformas neoliberales. Eso fue lo que vino a golpear fuertemente la producción agraria, pero hace 20 años fue lo peor. Los campesinos dejamos de tener crecimiento, los programas federales y estatales nunca llegaron y los que bajaron fueron insuficientes, entonces vino el problema”.

La crisis del agro es grave, “el actual gobierno apoya a la producción de empresas, pero no a las de los pequeños productores, muchos de ellos cultivan para autoconsumo, para medio comer. Los hijos de los campesinos en la actualidad se van a la ciudad a trabajar como peones de albañil, o se van a otros estados a la pisca de diversos productos, en Veracruz no hay crecimiento”.

El futuro es incierto, “no sabemos qué va a pasar con los campos, la producción ha bajado mucho, si acaso los que llegan a sobrevivir son los productores de flor, follaje y papa de la sierra del Pico de Orizaba, ellos todavía comercializan sus productos, pero no sabemos hasta cuándo, porque se vende, por ejemplo, mucha papa que viene de otros estados y en los centros comerciales se venden legumbres incluso de los Estados Unidos”.

Lo necesita el campo “es que se le apoye, se le brinde el recurso necesario para volverlo hacer producir, si eso no sucede, lo poco que se produce, sólo será de traspatio, en lugares reducidos, sin posibilidades de crecimiento y que renazca la posibilidad de tener la producción de hace muchos años. No sabemos que vaya a pasa, hay mucha incertidumbre, pero hay más necesidad y eso requiere de apoyo para las familias”.

Poza Rica, Ver.- La Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF) asegura que la reforma energética ubica a pueblos indígenas, ejidos y comunidades en desventaja frente a contratistas, y reitera su oposición a métodos de extracción nocivos, también señala vicios en los procesos de licitación de las áreas de producción de hidrocarburos.
Miembros de la AMCF declararon su rechazo al proceso a las licitaciones de la Ronda 1 y al Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019, las cuales se llevaron a cabo de manera alejada al escrutinio público, en una sede en que no fue confirmada sino hasta el mismo día del evento, según comentó Francisco Cravioto, investigador de Fundar e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking.
Investigadora de Fundar, Aroa de la Fuente, expresó su preocupación por que Petróleos Mexicanos (Pemex) se abstuviera de participar en este proceso, declarándose descapitalizada, de acuerdo al propio director general de la empresa, Emilio Lozoya Austin. “Paradójicamente, lo que se repartió fueron 14 áreas de licitación en aguas someras en las costas del sur de Veracruz, Tabasco y occidente de Campeche, precisamente el tipo de campos en los cuales Pemex es reconocido internacionalmente por su experiencia y por sus bajos costos de producción” indicó.

Advierte que los ingresos producto de la explotación de estas áreas, representaron alrededor de 35% de los ingresos del Estado en años recientes, por lo que indudablemente, al quedar fuera de la participación, tendrá un efecto en las finanzas públicas.
Es de extrañarse la posición de los funcionarios de la empresa en un área en la que tienen mayor experiencia, por lo que preocupa lo que ocurrirá en las siguientes cuatro fases de la Ronda 1, en las que se ofertaran yacimientos en el Golfo de México, recursos convencionales en tierra y otra de recursos no convencionales; este último de mayor preocupación, pues es donde existe el riesgo de que sean explotados con la técnica de la fractura hidráulica.

Por otro lado, Manuel Llano, de Cartocritica.org indicó que el pasado 2 de julio, la Secretaría de Energía (Sener) dio a conocer un Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019, en donde se plasma un ambicioso proyecto transexenal de operaciones de exploración y extracción de hidrocarburos que abarca 3 millones de hectáreas, equivalentes a 7.4% de la superficie terrestre del país; a lo que se deben sumar otras 11 millones de hectáreas ubicadas sobre las aguas del Golfo de México.
El investigador denunció que dicho mapa no es descargable en datos abiertos, en franca violación de la normatividad vigente y los compromisos que ha asumido la Sener en el marco del compromiso 22 de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Según con el Artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos, las actividades de exploración y extracción de los mismos son consideradas de utilidad pública, al servicio del interés social y orden público, así como preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, por lo cual deberían estar disponibles a la población.

De la Red Unidos por los Derechos Humanos, Óscar Espino, manifestó que al desconocer a exactitud estos términos, se vulnerarán los derechos de las comunidades, especialmente las indígenas, incluyendo los derechos a la vida, la salud, el vivir en un medio ambiente sano, el derecho al agua e inclusive la propiedad; temiéndose violaciones a los derechos al territorio, la autodeterminación y cultura.

Subrayó que además se viola el derecho a participar en decisiones públicas, en virtud de que no existió nunca una consulta para aprobar la reforma energética. “Tampoco hubo consulta para licitar estos campos. La consulta proyectada por la Ley de Hidrocarburos no es más que un trámite realizado a posteriori de la entrega de permisos, sin plena información sobre el proyecto y sus afectaciones y que no tiene carácter vinculante sobre el Estado o el contratista privado; esto es, los proyectos proceden aunque las poblaciones indígenas nieguen su consentimiento” mencionó Espino.

La Alianza Mexicana contra el Fracking señaló que continuará exigiendo al Estado mexicano la prohibición del fracking e informando y apoyando los procesos de defensa de las comunidades afectadas y potencialmente afectadas por esta amenaza que se cierne sobre sus territorios.