Ciudad de México.
A partir de las revelaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la recién instalada Comisión Especial para el caso Ayotzinapa de la Cámara de Diputados citará a comparecer a integrantes del Ejército, de la Procuraduría General de la República (PGR), así como autoridades estatales y municipales, que hayan participado en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida un año atrás, en Iguala, Guerrero.
Además, invitarán a los padres de los 43 estudiantes a reunirse con el recién creado órgano legislativo, así como a otros actores sociales que pudieran aportar datos relevantes como el Padre Alejandro Solalinde.
La presidenta de la Comisión Especial, la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, explicó que existe interés por parte de los diputados para sentarse a dialogar con la PGR o con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que conozcan la averiguación previa.
Para la representación de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) será vital poder entrevistar a los elementos castrenses que estuvieron presentes en Iguala en el momento en que ocurrieron los hechos, pues según han revelado las investigaciones independientes, ellos presuntamente sabían del peligro que corrían los estudiantes y no actuaron.
También será importante para Morena revisar todo lo relacionado con el quinto autobús, su paradero y su relación con la desaparición de los estudiantes.
El 6 de septiembre pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe derivado de sus propias pesquisas sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sus conclusiones fueron muy diferentes de las que en su momento la PGR consideró como la “verdad Histórica”.
A partir de ese momento, en la recién instalada Cámara de Diputados surgió la inquietud de dar continuidad a las investigaciones del GIEI y renovar las propias indagatorias del Congreso, que quedaron en el limbo en mayo de este año.