Xalapa, Ver.-De acuerdo con datos del Segundo Informe Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la Contingencia Sanitaria por Covid-19, que emitió la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, se detectó que en abril y mayo se registraron 103 agresiones a personal de salud, en 2 estados, entre ellos Veracruz.

La estadística nacional detalla que en abril se registraron (53) agresiones, en mayo (34) agresiones y (16) agresiones cometidas durante la contingencia en fecha sin especificar. Los estados que mayor número de éstas son la Ciudad de México (19) y Jalisco (15); éstos concentran el 33% de las agresiones registradas.

Los ataques cometidos contra el personal de salud se concentran en (45) agresiones físicas, (25) verbales, (2) escritas y (31) de otro tipo. Del total de agresiones 51 fueron dirigidas a mujeres, 26 a hombres y en 26 no se tiene especificado el género.

En los casos observados donde se tiene registro de la persona que cometió la agresión al personal de salud son: 50 son hombres, 9 mujeres y en 44 no se tiene la especificación. De estas personas 6 son funcionarios públicos. En el 66 por ciento de las agresiones participaron más de dos personas,

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró 55 agresiones al personal de enfermería en 14 entidades del país en el mes de mayo: Veracruz (12), Jalisco (10), Estado de México (9), Ciudad de México (5), San Luis Potosí (5), Tamaulipas (4), Yucatán (4), Sinaloa (3), Durango (1), Hidalgo (1) Morelos (1), Nuevo León (1), Tabasco (1), Zacatecas (1).

Del total de agresiones al personal de salud del IMSS en el mes de mayo, 41 fueron dirigidas a mujeres: 17 fueron agresiones físicas y 24 agresiones verbales. Se registraron 14 agresiones a hombre: 7 agresiones físicas y 7 agresiones verbales.

De 44 agresiones cometidas en el espacio público, 36 estuvieron dirigidas a personal de salud femenino; es decir, 82% del total de agresiones en transporte y vía pública. Se han presentado también casos de agresiones al patrimonio del personal de salud, así como de amenazas a médicos para que no se realice la reconversión hospitalaria para la atención exclusiva de casos COVID-19.

Se tienen registrados cinco incidentes en los que se ha dañado o amenazado infraestructura pública de salud en: Axochiapan, Morelos; en Sabinas Hidalgo, Nuevo León; y en Tecamachalco, Puebla, además de diversas localidades de Chiapas y el Estado de México.

Además de estas agresiones, fue asesinada la doctora transgénero María Elizabeth Montaño. La médica del IMSS había sido reportada desaparecida el pasado 8 de junio y su cuerpo fue hallado el 18 del mismo mes en Huitzilac, Morelos.

Este caso es de especial preocupación ya que conjuga la intersección de múltiples factores de vulnerabilidad ante agresiones durante la pandemia: ser mujer transgénero, personal de salud y defensora de derechos de las personas transgénero, en especial en el ámbito de la salud.

Veracruz, cuarto lugar en discriminación durante pandemia

Durante el periodo de la pandemia del 19 de marzo al 9 de junio se presentaron 343 peticiones en contra de actos de discriminación relacionados con COVID-19 ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

El sexo de las personas afectadas se presenta de la siguiente manera: mujeres (179), hombres (162), no especificado (10). Veracruz ocupa el cuarto lugar.

Las entidades con el mayor número de quejas son la Ciudad de México (123) y el Estado de México (44), que representan el 48.6% del total. Les siguen los estados de Jalisco (15), Veracruz (15), Guanajuato (13), Nuevo León (9), Tamaulipas (9), Querétaro (8), Chihuahua (7), Puebla (7) y Sinaloa (7).

Los responsables de los actos denunciados son personas servidoras públicas e instituciones (139), particulares (187) y sin precisar (18). Las instancias que cuentan con mayor número de quejas son: empresas o fábricas (72), instituciones federales de seguridad social (51), centros comerciales, supermercados, mercados, tianguis o tiendas (50) y autoridades, dependencias, entidades o servicios públicos locales (48) y arrendadores, administrativos de condominios, vecinas/os o compañeras/os de vivienda (22).

Las quejas más frecuentes son: que se obliga a trabajar estando en situación de riesgo de contagio; se niegan u obstaculizan servicios privados; se obliga a presentar se a trabajar; negación a contratar, despido, disminución o suspensión de salarios.

Fueron víctimas de insultos, burlas, amenazas o maltrato; hay hostigamiento vecinal, laboral; no se respetan las medidas de sana distancia; obligan a trabajar sin protección.