Ciudad de México.-Tan solo un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto aseverara durante su visita a Alemania que “México es un país que protege la defensa de los Derechos Humanos”, el Gobierno de Estados Unidos publicó un informe que cuestiona lo dicho por el mandatario.
Se trata del informe anual Country Reports on Human Rights Practices for 2015, en el que el Departamento de Estado de la administración Obama evidencia que a tres años de gobierno de Peña Nieto las violaciones a Derechos Humanos, así como la corrupción y la impunidad, continúan siendo una constante en el país.
En el informe, que incluye 34 páginas dedicadas a México, el gobierno estadounidense expone que “persisten” problemas en materia de Derechos Humanos, como la participación de militares en “abusos graves” como homicidios, tortura y desapariciones forzadas de ciudadanos; los asesinatos de periodistas; los secuestros y agresiones a migrantes; la impunidad; la colusión de funcionarios con el crimen organizado; así como la violencia contra las mujeres.
“La impunidad de los abusos contra los derechos humanos sigue siendo un problema en todo el país, con tasas extremadamente bajas de delitos procesados”, refiere el informe.
En el primer capítulo dedicado al respeto a la integridad de las personas, el informe apunta varios casos donde habrían ocurrido graves abusos de fuerzas de seguridad del estado mexicano, como los enfrentamientos de Tanhuato, en Michoacán –donde policías mataron a 42 presuntos criminales-, y Tlatlaya, en el Estado de México –cuando en junio de 2014, elementos del Ejército mataron a otros 22 sospechosos-.
El Departamento de Estado en su análisis, también expone que grupos del crimen organizado estuvieron implicados en numerosos homicidios en el país “actuando con impunidad y en ocasiones en contubernio con autoridades locales corruptas y con funcionarios de seguridad”.
En cuanto a las desapariciones forzadas, el informe refiere que en 2015 también “hubo numerosos informes de desapariciones forzadas por parte de las fuerzas de seguridad, así como numerosos casos de desapariciones relacionados con el crimen organizado”.
En este punto, el Departamento de Estado recuerda que, según las investigaciones de las autoridades mexicanas, fueron agentes de policía local quienes entregaron a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa al crimen organizado en Iguala, estado de Guerrero.
Asimismo, recuerda que en septiembre varias agencias gubernamentales mexicanas informaron al Congreso que 25 mil 230 personas fueron registradas como desaparecidas. Sin embargo, el Departamento de Estado apunta que las estadísticas oficiales del Gobierno federal no ayudan a entender la magnitud del problema, pues mezclan personas víctimas de desaparición forzada con personas no localizadas por otros motivos.
En lo referente al secuestro, el gobierno estadounidense advirtió que esta práctica “sigue siendo un problema grave para las personas de todos los niveles socioeconómicos”.
“Además, hay informes creíbles sobre la participación de la policía en secuestros, a menudo a nivel estatal y local”, añade el análisis, en el que también se apunta que, de acuerdo con el INEGI, el 94% de los secuestros en el país no se denuncian y no se investigan.
Otro aspecto que destaca el documento elaborado por el Departamento de Estado es que, a pesar de que la Ley mexicana prohíbe la tortura, así como obtener confesiones mediante agresiones físicas o psicológicas para ser utilizadas ante un tribunal, “existen informes de que funcionarios de gobierno sí emplean la tortura”.
En este sentido, el informe apunta que hasta el 31 de octubre del año pasado la CNDH recibió 587 quejas de “trato inhumano o degradante” por parte de funcionarios y 49 denuncias de tortura.
No obstante, el documento precisa que, a pesar de la gravedad del problema en México, aún no existe un registro nacional de casos de tortura “y faltan datos específicos sobre los casos de tortura en el ámbito estatal”.
Como ejemplo de prácticas de tortura, el Departamento de Estado expone que en noviembre de 2015 el gobierno de la Ciudad de México reconoció que la policía había cometido “actos de tortura y tratos crueles e inhumanos” contra 90 ciudadanos que participaron en manifestaciones en el Distrito Federal durante 2013 y 2014”.
En el apartado que analiza la corrupción en el país, el Departamento de Estado apunta que aunque la ley mexicana establece fuertes sanciones por actos de corrupción de funcionarios, “el gobierno (mexicano) no hace cumplir la ley con eficacia”, ya que en 2015 “hubo numerosos informes de corrupción”.
Al respecto, el documento señala que en México la corrupción va “desde el nivel más básico”, en el que se pagan sobornos a funcionarios “por servicios de rutina” o ‘mordidas’ a agentes de policía, hasta formas más sofisticadas de corrupción como favorecer a determinados funcionarios con contratos o con fiestas.
De acuerdo con el reporte del gobierno estadounidense, las agencias encargadas de investigar la corrupción en el país –la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública- sí cuentas con “recursos suficientes” para combatir el problema de manera eficaz. Sin embargo, contrapone el informe, “hay una amplia crítica pública acerca de que la corrupción en México no es investigada, procesada ni castigada”.
Sobre el ejercicio del periodismo en México, el Departamento de Estado señala que en 2015 los periodistas “fueron objeto de ataques físicos, así como de acoso e intimidación por su labor”.
“Los autores de la violencia contra periodistas en México siguen actuando con impunidad. Hay pocos informes de éxito sobre investigaciones, arrestos o enjuiciamientos de sospechosos”, remarca el documento, en el que se añade que aunque se cree que detrás de estos ataques está el crimen organizado, algunas organizaciones civiles como Artículo 19 documentó casos en los que las autoridades gubernamentales “participaron y toleraron” las agresiones.
Además de estos puntos clave, el informe del Departamento de Estado también evidencia que en el país existen problemas “persistentes” en las cárceles de México, así como agresiones y discriminación contra personas indígenas, migrantes, e integrantes de la comunidad LGBTI.
