Las Choapas, Ver.

Autoridades del municipio de Las Choapas han suspendido definitivamente las actividades del Carnaval 2016, programado para los días 8,9 y 10 de abril, debido a la permanente ola de inseguridad que vive el sur de la entidad.

Comerciantes y ganaderos de este municipio solicitaron la cancelación de estas festividades, esto para evitar situaciones como las ocurridas en los carnavales de Coatzacoalcos y Minatitlán, donde se suscitaron diferentes ataques armados.

•»De seguro ya los mataron»

Miguel Ángel León Carmona

blog.expediente.mx

“Yo levanté a sus hijos, señora. A mí me dieron la orden. Seguramente ya los mataron”, confesó por teléfono un ex policía estatal, refugiado en los Estados Unidos, a causa de amenazas de muerte en su contra.

Han pasado 42 meses desde la desaparición de Juan de Dios y Rodrigo Gómez López, de 17 y 19 años, ocurrido el 19 de septiembre de 2013. La madre, Elvira Gómez y los siete hijos que le quedan, han buscado en los sitios más recónditos de Tierra Blanca rastros de los suyos, más no ha habido resultados favorables.

Hace cuatro meses recibió un llamado con lada estadounidense. Una voz carcomida por el remordimiento confesó que mientras fungía como policía de Acatlán de Pérez Figueroa, en la frontera de Veracruz y Oaxaca, recibió la orden de levantar a sus dos hijos. Desde entonces, la madre vive con miedo, ignora si en realidad sus muchachos ya están muertos.

Con sustento en la denuncia 1064/2013, dictada ante el ministerio público de Tierra Blanca, Elvira Gómez, señala como principales sospechosos a Ángela Alonso Malpica y a su marido Óscar Pulido. “Todo el tiempo me dijeron que iban a desaparecer a mis chamacos. La última amenaza, la más fuerte, fue el 16 de septiembre, tres días antes de que los levantaran”.

A su casa llegó el “Padrino”, que entonces era el líder del cartel de los Zetas en el municipio terrablanquense. Éste le advirtió en la puerta de su casa: “Ten cuidado. Ángela paga bien para que desaparezcan o maten al que sea”. Más tarde la señora Alonso Malpica fue llamada a declarar y absuelta de toda culpa en un santiamén.

Y así comenzó el calvario de Elvira Gómez, miembro del Colectivo Por la Paz Xalapa. Madre divorciada. Parte del 47 % del total de casos de desapariciones que la ONG tiene registro. Mujeres solteras, viudas o divorciadas que realizan las búsquedas por su cuenta, sin apoyos extras.

Una tragedia más, de las 400 existentes en Tierra Blanca, Veracruz, de acuerdo con Jaime Rochín del Rincón, Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), quien así lo confirmó en una entrevista con Guillermo López Portillo, publicada el 08 de febrero de 2016.

“VOY A PAGARLE A LA MAÑA PARA QUE PIERDAN A TUS HIJOS”

El jueves 19 de septiembre de 2013 fue la última vez que la señora Elvira Gómez vio a sus dos hijos, “Juanito” y “Rigo”. “Se llevaban bien, pero el detalle es que eran los que menos convivían de los nueve hermanos. Ese día decidieron acompañarse y se fueron juntos. Desaparecieron pues”.

La familia Gómez López, con ayuda de la Unión General Obrera, Campesina y Popular A.C. (UGOCP) del finado Margarito Montes Parra, consiguió unos predios en la colonia Lomas de Tierra Blanca, donde actualmente radican decenas de familias.

Con base en la declaración 1064/2013, Ángela Alonso Malpica asegura que las tierras son de su propiedad, por lo que no ha dejado de amedrentar a los lugareños, contratando malosos para espantarlos y, en el peor escenario, eliminarlos. “Ya me había hostigado muchas otras veces para que me saliera de mi casa. Una vez me mandó a los Zetas, al que gobernaba por acá. Ella le decía “Padrino”. Nosotros lo conocíamos de vista y nos dijo: “Ten cuidado. Ángela paga bien para que desaparezcan o maten al que sea”. Tres días siguientes los jóvenes fueron levantados.

“SE LOS LLEVARON LOS ESTATALES”

Juan Gómez López avisó a su madre que iría, como de costumbre, a Córdoba, Veracruz. Debía resurtir su negocio ambulante dedicado a los envases desechables y venta de papel aluminio. Avisó que se llevaría a Rigo, su hermano mayor. “Yo debí haber ido con ellos. Siempre los acompañaba. Al parecer no me tocaba aún. Ojalá me hubieran llevado también”.

Cada joven dejó encargados a sus hijos. La madre, hasta la fecha, cuida a dos nietos, la mayor, una niña de 4 años. Los hermanos se trasladaron en un autobús de paso. Elvira Gómez llamó a Juanito, como le llama de cariño. Habían llegado con bien a su destino, así lo habían reportado.

Los hermanos, de regreso, se bajaron en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca. Poblado que cruza en el la ruta Tierra Blanca – Córdoba. La madre supone que bajaron a ver al padre de Rodrigo, Lorenzo Rivera Rodriguez, actual regidor de obras públicas de Acatlán de Pérez Figueroa.

“Rodrigo la lleva muy bien con su padre, seguido lo iba a buscar. Además nosotros somos originarios de Vicente Camalote, Oaxaca”. Pasaron tres años y tres meses y la historia para la madre terminaba ahí. Sólo sabía que el último contacto con los hijos fue a las 17 horas, vía telefónic,a y que el móvil sonó hasta el 23 de septiembre de 2013. La presunta verdad la escuchó en diciembre de 2015, mediante un ex policía estatal.

“YO LEVANTÉ A SUS HIJOS. SEGURAMENTE YA LOS MATARON”

Dos años después de los hechos Elvira Gómez recibió una llamada con lada estadounidense. Un expolicía, con aparente cáncer de remordimiento, confesó: “Yo levanté a sus hijos, señora. A mí me dieron la orden. Seguramente ya los mataron”. No dijo su nombre ni su edad ni el motivo del levantón. Sólo liberó la culpa y colgó.

La madre suplicó pesquisas al hablante. Finalmente confirmó su hipótesis, sin narrarla. Los hijos bajaron en Acatlán de Pérez Figueroa. Pasearon por el pueblo con sus bolsas de desechables. Ahí los levantó una patrulla de estatales, no aclara si de la policía oaxaqueña o veracruzana. Sólo confiesa que la orden la dictó el comandante Martín, Alias “La burra”, originario de Tetela, Oaxaca.

Los tuvieron tres días con vida en los separos del pueblo, el policía declara que incluso les compró un refresco a los muchachos, pues los tuvieron sin comer y sin beber líquidos. Fue hasta el sábado en la madrugada que los mismos uniformados sustrajeron a los hermanos Gómez. 

El expolicía, suplicó disculpas. Aparentemente su intención no era ayudar a la madre afligida. Más bien quería liberar los demonios culposos. Aseguró que él y su familia permanecen amenazados de muerte. Apenas pudo coger un carro a escondidas y librarse de ese empleo. “Me dijo que es horrible trabajar ahí. Que una vez que entran ya no pueden salir. Si se rajan los matan”. Y así se perdió su testigo. La yaga de la madre volvió a brotar. “Sólo quiero saber si me los mataron” declara sin evocar una sola lágrima.

Una mujer de carácter áspero. Fue la primera que llegó a hacer compañía a los padres de los cinco jóvenes desaparecidos de Playa Vicente. No tuvo miedo, por el contrario, clavó una lona a punta de pedradas en el muro del inmueble donde se lee: “A mis hijos se los llevaron los estatales”.

De igual manera, inauguró el mural de desaparecidos en el ministerio público. A diario acude al sitio para vigilar que el plástico con las fotografías de sus hijos no se desprenda. Una rutina enfermiza que le produce la ansiedad. “Cuando el Fiscal no me tiene resultados, yo le pateo la puerta hasta que me atienda”, declara con recelo la madre.

“SI NO ES POR MÍ CARÁCTER NO ME TOMAN LA DENUNCIA”

“La licenciada Carlota Zamudio Parroquín no quería tomarme la denuncia. Me dijo que no fuera desesperada. Que pronto iban a desaparecer. Que regresara después. Pero yo le dije sus cosas y me tomó la declaración a fuerza”.

Según la publicación de El Piñero de la Cuenca, en la nota del 03 de diciembre de 2013,  la licenciada Carlota Zamudio Parroquín se vio envuelta en un escándalo por extorsionar con el monto de 50 mil pesos para no “empapelar” a terceras personas en un secuestro registrado en la ciudad de Córdoba.

Finalmente, la madre pudo emitir su denuncia y señaló como principales sospechosos a Ángela Alonso Malpica y a su marido Óscar Pulido. La pareja fue llamada a declarar y absuelta de culpas. “Siguen viviendo a dos cuadras de mi casa, nadie me va a quitar de la cabeza que fueron ellos. La autoridad no ha probado lo contrario” comparte la madre.

“ERAN CHAMACOS BUENOS, NO LA DEBÍAN”

La madre, sentada en un comedor comunitario en el ministerio público de Tierra Blanca, decidió seguir las recomendaciones de los padres de Playa Vicente y declarar su doble desaparición ante elementos de la Gendarmería Nacional. Con una vela con el mechero casi extinto, lo que traduce su esperanza al recuperar a los suyos con vida.

Elvira Gómez aprovecha para recuperar a sus dos desaparecidos, le pide ayuda a la más chica de sus nueve hijos. Decide describir primero a Juan Gómez López, el “Juanito”, un joven risueño, que le gusta bailar; pero que nunca aprendió. No bebía, no fumaba, ni consumía drogas. “A ninguno de mis hijos les permití esas cosas, al que me salía con su chiste me lo chingaba”.

El joven de 17 años salió de su domicilio vistiendo una camisa morada de manga larga, fajada como suele usarla. Zapatos marca Converse color negro y un pantalón de mezclilla azul. Comió papaya picada con su madre un día anterior y se quedó dormido sobre su hombro.

Por su parte, a Rodrigo, alias el “Rigo”, lo describe como un muchacho alegre, coqueto, “re’noviero”, amante de las motocicletas y la cumbia. Un as cazando conejos en el monte. La mitad de su tiempo era para la escuela; la otra para su oficio en la albañilería. “Ese canijo no había fiesta de 15 años a la que no fuera. Se iba a echar sus pasos, es bien bailarín mi niño”.

Rodrigo Gómez López, según relata su madre, no debió haber ido con Juan, no eran los hermanos que mejor se llevaban. Finalmente aceptó acompañarlo y se perdieron juntos. Quizá, en la antesala de la muerte, fue al hermano que más amó. O tal vez es a quien ha aprendido a sobrellevar donde quiera que los malandros los tengan reclutados.

Hasta la fecha su madre no hay día que no pida informes sobre ellos. Seguirá clavando la lona donde demanda su enojo con los policías estatales. No dejará de patear la puerta del fiscal hasta que le rinda avances en la investigación. Vive con el celular pegado al pecho, por si el expolicía se apiada de ella y decide relatar el final de esta película de horror.

Xalapa, Ver.- Personal de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (DGPRS) supervisó el Centro de Reinserción Social (CERESO), Zona I Xalapa, con la finalidad de realizar audiencias públicas con los internos e internas que lo requieran, visitando cada una de las celdas y a todos los trabajadores.

Asimismo, se efectuó un recorrido por las instalaciones, donde fueron inspeccionadas las áreas de talleres, sección de mujeres, aulas para la escuela y preparación de alimentos; de igual manera, se examinó el trabajo técnico penitenciario del personal adscrito al penal.

•Edmundo Rodríguez Yeladaqui se vuelve a quedar en el camino hacia la candidatura a la curul

•El año pasado fue descarrilado junto con un exsacerdote del Partido Humanista por Marco Antonio Aguilar Yunes

•Su cuñada es familiar de uno de los desaparecidos de Tierra Blanca, levantados por policías de la SSP

•El también activista prepara marcha contra el gobierno estatal

 Laura Rojas

blog.expediente.mx

Córdoba, Veracruz.- El activista y exaspirante a una candidatura independiente a diputado local por el distrito 19, con cabecera en Córdoba, Edmundo Rodríguez Yeladaqui, renunció a sus pretensiones acosado por la inseguridad y por no existir las condiciones de equidad para la contienda.

Vivió en carne propia los efectos del clima de violencia, debido a que uno de los cinco jóvenes originarios de Playa Vicente y desaparecidos en Tierra Blanca el 11 de enero, detenidos por policías estatales y entregados a un grupo criminal, resultó ser familiar de una de sus cuñadas y, por lo mismo, se han visto afectados por la desgracia.

El año pasado aspiró a participar como suplente de una candidatura por el Partido Humanista, pero se quedó en el camino, cuando el aspirante propietario, un exsacerdote, fue descarrilado, presuntamente por el poder que ejerció el entonces candidato del partido oficial, Marco Antonio Aguilar Yunes, con la ayuda del gobierno estatal.

Sin embargo, el activista social, presidente de la asociación civil Pacto Ciudadano, mantiene su postura que alguna vez lo motivó.

Desaparecidos, ejecutados, secuestros, forman parte de la problemática social que se ha gestado durante los últimos años y meses, y forman parte del hartazgo por el que, según el activista, mucha gente ya no votará por los candidatos del partido en el poder.

El también extrabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) donde también atacó presuntos hechos de corrupción de los dirigentes sindicales, se muestra preparado para seguir llevando acciones desde la asociación civil que encabeza y convocará a una marcha para los próximos días en contra de la injusticia social.

LA RENUNCIA

El pasado 27 de febrero, Edmundo Rodríguez Yeladaqui, uno de los seis ciudadanos que aspiraban a una candidatura independiente para la diputación local por el Distrito 19 con cabecera en Córdoba, renunció de manera pública a esta postulación y aseguró que también lo haría de manera oficial ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

Al dar a conocer ante la opinión pública su desistimiento para buscar la candidatura independiente, señaló que el principal motivo para hacerlo es la inseguridad que permea no sólo en la ciudad sino en todo el estado, y consideró que no existen las garantías para ningún ciudadano que busque estar dentro de una contienda electoral, como la que se realizará el próximo 5 de junio.

Ante ello, argumentó diversos hechos que vulneran su seguridad y la de su familia y por lo mismo la petición de ellos para que declinara de participar, principalmente de su madre, quien le solicitó que se desistiera de esta aspiración por un cargo de elección popular.

Rodríguez Yeladaqui, no especificó en ningún momento si logró obtener el respaldo ciudadano con las firmas solicitadas por el OPLE, pues sólo dijo que sí anduvo trabajando, pero insistió en que por la inseguridad, él mismo pidió a su equipo de voluntarios que dejaran esta actividad.

Remarcó que iría ante las autoridades del OPLE para presentar por escrito su renuncia oficial a la búsqueda de la candidatura independiente, para obtener un escaño en el proceso electoral del primer domingo del mes de junio.

Debido a que no existen, dijo, las garantías de seguridad con miras al próximo proceso electoral, es por ello que decidió abandonar sus aspiraciones.

«Hoy, día 27 de febrero del año en curso, ante los medios de comunicación quiero agradecerles a la ciudadanía en general que depositaron su confianza en un servidor, sobre todo a todos los colaboradores voluntarios que me apoyaron a recabar las firmas de apoyo para mis aspiraciones a la candidatura independiente por la diputación local, quiero informarles que desisto de mi aspiración”.

En rueda de prensa y a través de un escrito, Rodríguez Yeladaqui precisó que en Veracruz no existen las condiciones ideales para contender en una elección, por lo que dejó de recaudar firmas que lo apoyaran rumbo a su candidatura independiente.

Precisó que “actualmente tenemos secuestrado un familiar, que por cuestiones de seguridad omito decir el nombre ya que su esposa e hijos se encuentran amenazados de muerte”.

Asimismo habló acerca de uno de los jóvenes secuestrados en Tierra Blanca, “También quiero mencionar al joven Alfredo, uno de los cinco jóvenes que fueron secuestrados por elementos de Seguridad Pública en Tierra Blanca, era primo de mi cuñada”, aseguró, al referirse a la problemática que envuelve a sus familiares y alcanzó a su equipo de trabajo.

Sin embargo, al vencerse el término de presentación de firmas, sólo tres de los seis aspirantes a la candidatura independiente a la diputación local presentaron sus firmas recabadas ante el Consejo Distrital 19 del OPLE.

Virtualmente, el ciudadano que habría obtenido el 3 por ciento de firmas del total del padrón electoral y que por ende procedería su aspiración fue la del ciudadano Eliseo Illescas Gómez.

Al respecto, consejero presidente del OPLE, Juan Carlos Mendoza Flores, informó que el 24 de febrero pasado les venció el plazo a Edmundo Rodríguez Yeladaqui, Omar Humberto López, Uriel de Jesús Cortés Hernández y César Solís Nieves.

«De estos cuatro ciudadanos, sólo Omar Humberto y Uriel de Jesús presentaron en tiempo las firmas ante este órgano receptor».

Asimismo, dijo, el día 26 de febrero venció el plazo a José Manuel Méndez Moreno y a Eliseo Illescas Gómez. El primero de ellos presentó un escrito de declinación a su aspiración ese mismo día y acudió a ratificar su renuncia.

Asimismo, desavaló la campaña de desprestigio que a Juan Bueno Torio le hizo un portal auspiciado por Gerardo Buganza, el cual publicó que el cordobés Juan Bueno Torio, afirmó haber logrado la insólita recolección de 4,277 firmas diarias de los 30 Distritos Electorales, es decir 178 firmas por hora sin dormir, pese a que en 60 días de campaña recorrió no más de 50 parques y centros públicos del estado.

Mencionó que «un colaborador diariamente recaba mínimo 20 firmas, y si Juan Bueno tenía 10 colaboradores por distrito serían mínimo 200 firmas diarias; los aspirantes a la candidatura independiente por la gubernatura tuvieron un plazo de 60 días, lo que quiere decir que Juan Bueno Torio pudo haber recabado 12,000 por distrito, en Veracruz existen 30 distritos, por lo tanto pudo haber recabado 360,000 lo digo con conocimiento de causa porque así fue mi método, yo renuncié a la aspiración porque en la familia tuvimos problemas de inseguridad y mi madre estaba muy tensa, por eso abandoné mis aspiraciones, los números son fríos por eso me atrevo a decir que el señor Juan Bueno Torio sí pudo haber obtenido esas firmas sin problema alguno».

TEMOR POR INSEGURIDAD; PREPARAN MARCHA

En entrevista Rodríguez Yeladaqui afirma que «la esposa de mi hermano, mi cuñada, es familiar de Alfredo González Díaz, de 25 años, uno de los cinco muchachos que fueron desaparecidos por la Policía de Tierra Blanca, y que posteriormente se dijo que fueron encontrados en un rancho de Tlalixcoyan».

Indicó que ante eso, ahora existe temor de sus familiares, quienes debido a eso le pidieron que declinara de sus aspiraciones para contender por una diputación, a pesar de que ya tenía mucha gente trabajando en el proyecto, en los municipios que conforman el distrito electoral.

«Estoy tratando de reunirme con varios líderes, de asociaciones civiles, y si se concreta vamos a hacer una marcha grande, antipriista, para concretizar a la población. Por el momento no se va a apoyar a ningún candidato a la gubernatura ni diputación local, eso es lo que te puedo decir, que no vamos a apoyar a ningún candidato priista», externa.

Asegura que «desde inicios del mes de febrero manifesté mi descontento, nada más que no lo formalicé ante los medios, ni ante el OPLE, y por ese motivo tal vez el OPLE asumió que no recabé las firmas, pero no fue por ese motivo que me retiré, ya que sí hubo apoyo de la gente, incluso el día que puse los módulos fueron 20 colaboradores y diariamente un colaborador podía recabar mínimo 20 firmas diarias, a mí lo que me afectó fue que a mi familia nos pegó la inseguridad; mi madre ya es una persona mayor y estaba muy tensa, y me pidió que me alejara de la política, y en esos días obtuve mi finiquito de la CFE, y ante el temor por la inseguridad decidí dejar toda aspiración por el momento».

EL AÑO PASADO TAMBIÉN FUE DESCARRILADO

El año pasado, este personaje también quedó trunco en sus aspiraciones políticas. En medio del escenario de descarrilamientos de candidatos a diputados federales, en el distrito XVI de Córdoba,  orquestados por los grupos en el poder, el 4 de marzo del 2015 se suspendió el registro del candidato del Partido Humanista, el ex sacerdote católico Carlos Alberto Martínez Ayala, a quien Rodríguez Yeladaqui pensaba apoyar como suplente.

El ex sacerdote, retirado de la iglesia desde hace 7 años, prácticamente fue orillado a renunciar, con el pretexto de que no contaba con la dispensa de la iglesia para participar.

El ex ministro de la iglesia, originario del municipio de Huatusco, Veracruz, y con residencia en Fortín de las Flores, se convirtió también en una víctima de la “aplanadora duartista”, que operó para allanar el camino al entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Antonio Aguilar Yunes, rumbo al Congreso de la Unión.

Aguilar Yunes, quien desde que era secretario del Trabajo y Previsión Social, empezó a promover su imagen, también se acercó a las iglesias para ofrecerles ayuda, promoviendo cursos de capacitación para el trabajo, por parte del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER), y donde los sacerdotes se encargaron de invitar a la población en general para capacitarse en las áreas de inglés, alimentos y bebidas, así como asistencia educativa, con un costo de inscripción de 184 pesos.

En esa ocasión, también con ayuda del poder, fueron quitados del camino tres precandidatos, considerados “cartas fuertes” del Partido Acción Nacional (PAN).

Aun cuando la dirigencia estatal del Partido Humanista negó que el movimiento obedeciera a motivos políticos, se supo que la determinación vino de “arriba”, luego de que en las altas cúpulas se determinó que el candidato no cumplía con los requisitos.

El Partido Humanista, se caracterizó por tener en sus cuadros a ex sacerdotes y ex seminaristas de la iglesia católica.

EN ENERO DIO A CONOCER CORRUPCIÓN EN LA CFE

En el mes de enero pasado, el ex aspirante a la candidatura independiente, Edmundo Rodríguez, denunció irregularidades de la superintendencia Córdoba de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Entre otras cosas denunció las violaciones a las garantías de los trabajadores, y el supuesto encubrimiento al robo de energía, en algunos casos a cambio de servicios sexuales, así como la presunta operación de personas ajenas a la institución para cometer extorsiones, con la complacencia del líder seccional, Esteban Reyes Hernández.

Dijo que la Sección 34 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) no boletina el número de plazas vacantes, a fin de que exista un mayor control del sindicato adherido a la CTM, que a nivel nacional encabeza Víctor Fuentes del Villar, y a quien no convendría dejar de captar cuotas obrero patronales, que según los agremiados ascienden a varios millones, que anualmente les son quitados a los trabajadores.

En esta Sección, que en la zona centro aglutina a unos 200 trabajares de base, en la jurisdicción de Córdoba, Cuitláhuac, Potrero Nuevo, Paso del Macho, Coscomatepec y Huatusco, desde hace cinco años empezó a haber señalamientos de fraudes en la venta de plazas, las cuáles según los dirigentes era cometida por personas ajenas a la institución, pero que según varios agremiados era gente conocida por parte del personal de la propia dependencia.

Había también, se dice, acoso sexual contra al menos tres trabajadoras, quienes tuvieron que renunciar a sus puestos.

Edmundo Rodríguez, un trabajador electricista, que en el año 2010 fue golpeado por cinco de sus compañeros, cuando los denunció de haber ido a coaccionar a uno de sus familiares, a quien le cobraron una fuerte suma, amenazándolo con iniciarle procedimientos legales, por presuntas irregularidades en el consumo de la energía.

El presidente de la asociación civil Pacto Ciudadano, emprendió una serie de procesos en contra de la paraestatal, el sindicato y las personas que lo agredieron, e incluso dijo que interpuso una querella en la Fiscalía de Delitos contra Servidores Públicos, contra el dirigente sindical, por las omisiones y protección a los malos trabajadores.

Fue en el mes de julio del 2010, al salir de trabajar y dirigirse a su casa, cuando fue interceptado por los sujetos que lo atacaron, y a quienes identificó como sus compañeros Francisco Mondragón, Agustín Beltrán, Gabriel Ortiz Mondragón, Israel Ramírez Ruíz y Marco Antonio García García.

Tras haber quedado herido y ser intervenido quirúrgicamente, acudió a denunciarlos ante la agencia del Ministerio Público, donde quedó empantanada la carpeta de investigación 1272/2010, que se inició por esos hechos.

•Solapado por soldados, malosos sustrajeron a Alexander Figueroa en Amatlán, el terruño de Luis Ángel Bravo

•La madre y el padre confiaron en que Bravo Contreras, paisano y vecino en la infancia, poderoso ahora, les echaría la mano

•Durante un mes los manipuló para que no pusieran denuncia. Apenas la pusieron, llamaron al teléfono de la hija para pedir $2 millones 

•“Javier Duarte también nos quedó mal” dice la madre que antes le organizó movilizaciones para su campaña. Y ahora no les da la cara 

Ignacio Carvajal, Coatzacoalcos

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Alexander Figueroa López fue víctima de privación ilegal de su libertad por sujetos desconocidos que lo sacaron de su casa, en La Patrona, y lo llevaron hacía rumbo desconocido. Cuando lo trasladaban a bordo de un vehículo, a exceso de velocidad, custodiado de al menos 20 pistoleros en un convoy de tres camionetas, se toparon con los soldados, pero estos no hicieron nada para detenerlos pese a que marchaban con evidentes huellas de sospecha.

“Los soldados estaban con ellos, el gobierno estaba con esos sujetos”, acusa la madre de Alexander Figueroa López, Analilia López Ortiz, quien carga un agravio contra su vecino y conocido de la infancia Luis Ángel Bravo Contreras, Fiscal General.

“Era nuestro vecino allá en Amatlán, lo conocemos de allí, desde niño, y cuando nos pasó lo de nuestro hijo le fuimos a ver y nos recibió, nos dijo que no pusiéramos denuncia, el secuestro, por ser un delito grave, se perseguía de oficio.

“A mi hijo se lo llevan un 5 de diciembre de 2014, pero el fiscal nos tuvo un mes a las vueltas, que no denunciáramos, nos puso con un licenciado encargado de la Unidad anti Secuestro de Córdoba, Jorge Arturo Rodríguez Pucheta, hasta que pasado un mes, casi 40 días, el señor Pucheta nos dice que teníamos denunciar si no ellos, los de la UES, no podían actuar. Un mes se había perdido, Dios mío, y sin saber de mi hijo.

Cosa rara, a los tres días de haber puesto la denuncia 03/2015 en la Unidad Especializada anti Secuestro de Córdoba “llaman al celular de mi hija, piden hablar conmigo: “Si quieres volver a ver a tu hijo, me debes dar 2 millones 300 mil pesos, de lo contrario, lo haré pedacitos y te lo entrego en una bolsa”. Le respondí que sí, que se los daba, pero pedía una prueba de vida. Después de mucho jaloneo me dijo que no era posible, y si no le daba el dinero, ahora arremetería contra mi hija, “la tenemos ubicada”.

“Les tuve que dar el dinero por el temor a que me robaran a mi otra hija, a mi hijo nunca me lo dieron, les pagué protección, obvio eran personas que sabían de nuestro dolor después de la denuncia, me hicieron pagar los dos millones 300 mil pesos en una caseta de policía en Orizaba”.

Las autoridades locales lograron la detención de una persona identificada como Roque Hernández Muñoz, a él llevaron las pistas de las llamadas al celular en donde le pidieron el rescate. “Aún falta por detener una persona, no creo que uno sólo haya sido capaz de cobrar esos dos millones 300 mil pesos, tampoco dio datos sobre mi hijo”.

A los seis meses de haber puesto la denuncia, “la UES se declara incompetente porque en la investigación salía la presencia de elementos de la SEDENA, y se tuvo que dar parte a la Procuraduría General de la República, en la denuncia 488/2015, de la SEIDO”.

Se dio parte también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuyos visitadores ya fueron a La Patrona para buscar indicios sobre la presencia de militares ese día, y el pueblo ya dijo que sí, que los hubo, y está en trámite esa investigación.

De las autoridades locales, justicia para su muchacho no ha tenido.

“Mi esposo con mucha esperanza fue a ver a Luis Ángel, lo acaban de nombrar como encargado de dar justicia, y en verdad pensábamos que por ser de nuestro rancho, conocido, vecino, que allí nació… nos iba a echar la mano, y al principio fue así, atento, al poco tiempo nos dimos cuenta que era puro engaño y vueltas y vueltas… nunca buscó a nuestro hijo”.

Otro que les quedó mal es el gobernador, Javier Duarte de Ochoa, cordobés: “Como mi esposo es líder cañero, le ayudó en su campaña para diputado federal, le juntó gente; lo mismo cuando iba para gobernador, se le apoyó, sabe quiénes somos, conoce nuestra casa, pero cuanto esto pasó nos cerró las puertas… son tantas personas que han ido a interceder por nosotros ante él y no nos ayuda”.

El secuestro:

Pasaban de las 3:00 P.M. en el domicilio de la familia Figueroa López, en La Patrona, al menos 20 personas, de civil, con armas largas, cortas, chaleco antibala, radio, granadas colgadas, en dos vehículos, rodearon la vivienda.

El joven Alexander Figueroa López, de 23 años, acababa de llegar del campo cuando se dio el ataque. Se encontraba sentado a la mesa alimentándose cuando los sujetos armados se presentaron.

“Al suelo al suelo al suelo todos” gritaron los sujetos que abrieron la puerta de la casa a golpes y se apoderaron de patio y de las otra dos casas en el corral.

“Preguntaban por mi esposo, era al que buscaban, voltearon todo, cajones, colchones, roperos, destruyeron todo a su paso sin resultados. En eso revisaron credenciales de elector, vieron los apellidos de mi hijo, y se lo llevaron, no sin antes revisar en azoteas y patios. Se fueron rumbo a la autopista Veracruz-Córdoba.

A esa misma hora, en la entrada y salida del pueblo, elementos de la SEDENA vigilaban los puntos. “Las camionetas con los pistoleros, y mi hijo plagiado, pasaron frente a un rancho de nosotros, allí los trabajadores notaron como las camionetas iban a exceso de velocidad, llenas de sujetos armados, se cruzaron con los soldados en sus patrullas y éstos no les hicieron nada. Los dejaron pasar.

Minutos después de que se fueron los sujetos, tras media hora de ocupación, arribaron los soldados y a lo mismo: “preguntaban por mi esposo, revisaron, se asomaron por todos lados, querían cerciorarse de que en verdad no estaba. Les dije lo de mi hijo y salieron, pensé que iban a buscarlo, pero no, se estacionaron afuera de la casa y allí pasaron buen rato vigilando, tal vez, por si salía o regresaba mi marido. Lo querían a él.

Analilia piensa: “A mi esposo, como dicen en el rancho, le pusieron el dedo de que se dedicaba a algo malo, lo querían fregar; pero como no estaba se llevaron a nuestro hijo. El gobierno lo sabía, todo estaba planeado, pues ese día, en el caso de los policías estatales, no estaban, los habían mandado a todos a un evento en Xalapa.

La madre del joven lo reitera: “No fue sólo un secuestro, era algo más, todo diciembre esperamos una llamada pidiendo rescate, jamás la hubo. Esa se dio cuando presentamos la denuncia ante la UES, y nos sacaron dos millones 300 mil pesos. Hasta la fecha acá sigo con mi esposo y la esperanza de encontrar a nuestro muchacho, estamos endrogados hasta el cuello con el banco, debemos muchas cosas, pero sigo adelante porque quiero encontrarlo”.

Veracruz.-El nivel del río Cotaxtla no ha sufrido alteración a consecuencia del hundimiento que presentó el río Atoyac, ramal que lo abastece hasta llegar al mar en Boca del Río, así lo considera el director técnico de la cuenca del Golfo-Centro de la CONAGUA, Ismael Morales Méndez.

El río Atoyac nace en la congregación Ojo de Agua en el municipio de Amatlán de los Reyes y en su recorrido cruza los municipios Amatlán, Atoyac, Yanga, Felipe Carrillo Puerto y Cotaxtla, hasta confluir con el río Seco y más adelante toma el nombre de río Cotaxtla.

A considerar por el funcionario, la situación es totalmente estable y mostró en gráficas de las cuencas de los ríos Jamapa y Cotaxtla, que son totalmente independientes.

“El sitio de falla en donde se presenta este fenómeno hasta ese punto son 92.4 kilómetros cuadrados, que significan el 5.7 por ciento del total de la cuenca del río Cotaxtla, que es de 1,632 kilómetros”, comentó.

Xalapa, Ver.-La Fiscalía General del Estado dio a conocer que seis de los ocho policías detenidos, señalados en la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, han promovido recursos de amparo.

«Estamos prácticamente a momentos de concluir la investigación, pero ésta por su naturaleza no puede darse a conocer o algún tema», señaló la Fiscalía agregando que los ocho policías detenidos recibieron formal prisión y están a disposición de un juez federal.

El ex delegado de la Policía Estatal en Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández es uno de los detenidos y promoventes del recurso de amparo, el cual denuncia actos de tortura, algo que la Fiscalía niega.