El Congreso de Veracruz aprobó la minuta de reforma constitucional que modifica el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política Federal, medida que establece la inimpugnabilidad de las reformas y adiciones al texto constitucional bajo el concepto de «supremacía constitucional».
La propuesta, enviada por la Cámara de Diputados, impide que los cambios en la Constitución sean sometidos a controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.
La reforma al artículo 105 especifica que «son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución».
Con esta disposición, se elimina la posibilidad de impugnar modificaciones al texto constitucional, blindando las decisiones del Poder Legislativo sobre la Carta Magna.
En el artículo 107, la reforma limita los efectos de las sentencias de amparo, estableciendo que solo aplicarán a quienes hayan interpuesto la demanda, sin alcance general.
Además, se precisa que el juicio de amparo no será procedente contra reformas o adiciones a la Constitución, restringiendo el uso de este recurso para frenar cambios constitucionales.
El decreto fue aprobado con 31 votos a favor, 9 en contra y sin abstenciones, y sus artículos transitorios disponen que las reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los asuntos en trámite deberán resolverse bajo las nuevas disposiciones establecidas por esta reforma.
Durante la sesión, la diputada Itzel Yescas Valdivia, del grupo legislativo del PAN, criticó la reforma, advirtiendo que con esta «supremacía constitucional» se compromete el equilibrio de poderes y el respeto al Estado de Derecho.
«Según el contenido de la minuta de esta reforma, se elimina de tajo esa mínima posibilidad de que alguien pueda quejarse con justicia sobre una reforma constitucional que vulnere los Derechos Humanos de las y los mexicanos», declaró, expresando preocupación por el impacto de la medida en los derechos ciudadanos.