Sentar a Nicolás Maduro y a otros altos responsables de la represión chavista en el banquillo del Tribunal Penal Internacional por crímenes contra la humanidad es el propósito de la denuncia que hoy presenta en La Haya el Grupo de Familias de Víctimas Venezolanas. Las acusaciones se sustentan en un documento de casi doscientas páginas dirigido a la Oficina del Fiscal de ese tribunal para su examen preliminar.
La petición se realiza con «urgencia» ante la proximidad de las elecciones legislativas del 6 de diciembre. El temor a que el Gobierno venezolano pueda reprimir con violencia protestas contra posibles irregularidades electorales aconseja que el Tribunal Penal Internacional pueda examinar cuanto antes la implicación de Maduro y otros altos cargos en la cruenta represión de las manifestaciones registrada en Venezuela desde febrero de 2014. Así lo explican los impulsores de la denuncia, entre ellos Carlos Vecchio, coordinador nacional de Voluntad Popular, partido de Leopoldo López, condenado sin pruebas a trece años de prisión.
El documento, al que ha tenido acceso ABC, establece que «el presidente Maduro, con miembros de su círculo interno que constituyen el Alto Comando Político de la Revolución Bolivariana, diseñó un plan para prevenir, restringir y castigar el disenso, y organizó y participó en su implementación, cometiendo crímenes contra la humanidad sobre la población civil». Asegura que la información presentada «confirma» que los incidentes registrados reúnen las condiciones de crímenes contra la humanidad estipuladas internacionalmente.
Esos crímenes, según los demandantes, son de cinco tipos: asesinato, encarcelamiento o severa privación de libertad, tortura, persecución por razones políticas y «otros actos inhumanos de similar carácter con intención de causar gran daño o serias heridas» corporales o mentales.
La lista de personas contra las que se dirige la denuncia permanece de momento en secreto. Fuentes conocedoras del caso confirmaron que se demanda directamente a Maduro, pero no precisaron si el resto de nombres que se mencionan en el documento son todos también objeto de denuncia. Entre esas personas al menos mencionadas están los gobernadores de Carabobo (Francisco Ameliach), Aragua (Tareck el Aissami), Táchira (José Gregorio Vielma Mora) y Mérida (Alexis Ramírez), quienes estuvieron al frente de la represión en sus respectivos estados.
También aparecen militares, como los jefes de la Policía Nacional (Eduardo Pérez Urdaneta), la Guardia Nacional (Antonio José Benavides) y el Servicio de Inteligencia (Manuel Gregorio Bernal Martínez y Gustavo Enrique González López). Estos últimos cuatro mandos ya fueron sancionados en marzo de 2015 por Estados Unidos por abusos de los derechos humanos.
El texto menciona asimismo al general Vladimir López Padrino, autor de la directiva de comienzos de este año que autoriza el uso de fuerza letal contra manifestantes; a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, quien desde las redes sociales animó expresamente a la violencia, y a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
Asimismo, se recuerda que algunas decisiones se tomaron en reuniones del Alto Comando de la Revolución a la que además de algunos ya citados asistieron los ministros Jorge Arreaza y Rafael Ramírez, y el alcalde del centro de Caracas, Jorge Rodríguez.
«Política sistemática»
De acuerdo con las cifras aportadas, tomadas de varias organizaciones no gubernamentales, en la represión que se desató tras las protestas de febrero de 2014 murieron entre 33 y 36 civiles y fueron encarceladas alrededor de 3.700 personas. Un total de 437 individuos sufrieron tortura durante su detención. Al menos 878 civiles fueron heridos. A final de mayo había en el país 77 presos políticos, entre ellos doce estudiantes.
El documento insiste en presentar a Maduro no solo como último responsable «de jure» de las fuerzas de seguridad y del sistema penitenciario, sino como alguien personalmente implicado en dirigir la represión. Además, se indica que tiene control «de facto» sobre la Judicatura, la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, dada la ausencia de división de poderes en Venezuela.
La denuncia presenta la represión gubernamental no como algo ocasional, limitado geográficamente o que por momentos se fue de las manos, sino como parte de una política que buscó un «extenso o sistemático ataque dirigido contra la población civil». Se asegura que las actuaciones siguieron «un mismo modelo de ejecución». Concluye que esta política se diseñó «en los más altos niveles del Estado para lanzar violentos ataques contra la población civil (…) con el fin de retener el poder por todos los medios».
Así, a Maduro se le atribuye la responsabilidad de la coordinación entre las fuerzas policiales y los grupos armados paramilitares (los «colectivos»), que actuaron conjuntamente contra manifestantes en su mayor parte pacíficos. Esa coordinación ya fue denunciada en su día por varias organizaciones internacionales de derechos humanos.
«Las fuerzas de seguridad nacional, siguiendo la política del Gobierno de Venezuela, también coordinaron ataques, vestidos de paisano en motos, con miembros de grupos paramilitares armados progubernamentales (…) y les facilitaron paso franco para disparar de forma indiscriminada sobre la multitud para dispersarla, sin aviso». Además, en lugar de pedir cuentas a guardias y «colectivos», Maduro «ordenó personalmente» una investigación de la oposición como autora de los desmanes.
abc.es
