La educación no admite improvisados

Por Miguel Ángel Cristiani G.

En política suele decirse que nadie es indispensable. Es cierto. Lo preocupante no es que un funcionario se vaya; lo verdaderamente grave es que parezca dar exactamente lo mismo quién llegue.

La salida de Claudia Tello de la Secretaría de Educación de Veracruz era un desenlace anunciado. Durante meses, su permanencia fue objeto de rumores constantes. Las redes sociales la «renunciaron» en innumerables ocasiones antes de que la decisión se hiciera oficial. Esta vez, sin embargo, el relevo dejó de ser especulación para convertirse en realidad.

Su paso por la dependencia difícilmente podrá recordarse por logros de fondo. En cambio, sí quedará asociado a un ambiente permanente de confrontación con sindicatos, trabajadores y distintos actores del sistema educativo. Resulta complicado encontrar un periodo reciente en el que la Secretaría de Educación haya enfrentado tantas protestas, bloqueos y tomas de instalaciones en tan poco tiempo.

No se trata únicamente de un problema de carácter o de operación política. La Secretaría de Educación no es una oficina administrativa cualquiera. Maneja el presupuesto más grande del gobierno estatal y tiene bajo su responsabilidad el futuro académico de más de dos millones de estudiantes, miles de escuelas y decenas de miles de trabajadores.

Gobernar esa estructura exige experiencia administrativa, capacidad de negociación y conocimiento profundo del sistema educativo.

Por eso el relevo no debería analizarse únicamente desde la óptica de las amistades políticas o de las cuotas de poder.

Las primeras reacciones que generó el nombramiento de Raquel Bonilla apuntan precisamente hacia esa preocupación. Más allá de las descalificaciones apresuradas que suelen inundar las redes sociales, comenzó una pregunta legítima: ¿cuál es el perfil profesional de quien asumirá una de las responsabilidades públicas más importantes de Veracruz?

Toda persona merece el beneficio de la duda. Nadie debería ser juzgado antes de ejercer el cargo. Sin embargo, ese beneficio no exime al gobierno de una obligación elemental: explicar por qué una persona fue considerada la mejor opción.

La transparencia comienza desde el nombramiento.

En cualquier democracia madura, cuando se designa al responsable de un área estratégica, se presenta su trayectoria, su preparación académica, su experiencia profesional y los resultados que respaldan su llegada. No se trata de un trámite protocolario. Es un acto de rendición de cuentas.

Bastaba una explicación clara para evitar que las especulaciones ocuparan el espacio de la información.

Pero el problema rebasa incluso este nombramiento.

Veracruz parece haber normalizado que las dependencias públicas sean ocupadas bajo criterios de cercanía política antes que de capacidad técnica. Esa práctica no comenzó en el actual gobierno. Viene de administraciones anteriores y ha sobrevivido a distintos colores partidistas.

La Secretaría de Educación quizá sea el mejor ejemplo.

La historia reciente demuestra que los cambios de secretario rara vez han significado una transformación de fondo. Cambian los nombres, cambian los equipos, cambian los discursos, pero los conflictos con el magisterio, la burocracia, la infraestructura escolar y los resultados educativos permanecen prácticamente intactos.

Mientras tanto, Veracruz continúa rezagándose en indicadores educativos que deberían ser motivo de preocupación permanente.

El verdadero debate no consiste en defender o atacar a quien llega. Consiste en preguntarnos si algún día dejaremos de considerar la educación como un espacio para recompensar lealtades políticas y empezaremos a tratarla como la política pública más importante para el futuro del estado.

Raquel Bonilla tiene ahora la oportunidad de demostrar, con resultados, que las dudas iniciales eran infundadas. Gobernar una institución tan compleja exige mucho más que cercanía con el poder; exige liderazgo, capacidad técnica y sensibilidad para reconstruir una relación deteriorada con el sector educativo.

Porque los gobiernos cambian cada seis años, los secretarios van y vienen, los partidos se alternan en el poder… pero las generaciones de estudiantes que pierden oportunidades por decisiones equivocadas ya no recuperan el tiempo perdido.

Cuando la política convierte la educación en un premio de lealtades y no en una responsabilidad de capacidades, el costo termina pagándolo toda una generación de veracruzanos.

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Boca del Río lo que pasa cuando las tradiciones se privatizan

Por Miguel Ángel Cristiani G.

Hay errores de gobierno que pueden corregirse con dinero. Otros requieren tiempo. Pero existe una clase de decisiones que dejan cicatrices más profundas, porque afectan algo que no tiene presupuesto ni decreto que lo reponga: el sentido de pertenencia de una comunidad.

Eso parece estar ocurriendo con las tradicionales Fiestas de Santa Ana, en Boca del Río.

Desde antes de que iniciaran los festejos ya circulaba en los cafés políticos una frase que muchos consideraron exagerada: «Nos robaron la fiesta». Hoy esa expresión abandonó las conversaciones de sobremesa para instalarse en las redes sociales, donde decenas de boqueños manifiestan el mismo sentimiento: la celebración sigue existiendo, pero dejó de sentirse como propia.

Conviene detenerse en esa percepción. No se trata únicamente de una crítica a la organización del evento ni de una inconformidad pasajera por la logística. Lo que aflora es una preocupación mucho más profunda: la pérdida del vínculo entre una tradición centenaria y la comunidad que la hizo posible.

Las Fiestas de Santa Ana nunca fueron solamente un programa artístico ni una cartelera de espectáculos. Fueron, durante generaciones, una manifestación de identidad colectiva. En ellas convivían la devoción religiosa, la convivencia familiar, la gastronomía, la música popular y la participación espontánea de un pueblo que encontraba en esos días una oportunidad para reafirmar su historia.

Las tradiciones sobreviven porque la gente las hace suyas. No porque las organice el gobierno.

Sin embargo, en los últimos años comienza a imponerse una lógica distinta. Las festividades populares dejan de concebirse como patrimonio cultural para convertirse en productos de entretenimiento. El éxito ya no parece medirse por el grado de participación ciudadana, sino por el número de visitantes, la derrama económica o el tamaño del espectáculo.

Desde luego que el turismo es importante. Nadie puede negar el impacto económico que generan eventos de esta naturaleza para hoteles, restaurantes y comercios locales. Sería absurdo plantear una falsa disyuntiva entre tradición y desarrollo económico. Ambos pueden convivir.

El problema aparece cuando el equilibrio se rompe y la lógica comercial termina desplazando a la esencia popular de la celebración.

Los espacios preferentes, las zonas VIP, los accesos restringidos y la segmentación del público pueden ser herramientas válidas para financiar un evento, pero también envían un mensaje que no debe subestimarse: hay quienes participan y hay quienes solamente observan. Poco a poco, la fiesta deja de ser de todos para convertirse en un espectáculo administrado.

Y esa percepción pesa.
Porque las tradiciones no son propiedad del ayuntamiento en turno, ni de un comité organizador, ni de un patrocinador. Son patrimonio emocional de la comunidad. Cada generación las recibe como herencia y tiene la responsabilidad de transmitirlas a la siguiente sin despojarlas de su esencia.

Quizá por eso la inconformidad que hoy se escucha merece algo más que una respuesta defensiva. No bastará con presentar cifras de asistencia ni balances financieros. Tampoco con argumentar que el nuevo formato fue exitoso desde el punto de vista turístico. Hay aspectos que no caben en una hoja de Excel.

¿Cómo se mide el orgullo de un pueblo? ¿Qué indicador refleja el sentimiento de quienes crecieron asistiendo a una celebración que ahora sienten ajena? ¿Qué estadística puede sustituir la memoria colectiva?

Las autoridades municipales harían bien en escuchar con atención ese reclamo. Pero también la Iglesia, depositaria de una tradición que nació alrededor de la figura de Santa Ana, tendría que participar en una reflexión sobre el rumbo que están tomando estos festejos. Las mejores decisiones públicas suelen surgir cuando existe disposición para escuchar, no cuando se descalifica toda crítica como resistencia al cambio.

Modernizar una tradición no significa despojarla de su alma. Toda celebración evoluciona con el paso del tiempo; lo que no puede perder es aquello que le da sentido. Si la comunidad deja de reconocerse en ella, el riesgo no es solamente una baja en la participación. El verdadero riesgo es que la fiesta sobreviva… mientras la tradición desaparece.

Porque una fiesta puede llenarse de escenarios, pantallas, artistas y patrocinadores. Lo único que nunca podrá comprarse es el cariño de un pueblo que siente que aquello que heredó de sus abuelos ya no le pertenece.

Las tradiciones no mueren cuando cambia el programa de una fiesta; comienzan a morir cuando el pueblo deja de reconocerse en ellas.

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