XALAPA, VER.- Los municipios que se adhieran al programa estatal para liquidar anticipadamente la deuda derivada de la bursatilización contratada en 2008 deberán destinar los recursos que ahorren exclusivamente a obra pública, informó el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila.
El legislador explicó que, de no cumplir con esa condición, los ayuntamientos podrían perder los beneficios del esquema impulsado por el Gobierno del Estado y regresar al modelo original de pago de la deuda.
Este 12 de junio, la gobernadora Rocío Nahle García envió al Congreso local la iniciativa del Programa Estatal Extraordinario de Saneamiento Financiero, mediante el cual se busca apoyar a 199 ayuntamientos para liquidar de manera anticipada la deuda bursátil. La propuesta deberá ser analizada y votada por los diputados locales.
El decreto establece que los municipios deberán permitir que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) supervise el destino de los recursos que se liberen una vez canceladas dichas obligaciones financieras.
En entrevista, Díaz Ávila recordó que, mediante la bursatilización, los municipios recibieron alrededor de mil 200 millones de pesos. Sin embargo, pese a que ya han pagado más de 2 mil 500 millones, aún mantienen una deuda estimada en 2 mil 200 millones de pesos debido a los costos financieros acumulados.
El legislador explicó que el Estado, que fungió como aval solidario de esa obligación, plantea liquidar anticipadamente el adeudo y sustituirlo por un esquema de recuperación menos oneroso para los municipios.
«Va a servir para que los municipios puedan hacer obra. El Estado va a sanear sus finanzas y los ayuntamientos pagarán mucho menos de lo que tendrían que seguir cubriendo hasta 2036», afirmó.
Detalló que la administración estatal prevé cubrir el adeudo con recursos provenientes de la recaudación, ingresos de libre disposición y participaciones derivadas del Impuesto Sobre la Renta (ISR), sin afectar recursos destinados a otros programas o dependencias.
Como parte del nuevo mecanismo, los municipios dejarían de cubrir las cantidades actualmente comprometidas por la bursatilización y aportarían al Estado alrededor del 20 por ciento de lo que hoy destinan al servicio de la deuda.
A cambio, los ayuntamientos dispondrán de mayores recursos para inversión pública; sin embargo, esos fondos deberán aplicarse exclusivamente en infraestructura y obra pública.
«El dinero que se ahorren tiene que ir a obra pública. Si un ayuntamiento no cumple con ese compromiso, podría regresar al esquema normal de la deuda», advirtió.
Díaz Ávila señaló que esta condición busca impedir que los recursos se destinen a gasto corriente o a fines distintos a la inversión en beneficio de la población.
Asimismo, comentó que varios ayuntamientos ya comenzaron a aprobar en Cabildo su adhesión al programa y aseguró que no existen observaciones legales, ya que se trata de convenios voluntarios entre los municipios y el Gobierno del Estado.
Indicó que la intención es que los pasivos queden liquidados antes de concluir las actuales administraciones municipales. Incluso, dijo, se planteó a los alcaldes la posibilidad de adelantar pagos para concluir el proceso en diciembre de 2029.
No obstante, aclaró que aquellos municipios que no puedan anticipar pagos no serán sancionados.
Según el legislador, el objetivo principal del programa es liberar recursos para obra pública, reducir el costo financiero que enfrentan los ayuntamientos y evitar que continúen pagando una deuda que, bajo las condiciones actuales, se extendería hasta 2036.
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