Ciudad de México.- Integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) presentaron en la Cámara de Diputados una iniciativa ciudadana –respaldada por más de 420 mil firmas- a través de la que proponen modificar el artículo 4 constitucional para establecer como derecho humano el acceso a la electricidad, y que se reglamente en la legislación secundaria lo que denominaron una “tarifa social”.

Una comisión representativa –encabezada por Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y por Juan Luis González Vargas, dirigente y coordinador de la ANUEE- ingresó al Palacio Legislativo para entregar formalmente la propuesta al presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, el perredista Jesús Zambrano Grijalva.

Esparza Flores sostuvo que es urgente que se analice y apruebe dicha propuesta, dada la grave situación económica de la mayoría de los mexicanos y el incremento -de hasta 250%- en las tarifas eléctricas, luego de que Felipe Calderón decretara en 2009, la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

“Se puede acordar una tarifa social para que los usuarios realmente paguen la luz, pero a una tarifa que se ajuste a la situación económica de cada familia y eso, el Estado lo puede satisfacer sin problema”, detalló.

El dirigente sindical denunció que cientos de personas padecen amenazas permanentes de cortes masivos de luz, luego de que dejaron de pagar recibos de entre 20 y 40 mil pesos por carecer de recursos; además, agregó que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acostumbran cortar la electricidad por la noche y que funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) persiguen a los deudores.

Cuestionado sobre la viabilidad de que una reforma constitucional –como la que decretó el acceso al agua como derecho humano- verdaderamente modifique la realidad nacional, Esparza Flores declaró: “es importante señalar que la infraestructura eléctrica es del Estado y se construyó con los impuestos de los mexicanos, por lo que no hay que erogar ni un peso; es con las plantas que son del Estado, con las que se puede satisfacer a 32 millones de usuarios domésticos del país”.

Ante la inminente entrada al mercado mexicano de empresas privadas que podrán vender energía eléctrica, el dirigente del SME afirmó que no habrá mejora en el servicio ni se reducirán los precios de la electricidad, tomando en cuenta la experiencia internacional sobre desregulación de este sector, en particular en un país como el nuestro, en el que 80% de la electricidad se genera con gas, por lo que mientras más disminuyan los hidrocarburos, más se incrementará el precio del producto.

En este contexto, cabe recordar que la CFE abrió una licitación pública a largo plazo de energías renovables en la que se detalla que pagará el kilowatt hora a los productores de energía a 45 centavos, al mismo tiempo de que lo cobra en 1.75, 2.50 y el de alumbrado público a 3 pesos, cuando su producción no cuesta más de 56 centavos.

El líder sindical criticó que los legisladores no volteen a ver las verdaderas necesidades de la ciudadanía y recordó que una iniciativa similar ya había sido presentada en el Senado de la República; sin embargo, la comisión a la que fue turnada nunca la analizó, por lo que –por acuerdo- fue desechada.

Entre las exigencias de la ANUEE y del SME está la abrogación de reformas como la energética y través de la que se modificó el Fondo de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conocido como PENSIONISSSTE.

Los dirigentes hicieron un llamado a los ciudadanos a dar seguimiento al tema en cada una de las etapas del proceso legislativo, además de exigir a sus diputados impulsar y votar a favor dicha propuesta.

Ciudad de México.- El decálogo del presidente Enrique Peña Nieto para cambiar el paradigma del combate a las drogas en el mundo contiene aspectos de avanzada y otros que parecen atrasados por más de tres décadas.

Ante la ONU, el Presidente cambió el discurso oficial que durante casi 10 años se había mantenido en el combate a los cárteles del narcotráfico en México, aunque también existen ambigüedades.

De los 10 puntos, el 6, 7 y 10 fueron los que más relevancia tienen, pues son el eje del cambio de enfoque en el combate al consumo de drogas.

El primero propone no criminalizar a los consumidores y el segundo tratar el problema como un asunto de salud pública; finalmente, Peña Nieto se refirió a mejorar el acceso a sustancias controladas para fines médicos y científicos, como la marihuana, un tema que está como uno de los principales en la agenda de México.

El punto débil. Aunque en la última propuesta el Presidente dice que se debe dar acceso controlado a ciertas sustancias para fines médicos, no dio detalles de cuáles sustancias ni en qué esquema. De acuerdo con especialistas en la materia como Alejandro Madrazo, uno de los principales impulsores de la legalización de la marihuana, esto podría beneficiar sólo a las farmacéuticas internacionales, por lo que debe especificarse bien si se trata de una política en la que el Estado regule la siempre y consumo.

Atrasada por 30 años. La propuesta del Presidente, aunque es vanguardista para México, está atrasado al menos 20 años a nivel mundial si se considera que países como Suiza, que tuvieron graves problemas con el consumo de drogas en los años 80, cambiaron la visión prohibicionista por una de salud pública que los puso a la vanguardia del combate al consumo de estupefacientes.

El presidente cambio su discurso en menos de cinco meses. A mediados de noviembre de 2015, el mandatario aseguró que no estaba a favor de la despenalización: “En lo personal siempre dije y me sostengo, en lo personal, que para mí no sería deseable  ni estoy en favor de una eventual legalización en el consumo de la marihuana”. Sin embargo, luego de su discurso ante la ONU, el jefe del Ejecutivo federal abrió una puerta para el consumo.

México ha perdido mucho. El Presidente también llamó refrendar la responsabilidad común y compartida del fenómeno como un asunto global en el que un país solo no podrá con el flagelo de la delincuencia organizada. Los datos le dan la razón: en más de seis años la guerra contra el narcotráfico en México ha dejado más de 100 mil muertos; desde 2007 y hasta 2015, se han destinado 623 mil millones de pesos en el combate al crimen organizado.

“Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados y los resultados alcanzados, no estamos totalmente libres de la amenaza criminal mientras siga creciendo una creciente demanda internacional de estupefacientes”, dijo Peña Nieto.

Reforzar el frente y cooperación trasnacional. El mandatario mexicano llamó a reforzar la cooperación internacional, en gran medida, para atacar las ganancias que el crimen organizado obtiene por el negocio de las drogas. De acuerdo con el informe “El problema de las drogas en las Américas”, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), las ventas minoristas de drogas pueden llegar hasta 320 mil millones de dólares, es decir 0.9% del PIB global. Sólo en América, los ingresos anuales provenientes de las drogas se calculan en 150 mil millones de dólares.

Agregar el nuevo paradigma de combate al narco en la agenda 2030. La agenda 2030 es “un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia” a través de 17 objetivos primordiales que regirán los programas de desarrollo en todos los países miembros durante los próximo 30 años.

Alternativas al encarcelamiento y visión de género. De acuerdo con cifras del Gobierno Federal, de 2012 a julio de 2015, 126 mil 407 personas fueron detenidas por la comisión de delitos contra la salud (posesión, producción, transporte, tráfico, comercio, suministro de drogas y delitos conexos). De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguridad, en las cárceles del país hay 254 mil 705 reos, cuando la capacidad de los penales es para 203 mil, lo que revela una sobrepoblación de al menos 51 mil 621 reclusos.

Sumar esfuerzos internacionales por una campaña global a niños y jóvenes. En 2010, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) lanzó una de las más fuertes campañas internacionales contra el consumo de estupefacientes, además, se instauró el 26 de junio como el Día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Para 2019 se espera el lanzamiento del Programa Mundial contra las Drogas, que podría incluir una nueva campaña en todos los países miembros de la ONU.