- Fiscal burló la ley
- Desacato a CIDH
- Consignar a Yunes Linares
Luis Velázquez
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El diputado federal panista, Miguel Ángel Yunes Linares, unos 35 años priista fervoroso, es un político incómodo para el gobierno de Veracruz.
Y aun cuando ahora, como en el pasado inmediato, la elite tricolor en el poder sexenal lo ha rafagueado en los medios, el Fiscal General, Luis Alberto Bravo Contreras, dejó pasar una oportunidad invaluable para su consignación.
Sucedió hace unos ocho meses, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIHD, expidió una resolución para consignarlo por delitos de lesa humanidad en contra del líder fundador del Movimiento de los 400 Pueblos, César Augusto del Ángel Fuentes.
La CIHD es un órgano principal y autónomo de la OEA, Organización de los Estados Americanos, integrada por siete miembros, con sede en Washington.
Fue fundada en 1959, basada en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la Novena Conferencia Internacional.
Y cuando la resolución llegara al edificio del Fiscal, por equis razón, simple y llanamente, el Fiscal la archivó.
Y, por tanto, la dejó sin efecto.
La resolución estuvo basada en una denuncia que sus abogados interpusieron, primero, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y luego en la Interamericana.
Partían del sexenio de Patricio Chirinos Calero, 1992/1998, cuando Yunes era secretario General de Gobierno, y Del Ángel y Margarito Montes Parra, dirigente yaqui fundador de la UGOCP, eran los líderes emblemáticos del campo.
Un día planearon reproducir la llegada de Pancho Villa y Emiliano Zapata uno por el norte y otro por el sur a la ciudad de México, y tal cual entrarían a Xalapa, la sede de los poderes centrales.
Entonces, el manotazo fue asestado y Yunes ordenó la detención de la esposa de Del Ángel para obligar al dirigente a entregarse, como fue.
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Yunes inició el peor atentado a los derechos humanos que un político puede hacer desde el poder ejecutivo, legislativo y judicial, el poder policiaco, el poder de las finanzas, el poder del partido en el poder, con toda la alevosía y premeditación, pero también, abuso del mundo.
Primero, lo paseó en las cárceles de Jalacingo, Perote y Pacho Viejo.
Segundo, cabildeó, mejor dicho, ordenó una sentencia de seis años.
Tercero, antes de irse de la SEGOB, cabildeó para ampliar la sentencia dos años más.
Por eso, cuando se dieron las circunstancias, hacia el fidelato, Del Ángel interpuso una denuncia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que luego llegó a la Interamericana (CIDH),
Era el 18 de noviembre de 2014.
Claro, el góber fogoso y gozoso aprovechó la coyuntura para bombardear a su peor enemigo público, su examigo, Yunes Linares, y a quienes tres mujeres (la sobrina de un ex gobernador, la Chiquitiboom y una yugoslava) habían separado.
Tal cual fue integrada la Comisión de la Verdad para dar seguimiento a los atropellos a los derechos humanos de César del Ángel.
Pero, además, también incluía una queja en contra de Dante Delgado Rannauro, Patricio Chirinos Calero y Miguel Alemán Velazco.
De igual manera, en contra de Jorge Uscanga Escobar y Alejandro Montano Guzmán, quienes “con autoritarismo, ilegalidad y uso arbitrario del Poder Público violaron los derechos humanos que en la determinación ministerial de la Dirección General de Investigaciones Ministeriales de la Procuraduría General de Justicia se precisan y que han causado daños morales y materiales”.
Y más porque los primeros tres párrafos del Título Primero, capítulo I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los Derechos Humanos y sus Garantías, hablan sobre que los derechos humanos nunca, jamás, proscriben.
“En los EUM todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.
La denuncia ante Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, fue firmada, además de César del Ángel, por Nereo Cruz Aguilar, Esteban Aburto Flores, Alfonsina Sandoval Urbina, Albina Arroyo Barradas y Gabino Vicencio Osorio.
Juan Crisóstomo Reyes Domínguez, Ausencio Gómez Hernández, Ponciano Martínez de la Cruz, Miguel Aguilar Salazar, Fidencio García Encarnación, Tiburcio Viveros Rodríguez, Ignacio Moreno Hernández y Roberto Franco Peña.
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Hace unos 8 meses, la CIDH expidió la resolución para consignar a Yunes.
Y el Fiscal la guardó en su caja fuerte.
Incluso, la CIHD avisó a César del Ángel de la resolución y cuando en varias ocasiones solicitara a Bravo Contreras una copia, nunca, jamás, expresó voluntad política para entregarla.
Es más, sus abogados también cabildearon sin resultado.
Más aún, intentaron una copia del documento a través de las relaciones en el mundo burocrático y el personal se lavó las manos asegurando que ignoraban su existencia.
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Ahora, los diputados federales, encabezados por los llamados Chamacos de la fidelidad (Alberto Silva Ramos, Érick Lagos Hernández, Adolfo Mota Hernández y Jorge Carvallo Delfín), tirotean a Yunes con un presunto desvío millonario cuando era titular del ISSSTE.
¿Por qué, entonces, el doble, triple discurso, si aplicando la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habrían evitado, incluso, que Yunes fuera candidato pluri al Congreso de la Unión, luego de que en el año 2013 lo descarrilaron como candidato a diputado local?