México, D.F.
El diagnóstico de la situación en que operan las policías en México, presentado en el “Cuarto Foro Nacional Sumemos Causas Ciudadanos + Policías”, evidencia que las corporaciones no solo padecen por falta de equipos o de uniformes para los agentes, sino que presentan un desorden administrativo y estructural que afecta todo el funcionamiento de las corporaciones.
Tres de cada cuatro personas contratadas como policías en Michoacán en realidad no lo son; en Guerrero hay barrenderos y secretarias que cobran como agentes; la academia policial de Nayarit tiene un salón; el Mando Único anunciado desde el sexenio pasado, funciona en la mitad de los estados; Veracruz y Sinaloa tienen en la calle y armados a miles de oficiales con el control de confianza reprobado.
El órgano, que debería velar porque esto no ocurra, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Púbica, es en realidad, según el diagnóstico presentado en el foro, un ente convertido en repartidor de dinero, pero incapaz de dar seguimiento a los objetivos planteados, y menos aún de sancionar a quienes no cumplen con su trabajo, dijo frente al presidente Enrique Peña Nieto, la activista María Elena Morera, presidenta de Causa en Común y organizadora del foro.
“Tengo que reconocer que María Elena Morera ha dado un claro diagnóstico y tiene razón, es la realidad que se presenta en algunas partes del país”, respondió el presidente.
Incluso, agregó Morera “esto va más allá de un tema de voluntad política. Es un tema de orden institucional. Tenemos que empezar desde el principio y definir qué queremos del policía y, en base a eso, cómo lo vamos a preparar, cómo lo vamos a ascender, cómo va a tener méritos y eso está sólo en la ley, pero en la realidad es inexistente” dijo la activista.
El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, reconoció en entrevista que existen pendientes en la capacitación de las fuerzas policiales en el país, y adelantó que es necesaria una reforma constitucional, para equilibrar los beneficios sociales como trabajadores de los agentes de seguridad, pues sus condiciones laborales rayan en la “discriminación”.