La Justicia de Brasil difundió unos documentos este miércoles en los que un delator implicó al presidente interino, Michel Temer, en las corruptelas de la estatal petrolera Petrobras, al asegurar que le pidió cerca de 428 mil dólares para financiar una campaña electoral en 2012 a un alcalde del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

El informador se trata del expresidente de una subsidiaria de la empresa (Transpetro), Sergio Machado, quien confesó su participación en la trama delictiva y recientemente filtró unas conversaciones con políticos cercanos a Temer que querían bloquear las investigaciones de Petrobras.

Los archivos de la Justicia del vecino país contienen la transcripción de grabaciones de conversaciones entre Machado y el expresidente José Sarney (1985-1990) este mismo año, en las que se cita a Temer.

Del mismo modo, según el texto judicial, Machado dijo en sus declaraciones que ayudó a financiar ilegalmente campañas a una veintena de políticos del PMDB, que lidera Temer; Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece la suspendida mandataria Dilma Rousseff, y de otras tres formaciones brasileñas que respaldan al Ejecutivo interino que tiene un poco más de un mes haciendo Gobierno.

Anomalías fiscales deben ser aclaradas por Rousseff

El Tribunal de Cuentas de Brasil emplazó ayer a Rousseff a aclarar varias irregularidades contables detectadas en los resultados fiscales de su Gobierno en el año pasado, hecho por el cual la sacaron del poder momentáneamente para que responda a un juicio político en su contra.

Mediante un informe, el órgano auditor del Estado brasileño anunció que la suspendida mandataria tiene treinta días para responder a las dudas sobre esos balances.

Asimismo, el tribunal citó la contratación por parte del Gobierno de créditos con la banca pública, algo que la ley prohibe, o la emisión de decretos autorizando aumentos del gasto público sin la debida autorización del Congreso de Diputados.

Vale acotar que en 2014, el propio Tribunal de Cuentas indicó que “el agravamiento de los resultados fiscales”, propiciado por esas maniobras, “puso en riesgo la economía” del país amazónico y por eso reprobó los resultados del Ejecutivo de aquel momento.