EMEEQUIS.– En los últimos días, la violencia contra políticos en Oaxaca ha escalado, con el asesinato del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez, y el atentado contra César Figueroa, de Miahuatlán de Porfirio Díaz.

Este 13 de junio se conoció el asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán (región Mixteca).

Un comando armado lo ejecutó a balazos la mañana de este sábado en su domicilio. El alcalde por la coalición PAN-PRI-PRD estaba en su tercer periodo y en mayo pasado pidió ayuda tras sufrir un secuestro virtual.

De acuerdo con la revista Proceso, había solicitado protección al gobierno estatal el 15 de mayo en una mesa de seguridad en Huajuapan pero no se la dieron.

Semanas antes sufrió un asalto carretero. En ese entonces, el fiscal de Oaxaca prometió cuidarlo. “Fue en Petlalcingo, esto es dentro del lado de Puebla. El presidente al ir circulando, vehículos se le paran adelante y atrás y bueno, desafortunadamente lo bajan del vehículo, le roban algunas de sus pertenencias y bueno, después es liberado. Se le ha ofrecido (protección) y hemos estado muy pendientes de esta situación para con el presidente y vamos a estarlo cuidando, evidentemente no queremos que nada le pase”, dijo en ese entonces el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla en declaraciones difundidas por medios como Canal 13 Puebla.

El mes pasado había pedido protección al sufrir un asalto carretero.

AUTORIDADES INVESTIGAN

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) abrió una investigación y desplegó un operativo en la Mixteca para capturar a los responsables. El gobernador Salomón Jara condenó en sus redes sociales el asesinato. “He instruido al Gabinete de Seguridad del Estado para brindar todo el respaldo necesario a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en las investigaciones que ya se encuentran en curso. Desde el primer momento se desplegó un operativo interinstitucional en la zona con el objetivo de localizar y detener a los responsables, así como garantizar que este crimen no quede impune”.

GABINETE SE INVOLUCRA

El Gabinete de Seguridad del gobierno federal tomó cartas en el asunto. “Las autoridades federales mantienen coordinación permanente con @GobOax para apoyar las investigaciones y detener a los responsables. No habrá impunidad”.

Se reforzó la presencia en la zona con un despliegue operativo para proteger a la población y fortalecer las labores de seguridad.

OTRO ALCALDE

Otros incidentes recientes. El 11 de junio 2026 hubo otro atentado, en esa ocasión contra César Figueroa Jiménez, presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Fue herido de bala en un brazo durante un ataque armado mientras supervisaba obras. Un trabajador también resultó herido.

Oaxaca tiene un historial recurrente de violencia política (conflictos agrarios, disputas por poder local y presencia de grupos armados), pero estos dos casos en menos de 72 horas marcan un pico de tensión a últimas fechas.

Sobre este caso, la Fiscalía de Oaxaca informó de la captura del presuntos responsable.

“En una respuesta operativa ejecutada en menos de 24 horas tras los hechos, se logró la detención de una persona señalada como probable autora material de la agresión con disparos de arma de fuego en contra del presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, identificado con las iniciales I. C. F. J., y de un trabajador del ayuntamiento.

“Como resultado del despliegue táctico realizado en coordinación con las corporaciones del Gabinete de Seguridad, los elementos policiales lograron el aseguramiento de la motocicleta que, de acuerdo con las indagatorias, fue utilizada para cometer el ataque y emprender la huida”.

La Fiscalía se basó en el señalamiento directo de testigos presenciales de los hechos ocurridos en calles de esa población el pasado jueves 11 de junio de 2026, cuando el edil y un funcionario municipal resultaron baleados con lesiones que no ponen en riesgo su vida.

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En un esfuerzo coordinado por pacificar la región y salvaguardar a la ciudadanía, un contingente de 600 elementos del Ejército Mexicano arribó este 13 de junio de 2026 al estado de Durango. Las tropas, procedentes de diversos puntos de la República Mexicana, se integrarán de inmediato a las tareas de vigilancia en la entidad.

Esta movilización se ejecuta en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. El despliegue forma parte de las acciones permanentes del Gobierno Federal para contribuir a la construcción de la paz, buscando el fortalecimiento de la seguridad de la población duranguense.

El grupo de refuerzo está compuesto por dos agrupamientos clave: 300 efectivos pertenecientes a la “Fuerza de Tarea Conjunta México” y otros 300 integrantes del 4/o Regimiento Blindado de Reconocimiento.

Ambos contingentes aportarán capacidades operativas a las zonas con mayor necesidad de vigilancia.

Los militares se incorporarán formalmente a las operaciones que ya desarrolla la 10/a Zona Militar en el estado. Estas labores se realizarán en estrecha coordinación con las autoridades de los niveles federal, estatal y municipal para garantizar una estrategia unificada.

Cabe destacar que los 300 efectivos de la “Fuerza de Tarea Conjunta México” se sumarán a un contingente de 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales que ya habían sido desplegados en la entidad el pasado 10 de junio de 2026. Con esto, se intensifica notablemente la presencia de tropas operativas en la región.

Por su parte, los 300 integrantes del 4/o Regimiento Blindado de Reconocimiento tendrán una encomienda específica: fortalecer el esquema de seguridad en las vías de comunicación. Esta tarea se realizará en coadyuvancia con la Guardia Nacional, a través de su Coordinación Estatal “Durango”.

Las misiones que desempeñarán las tropas desplegadas incluyen patrullamientos, reconocimientos terrestres, el establecimiento de puestos de seguridad y acciones disuasivas en áreas prioritarias.

Estas acciones responden al compromiso permanente de la Defensa para prevenir el delito e incrementar la proximidad social. Con ello, se busca trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para preservar el Estado de derecho y propiciar un entorno de paz, estabilidad y desarrollo para las familias de Durango

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El Senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña visitó el entrenamiento de la selección de Irán en la ciudad de Tijuana, Baja California.

El expresidente del Senado, acompañó a los jugadores en sus actividades, previo a empreder el vuelo a Los Ángeles y disputar su primer partido del Mundial 2026.

Ahí, Fernández Noroña felicitó a los jugadores por acudir a dicho evento deportivo, en medio de las tensiones que existe entre Estados Unidos e Irán.

«Están haciendo una hazaña, la verdad”, afirmó.

Incluso después de visitarlos, algunos canales de televisión que cubren a la selección iraní, entrevistaron al político mexicano.

Además del morenista, algunos aficionados del país asiático acudieron al hotel de concentración de Irán, para desearles éxito a futbolistas, cuerpo técnico y directivos.

Cabe mencionar que Irán debutará en el Mundial este lunes 15 de junio, cuando se enfrenten a Nueva Zelanda a las 7 de la noche, tiempo del Centro de México.

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proceso.- Antonio Molina Díaz, el excolaborador de Genaro García Luna quien fue detenido la semana pasada por el presunto desvío de 5 mil millones de pesos de las cárceles federales durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, también fue protagonista del desvío de por lo menos 230 millones de pesos en la llamada Cuarta Transformación, de la mano con Francisco Garduño Yáñez, el actual director general de Centros de Formación para el Trabajo en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los contratos fraudulentos estuvieron relacionados con empresas del empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher, el empresario israelí que vendió el spyware Pegasus al gobierno de Peña Nieto y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio de López Obrador.

En el arranque de su sexenio, Andrés Manuel López Obrador nombró a su amigo Francisco Garduño al frente del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPR), la institución a cargo de las cárceles federales. Ahí, Garduño conoció a Molina, quien fungía como coordinador de los centros de reclusión desde 2011, en un cargo al que llegó nombrado por Genaro García Luna, entonces todopoderoso secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa, condenado por la justicia de Estados Unidos a una pena de cárcel de 38 años por su colusión con el Cártel de Sinaloa.

En el OADPR, Molina había celebrado una serie de contratos multimillonarios para la construcción de ocho nuevas cárceles federales. Parte del dinero de estos contratos fue dispersada en cuentas en el extranjero, incluyendo en las cuentas de los hermanos Jonathan Alexis y Mauricio Samuel Weinberg, socios y presuntos testaferros de García Luna, según determinaron la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

A pesar del historial de Molina, Garduño mantuvo al funcionario en su cargo, y en junio de 2019, cuando López Obrador nombró a Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración (INM) –en el marco de la militarización de la contención migratoria, una política aplicada bajo la presión del presidente estadunidense Donald Trump–, el tabasqueño se llevó a Molina, a quien entregó la dirección general de Control y Verificación Migratoria.

En 2019 y 2020, bajo la gestión de Garduño, Molina firmó una serie de contratos millonarios del INM que implicaron desfalcos de por lo menos 230 millones 578 mil pesos, los cuales terminaron en 26 empresas de papel, como lo documentó Proceso en noviembre de 2021.

En una amplia investigación, que tuvo como punto de partida un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), esta revista reveló que Molina entregó contratos por 324 millones 371 mil pesos a la red de empresas de Ansbacher. De hecho, durante el sexenio de Peña Nieto, el mismo Molina ya había entregado por lo menos siete contratos por mil 611 millones y 43 millones 470 dólares a las empresas del ciudadano israelí.

En el caso del INM, del monto pagado a las empresas de Ansbacher, más de 200 millones de pesos fueron dispersados en 26 empresas que no tenían empleados ni movimientos relacionados con salarios, y 10 de ellas no habían informado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre sus operaciones; y Proceso documentó que las supuestas empresas tenían sus sedes en edificios vacíos o en espacios de “coworking”.

Aparte, la ASF señaló que el INM amañó las licitaciones y pagó sobrecostos de hasta 122.7% en los supuestos servicios contratados, como la renta de material informático.

Antonio Molina permaneció en el INM hasta junio de 2023, mientras López Obrador mantuvo a Garduño en su cargo como comisionado, a pesar de la demanda presentada en su contra que derivó del incendio del centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, en marzo de 2023, en el que fallecieron 40 migrantes.

Y no solo esto: pasada la conmoción por la actitud indolente de los agentes del INM, quienes abandonaron a los migrantes encerrados en sus celdas mientras empezaba el incendio, salió a la luz información sobre la gestión irregular de los centros de detención por parte del equipo de Garduño, con adjudicaciones directas de contratos millonarios a empresas de perfil sospechoso.

Garduño salió formalmente del INM en mayo de 2025, impune por el caso del incendio de Ciudad Juárez, y pese a su historial controvertido y al repudio de las organizaciones defensoras de derechos humanos –bajo su gestión, el INM se convirtió en la institución más denunciada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)–, regresó al gobierno en enero pasado, con su sorpresivo nombramiento en la SEP.

Al anunciar su nombramiento, en un cargo con un sueldo neto de 113 mil 207 pesos al mes, Mario Delgado se refirió a Garduño como un “funcionario ejemplar” y aseguró que jugará un papel “fundamental para la reforma a la educación”.

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Al inaugurar la Central Ciclo Combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Colima, la presidenta de Claudia Sheinbaum afirmó que impulsar a la empresa pública significa consolidar la soberanía nacional y demostrar amor por México.

“Esto no se podría hacer nunca si no fuera por las y los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, que son los que sostienen la empresa. Y lo digo más, porque sin Comisión Federal de Electricidad no habría soberanía energética y no habría soberanía nacional. Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, significa amar a México”, indicó.

La mandataria recordó que en el segundo piso de la cuarta transformación se logró modificar la reforma energética de 2013 en dos ejes clave: dar a la CFE prioridad en el despacho eléctrico, establecerla como Empresa Pública del Estado e integrarla verticalmente, garantizando que genere el 54 por ciento de la energía en el país.

Destacó la jefa del Ejecutivo que la nueva Central es parte de las acciones para garantizar la soberanía energética y la soberanía nacional, la cual permitirá generar 357 megawatts (MW) adicionales para alcanzar los 2 mil 860 MW en el Complejo de Manzanillo en beneficio de 800 mil usuarios, comercios, servicios e industria de la región Occidente.

A su vez, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, detalló que esta nueva planta generará 357 MW adicionales y se suma a las cuatro plantas que se inauguraron en lo que va de la presente administración en San Luis Potosí, Querétaro, Yucatán y Guanajuato.

La funciabeis agregó que la nueva planta en Colima permitirá el ahorro de 93 millones de litros de agua al año, lo que significa que se genera electricidad de manera más eficiente y sustentable.

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El Gobierno federal destinará 65.6 millones de pesos a una inspección visual y a una certificación internacional de la Línea Z del Tren Interoceánico, megaobra de la Cuarta Transformación que conecta Coatzacoalcos con Salina Cruz, tras el descarrilamiento registrado el 28 de diciembre de 2025, donde fallecieron 14 personas.

De acuerdo con Reforma, el gasto previsto equivale a más de cuatro veces los ingresos obtenidos por la venta de boletos de pasajeros en esa ruta durante 2025, cuando la paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec reportó ingresos por 15.1 millones de pesos.

Inspección de más de 44 mdp más certificación de 21 mdp

Según la información publicada por el medio, la empresa Dozzer Construcción y Asesoría recibió mediante adjudicación directa un contrato por 44.6 millones de pesos para inspeccionar los 313.6 kilómetros de vía entre Coatzacoalcos y Salina Cruz.

La revisión contempla recorridos a pie a lo largo de toda la ruta para identificar las condiciones físico-mecánicas de la infraestructura y registrar el estado actual de los componentes, sistemas y subsistemas de la vía.

A la inspección se agrega una certificación internacional ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum después del accidente ferroviario.

Dicha certificación fue asignada a la firma alemana TUV Rheinland y tendrá un costo de 21 millones de pesos.

¿Qué pasó en el Tren Interoceánico?

La inspección se realiza pese a que la Fiscalía General de la República determinó oficialmente que el descarrilamiento no fue provocado por fallas en la infraestructura ferroviaria.

De acuerdo con las investigaciones, el accidente ocurrió el 28 de diciembre de 2025, cuando un tren de pasajeros de la Línea Z se salió de las vías al tomar una curva con exceso de velocidad, hecho que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y decenas de lesionados.

La autoridad federal concluyó que la responsabilidad recayó en el maquinista por no respetar los límites de velocidad establecidos para ese tramo. No obstante, el Gobierno federal ordenó nuevas revisiones a la ruta y una certificación internacional.

Según la información difundida, desde 2019 se han invertido 18 mil 463 millones de pesos en la rehabilitación de las vías del proyecto, manteniendo el trazo histórico del ferrocarril y realizando trabajos para corregir curvas y pendientes.

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