Un tribunal federal revocó la acusación de peculado contra Tomás José Ruiz González y Gabriel De Antes Ramos, exsecretario y exsubsecretario de Finanzas de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, señalados por el manejo irregular de más de 2 mil 38 millones de pesos.
La resolución se dio en el proceso penal 166/2022, al concluir que la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó el delito y pese a la colaboración o “vomito negro” del extesorero, Tarek Abdalá Saad, quien intentó ligar al caso al exgobernador además de señalar a sus excompañeros.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito determinó que el auto de vinculación dictado el 13 de febrero de 2024 “carece de la debida fundamentación y motivación”.
Los magistrados precisaron que el juez de control “sólo se limitó a analizar el resultado de lo expuesto por la Fiscalía, sin realizar el análisis individual de cada uno de los datos de prueba”.
De acuerdo con la acusación, los exfuncionarios tuvieron bajo su responsabilidad recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF 2013).
La FGR señaló que mediante 17 transferencias SPEI realizadas entre el 31 de enero y el 18 de diciembre de 2013, “se distrajo un total de dos mil treinta y siete millones quinientos mil pesos del recurso público federal”.
En la indagatoria se integró el testimonio de Tarek Abdalá Saad, ex tesorero de la SEFIPLAN y testigo colaborador, quien declaró:
“En la realidad es que sí es indebido que recursos federales etiquetados se desvíen a una cuenta concentradora o licuadora para un fin de gobierno diverso al que fueron destinados”. El mismo testigo aseguró que esta práctica “era conocida por todos mis superiores jerárquicos en la Secretaría de Finanzas y Planeación, por supuesto, incluyendo al gobernador (Javier Duarte), en la mayoría de las veces lo instruía directamente”.
Por unanimidad, los magistrados María Elena Leguízamo Ferrer y Antonio Soto Martínez, junto con el secretario Ricardo Reyes González en funciones de magistrado, resolvieron revocar la vinculación a proceso y ordenaron al juez de control dejarla sin efectos.
Asimismo, instruyeron que se cite a nueva audiencia “donde vuelva a señalar fecha y hora para resolver la situación jurídica de los quejosos”, previa reproducción íntegra del audio y video de la imputación.
El tribunal también declaró “infundada la revisión adhesiva interpuesta por la Auditoría Superior de la Federación”, que pretendía mantener la resolución inicial.
La decisión dejó abierta la posibilidad de que la FGR formule nuevamente la acusación si presenta nuevos datos de prueba, o bien, dé por concluido uno de los casos de presunto desvío de recursos más relevantes de la gestión de Duarte.
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