Ciudad de México.-La gran variedad de opciones para la portada de un diario especializado en temas de seguridad es producto de la espiral de violencia que vive México, datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), un organismo de la Secretaría de Gobernación indica que mayo fue el mes con más homicidios desde septiembre de 2012.
Junio por su parte ha confirmado una tendencia al alza que llama la atención de los especialistas en temas de seguridad que analizan el fenómeno. Durante el mes pasado se iniciaron mil 666 averiguaciones previas por el delito de homicidio doloso, según cifras del (SNSP).
Junio es el segundo mes con más homicidios en lo que va de 2016 y el segundo más violento en cuanto a homicidios en cuatro años. Por su parte el Instituto Nacional de Geografía Estadística e Información (INEGI) confirmó a finales de julio que durante 2015 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se mantuvo igual que en 2014: 21.5 homicidios por cada 100 mil habitantes lo que nos pone en el noveno lugar en América Latina.
Los estudios de diversas agencias de seguridad indican que las elevadas tasas de criminalidad e inseguridad conllevan los siguientes efectos: erosiona la calidad de vida, afecta negativamente el clima de negocios al disminuir la inversión, se genera un alto costo de oportunidad de los recursos destinados a seguridad, así como una percepción negativa de los ciudadanos sobre la efectividad del Estado en el combate al crimen, lo que redunda en la disminución de la calidad de la democracia, entre otros efectos.
En este sentido Elena Azaola, profesora e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) detalla cuáles son algunas de las causas que generan un ambiente propicio para cometer crímenes de alto impacto, principalmente perpetrados por grupos delictivos organizados como cárteles de la droga o bandas de secuestradores.
“Primero debo decir que no se ha hecho un análisis y revisión a fondo en las políticas de seguridad, más bien ha operado una inercia de las mismas políticas que sabíamos que no habían dado buenos resultados durante el sexenio anterior de Felipe Calderón. No hubo empeño suficiente en revisar y reajustar esas políticas y hay una incapacidad por parte de las instituciones de seguridad en todos los niveles por controlar este fenómeno.
“Las políticas de seguridad deben ir más allá de la contención y la represión y deben estar más articuladas con las políticas sociales y económicas. En un escenario donde la economía se deteriora, el empleo tiene cifras inadecuadas por el desempleo, el subempleo y los salarios bajos, eso provoca también un enorme déficit en temas relacionados con derechos humanos, índices de violencia altos”.
Aunque en términos prácticos la tasa de homicidios de 2015 se mantiene igual a la de 2014, este 2016 apunta a un crecimiento de acuerdo con datos del Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que señalan que durante el primer semestre de 2016 se registró un aumento en el número de muertes violentas, en comparación con el mismo periodo de los dos años anteriores
De enero a junio de este año, ocurrieron 10 mil 301 homicidios dolosos en el país, 1 mil 322 víctimas más que en el mismo lapso de 2015 (cuando ocurrieron 8 mil 979) datos que se desprenden de los reportes entregados por las procuradurías de justicia de las 32 entidades federativas. Desde 2014, estos informes desglosan el número de víctimas, y no sólo la cantidad de averiguaciones previas iniciadas.
Sobre este aumento de los indicadores Azaola señala, “este Gobierno sufrió una inercia en las políticas de seguridad del gobierno anterior que ya se había visto que no habían dado resultado. El alza de violencia es el resultado de múltiples problemas de gobernabilidad no atendidos en su debido tiempo y que están haciendo crisis.
“Utilizar al Ejército en tareas de seguridad pública además tenemos sistemas de procuración de justicia incapaces e ineficientes, el cambio al nuevo sistema de justicia penal no es suficiente para que las instituciones en automático comiencen a funcionar correctamente. Siguen los mismos vicios, las procuradurías siguen dependiendo de las órdenes de los poderes ejecutivos federales y locales. Esa falla se combina con las instituciones de seguridad que mantiene altos niveles de corrupción e impunidad.
“En policías municipales, estatales, federales y el propio Ejército existen personas que se han pasado del lado del crimen. La lógica de sus negocios consiste en dominar territorios, aterrorizar a la gente con altos niveles de crueldad que son necesario exhibir, a los criminales no les sirve matar a alguien y que nadie sepa, deben exhibirlo, que sus rivales sepan quién controla el territorio”.
Para la especialista, Enrique Peña Nieto confió en que las reformas estructurales que propuso y mejorarían por sí solas la situación del país, “sin embargo, eso no ocurrió. Esas reformas no han dado los resultados que esperaban sus indicadores son bastante malos. Simplemente se apostó a dar la vuelta a la página en temas de seguridad y esperar que con las reformas, el país siga caminando.
“Esa fue una apuesta equivocada en la que descuidaron tener una propia estrategia de seguridad. A pesar de que empezaron el sexenio con un buen discurso de por qué no continuar con ella, en los hechos lamentablemente se ha ido demostrando que continuaron con la misma política y por lo tanto con los mismos resultados.
“Ha sido un descuido no atender temas graves que estaban presentes desde hace tanto tiempo en debilidad y fragilidad de instituciones de seguridad y justicia que no han sido atendidos, además de que no se ha creado una política de seguridad más amplia y mejor articulada con políticas sociales y económicas. No tengo elementos para realizar predicciones, pero el escenario no se ve positivo”, concluyó Azaola.
Impacto en la economía
Según los datos del artículo: Criminalidad y crecimiento económico regional en México, firmado por Salvador González Andrade, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (publicado en su página web en 2014) se consideró que México gasta el 15% de su Producto Interno Bruto (PIB) en prevención, combate y resarcimiento de los daños ocasionados por el crimen.
Lo anterior incluye los costos de las policías públicas y privadas, cárceles, seguros, transferencias de las víctimas a victimarios y las pérdidas estimadas en años de vida saludables por homicidios o discapacidad ocasionados en actos delictivos.
El Instituto Mexicano de la Competitividad encontró que los costos directos e indirectos del crimen y la violencia en México representan alrededor de 108 mil millones de pesos al año, cifra mayor a la recaudación fiscal y más del doble de lo que la banca comercial presta a las empresas privadas mexicanas.
Finalmente, Salvador González refiere que una recesión importante que llevase a una caída repentina de cinco por ciento en el PIB de un país “podría producir un incremento instantáneo cercano a 50 por ciento en la tasa de robos. Sin embargo, esto no sucedería si se intensifican simultáneamente los mecanismos de control y prevención de la criminalidad”.
