Ciudad de México.-De acuerdo con el informe “Ni socorro, ni salud: abusos en vez de rehabilitación para usuarios de drogas en América Latina y el Caribe”, presentado el día lunes por la Open Society Foundations; centros de rehabilitación de seis países de la región, incluido México, operan bajo un esquema de internamiento forzado que atenta contra normas locales e internacionales.
“Si el encadenamiento, humillación pública y secuestro fueran tratamientos ofrecidos para la diabetes o para enfermedades del corazón, automáticamente los consideraríamos crueles y abusivos. Aun así, estas son tácticas usadas frecuentemente para el tratamiento y rehabilitación de personas que usan drogas en América Latina y el Caribe pues el uso de drogas es visto como un fracaso moral en vez de una condición médica”, cita el reporte.
Datos de la “Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999 Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones”, señalan que el ingreso debe ser “estrictamente voluntario” y que las acciones de los centros de rehabilitación deben estar enfocados en reducir los riesgos por el uso o abuso de drogas pero también en “incrementar el grado de bienestar físico, mental y social” de los usuarios; sin embargo el reporte de Open Society Foundations destaca que en México al menos 38 mil personas que usan drogas en el país se encuentran, contra su voluntad, en centros que no cumplen con esa norma; además de violar los principios de tratamiento que marca la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
El informe concluye que el tratamiento que prevalece en la región “es de hecho abuso: trato cruel, inhumano y degradante, detención arbitraria y violación al derecho a la salud, a la privacidad y, algunas veces, hasta al derecho a la vida. Los pacientes salen sintiéndose violados, derrotados y aterrados”.
A su vez, cifras del Centro Nacional para la Prevención y el Control de Adicciones (Cenadic), indican que en el país operan 2,027 centros de rehabilitación pero sólo 426 cumplen con la norma oficial, es decir, el 12%.
Por otra parte, diferentes personas entrevistadas en centros de rehabilitación por el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD) argumentaron:
“Yo les dije que por qué me estaban agarrando, que qué les hice y me dijeron ‘Te llevamos a un lugar para que te alivianes’. Yo les dije ‘no estoy preguntando por un lugar que le aliviane, no te estoy pidiendo ayuda’ y de todos modos me subieron”.
“Me daban para bañarme media cubeta de agua, como para cinco personas y una vez a la semana”.
“Era un servicio donde ellos no tenían drenaje, entonces había dos tazas de baño, pero hay una fosa donde caía todo. De un lado era donde se llenaba, caía todo y se iba llenando la fosa. Cuando se llenaba te hacían sacarlo con las manos y tirarlo en la calle”.
“Yo vi cómo se quisieron fugar unos chavos y los amarraron así, entre ellos iba una mujer, hasta al último la amarraron a ella, manos y pies. Por ejemplo decían al baño y tenían que ir todos así juntos, amarrados. Fueron veinticinco días que estuvieron así”.
El Colectivo indica que los centros de rehabilitación en el país carecen de supervisión por parte de autoridades; sólo en la Ciudad de México, en donde es más común que haya atención gubernamental a estos sitios, sólo el 12.1% se verificaron, por otra parte la operación fuera de Norma también está vinculada al “apoyo social” que reciben los centros de rehabilitación pese a las condiciones. La Encuesta Nacional de Adicciones de 2011 muestra que el 46.4% de la población del país considera que la mejor forma de tratar a los usuarios de droga es “que los metan en granjas especiales para adictos, lejos de la ciudad”, en las que se privilegia el abuso y maltrato.
Por otra parte datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones señalan que en el país sólo existen 43 centros públicos de internamiento; cuando el número aproximado de personas con dependencia de drogas en el país asciende a 550 mil, sin embargo, si bien no todas las personas buscan un tratamiento de rehabilitación, el sistema público tampoco tiene capacidad para atenderlos.
