- Otro ramalazo de la ASF
- Veracruz, campeón en ilícitos
- Silencio de PGR con denuncia penal
Luis Velázquez
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Se ha vuelto un lugar común la relación entre la Auditoría Superior de la Federación, ASF, y el gobierno de Veracruz.
Pero, también, las constantes, digamos, precisiones de uno que otro funcionario duartista asegurando que las observaciones están solventadas y que la procuraduría General de la república se declaró incompetente para llevar la denuncia penal de la ASF, y por tanto, todo está limpio.
Y cuando la paz provinciana se ha instaurado, de pronto, una vez más, la ASF revuelca la tranquilidad y enlista a un buen número de gobernadores que traficaron con los fondos federales.
Oh paradoja, Veracruz los encabeza con quince denuncias, seguido por Michoacán con once y Guerrero con ocho.
Luego, Colima, siete. Oaxaca, cinco. Chiapas, cuatro. Tabasco, tres. Y Tlaxcala, dos. Tlaxcala, la única entidad federativa sin deuda pública de norte a sur y de este a oeste del país.
Total, irregularidades por unos ocho mil millones de pesos, de tal forma que cada gobernador está obligado a reintegrar, pues tales recursos federales fueron desviados en tiempo y forma a otros programas, a otras regiones, en el mejor de los casos.
Por eso, una vez más ha de preguntarse la realidad sobre tales hechos en el caso de Veracruz, pues el bombardeo está a mil por hora y sólo siembra el desconcierto y el desencanto en el alma colectiva.
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En contraparte, el gobernador de Veracruz defiende su parcela y feudo.
No pasa nada, reitera. Todo está bien, insiste.
Y el contralor Ricardo García Mendoza lanza su espada en prenda y asegura sin rubor ni pudor que 14 funcionarios defraudaron la confianza del jefe máximo, entre ellos, Mauricio Audirac Murillo y Carlos Aguirre Morales, los extitulares de la SEFIPLAN, porque dejaron de informar a la ASF de los movimientos contables y de la rendición de cuentas.
El caso es que más allá de tales declaraciones, la ASF insiste.
En Veracruz hay un lodazal, un cochinero, con los recursos federales destinados, sobre todo, para el ramo educativo, tiempo aquel cuando estuviera Adolfo Mota Hernández al frente, y en la Secretaría de Salud, donde han caminado los doctores Pablo Anaya Rivera, Juan Antonio Nemi Dib y Fernando Benítez Obeso.
Por eso, y de cara a la elección del candidato priista a gobernador y diputados locales el año entrante, quizá, acaso, sería saludable, por ejemplo, que la ASF, la PGR, la SEFIPLAN, la Contraloría y el gobernador, y/o algunos de tales actores políticos, expidieran, digamos, un boletín de prensa donde todo quedara aclarado, si es que, claro, Veracruz está libre de polvo y paja.
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Queda claro, no obstante, que la duda y la incertidumbre ha cuajado en el alma ciudadana.
Hay dudas, muchísimas dudas sobre la integridad del gobierno de Veracruz en el manejo de los fondos federales… además de los recursos estatales.
Y así como están los hechos y circunstancias (deuda pública creciente, cero obra de infraestructura, pago a los pensionados con cheques de hule, 35 mil ancianos sin la pensión alimenticia otorgada por el DIF, estudiantes becados y deportistas discapacitados esperando su ayuda social, etcétera), la duda se multiplica.
Más aún si se considera que mientras aquí, el duartismo ha precisado que todo está arreglado con la denuncia penal de la ASF ante la PGR, ni la ASF ni tampoco la PGR ni tampoco la Secretaría de la Función Pública han avalado tal postura.
Y menos, mucho menos ahora cuando los días y las noches de la PGR están ocupados con el caso de Joaquín “El chapo” Guzmán.
Ahora sí, como reza el dicho popular, la burra no era arisca; pero los ramalazos la volvieron.
Y los ramalazos se engloban en el discurso del senador Pepe Yunes Zorrilla en Emiliano Zapata, Las trancas, donde los resumiera con los siguientes conceptos:
Uno, desorden administrativo.
Dos, bancarrota.
Tres, desequilibrio financiero.
Cuatro, colapso financiero.
Y cinco, corrupción política.