Ciudad de México.-De acuerdo a cifras de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en su primer Diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México, publicada en marzo de este año, en México se cometen alrededor de 600,000 delitos sexuales al año, y calcula que entre 2010 y 2015 se realizaron dos millones 996 mil de ellos, si se toma en cuenta la cifra negra de denuncias que alcanza 94.1 por ciento.

De este estudio sobresalen dos datos relevantes:

Del total de 600,000 crímenes que se calcula se cometen anualmente, las autoridades de procuración de justicia solo integran 20,000 averiguaciones previas, y de ellas solo en 6,000 (el 1% de los casos) se consigna al agresor ante un juez.

Entre las  víctimas de delitos sexuales, estudiantes ocupan el 25.6 por ciento de los casos.

A pesar de lo anterior, La UNAM, la mayor y más prestigiada universidad de México, carece de un protocolo para atender denuncias de violencia sexual, en ella, el 49.3 por ciento de las alumnas (34,642 personas) dijo haber sufrido algún tipo de hostigamiento en la universidad, de acuerdo con la encuesta más reciente (2009) realizada por el Programa Universitario de Equidad de Género (PUEG).

De ellas 27.1 por ciento dijo haber experimentado “miradas morbosas o gestos molestos”;  22.1 por ciento señaló “frecuentes piropos no deseados acerca de su apariencia”; 2.1 por ciento tuvo que cambiarse de grupo o dar de baja una materia por acoso sexual; y  71 alumnas, 0.2 por ciento, sufrió amenazas y castigos para realizar actos sexuales no deseados.

Sin embargo, la UNAM no es la única universidad que no cuenta con un procedimiento específico y claro para atender casos de violencia sexual. En México existen al menos 32 universidades autónomas locales, una por cada entidad federativa, y solo cuatro de ellas -la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Quintana Roo, tienen un protocolo diseñado para la atención de hostigamiento y abuso sexual.

De esas cuatro universidades, el reglamento de la Universidad Michoacana contempla atender únicamente los casos que ocurren dentro de sus instalaciones y la Universidad de Quintana Roo prevé atender a los trabajadores, más no a los alumnos.

Son esas mismas cuatro escuelas las únicas que incluyen de manera particular la sanción de delitos sexuales. El resto enuncia de forma general en sus reglamentos o estatutos “actos contrarios a la moral”, “faltas de respeto” u “hostilidad”. Conductas como llegar en estado de ebriedad a clase o falsificar documentos escolares sí son tipificadas con precisión por la mayoría de las casas de estudio.

De las 24 universidades que no cuentan con protocolo, sólo la UNAM y la Universidad de Guanajuato tienen un anteproyecto que está en proceso de aprobación. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) cuenta con un procedimiento que realizaron dos profesoras del plantel San Lorenzo Tezonco, tras darle seguimiento a un caso de acoso sexual en 2013, pero que no ha sido institucionalizado. Es decir, se utiliza de forma no oficial en ese plantel para atender los casos que ahí suceden, pero no está en el reglamento general.

La situación en las universidades privadas no es mejor. Ninguna de las más grandes a nivel alumnado cuenta con un protocolo, aunque algunas de ellas especifican el acoso sexual como una falta disciplinaria en su reglamento general.

En 2014 el Tecnológico de Monterrey tenía, dentro del campus Estado de México, un Procedimiento para Atención de Quejas contra Acoso y Hostigamiento Sexual, pero las propias autoridades escolares -Amparo Dueñas, directora de Talento y Cultura del Campus Estado de México- admitieron para este reportaje que ya no está vigente y que el Comité de Equidad de Género, encargado de su funcionamiento, ya no existe.

La Universidad Panamericana sanciona el acoso sexual en sus respectivos reglamentos, pero de manera general y sin un procedimiento. La Universidad Anáhuac no menciona el tema en sus  documentos.

En la Universidad Iberoamericana tampoco existen protocolos para atención de violencia o acoso sexual; sin embargo, el Programa de Género está diseñando los protocolos que de acuerdo con la procuradora de Derechos Universitarios, Patricia de los Ríos, serán publicados “en unos meses”.

La institución, dijo, se encuentra en un periodo de transformación que comenzó hace año y medio con la creación de la Procuraduría de Derechos Universitarios, encargada de atender las denuncias, investigar los casos y publicar recomendaciones. También dijo que está pendiente la conformación del Tribunal Universitario, que será el máximo órgano para debatir estos temas.

En la Universidad Autónoma de Guadalajara se prohíbe expresamente que las mujeres utilicen ropa transparente o que las blusas y faldas sean “extremadamente cortas”, así como la ausencia de ropa interior o el uso de esta de manera visible pues, señala, “con ello se puede provocar la falta de respeto de sus compañeros”.

Respecto a lo anterior, colectivos feministas y académicas insisten que la existencia de protocolos para atender casos de violencia sexual en universidades es necesaria para evitar que estos casos continúen.

En este sentido, la académica Natalia Flores afirma que “Los protocolos deben ser claros y específicos para evitar vacíos legales y que las víctimas sean obligadas, en la práctica, a convivir con sus agresores en la escuela. Tienen que ser una ruta interna a seguir que indique dónde poner una queja y que estipule que el trato a los denunciantes debe apegarse a los derechos humanos”.

Por otra parte, Andrea Ramírez, integrante de la Red No Están Solas, agrega sobre el tema: “Estos procedimientos tendrían que considerar no solo sanciones para los agresores, sino para los funcionarios que revictimicen a las personas que denuncian”.

Al respecto de los agresores, Yolanda Pineda, una de las profesoras de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que impulsa la institucionalización del procedimiento que ha atendido al menos 11 casos, llama la atención sobre el tema de las sanciones, pues cree que un protocolo debe ser un espacio de resolución de conflictos. Afirma que cambiar de plantel al agresor, como dice que se ha hecho en algunos casos de los que tiene conocimiento, solamente es llevar el problema a otro lado. Se debe proteger a las víctimas, pero también hay que trabajar más a fondo con las personas violentas.

Ciudad de México.-La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que Petróleos Mexicanos (PEMEX) recibirá 73 mil 500 millones de pesos por parte del Gobierno para fortalecer su posición financiera, de los cuales; 47 mil millones de pesos se destinará al pago de pensiones y jubilaciones durante 2016, y 26 mil 500 como aportación patrimonial, la cual se realizará el 15 de abril.

Para recibir el capital, Pemex debe comprometerse a reducir su pasivo circulante y a que su pasivo circulante remanente se genere de obligaciones adquiridas en 2016, a su vez, la SHCP agregó que también se está modificando el régimen fiscal aplicable a Pemex; con el objetivo que refleje de mejor manera las condiciones actuales de la empresa.

Por último, señaló que el efecto del remanente de Banxico y las medidas de apoyo a Pemex; mejorarán los Requerimientos Financieros del Sector Público y el Saldo Histórico de éstos este 2016.

Ciudad de México.-Alberto Saracho Martínez, director de la Fundación Idea, comentó que de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (Inai), en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); al menos el 30 por ciento de las empresas han recurrido a alguna práctica de corrupción, destacó que la excesiva regulación favorece que los negocios sean presas de los distintos niveles de gobierno, mismos que exigen determinados requisitos, por lo que reveló que una de cada cinco empresas ha sobornado a autoridades para agilizar trámites u obtener licencias.

Por su parte, Francisco Mijares Noriega, Presidente de la Asociación Mexicana de Restauranteros, mencionó que de los 515 mil establecimientos que conforman la industria restaurantera a nivel nacional, el 95 por ciento no se libran de la corrupción, lo anterior “debido al exceso de trámites para poder abrir un restaurante (…) Estamos hablando de 117 trámites y a escala estatal podemos ir alrededor de 220 a 300, sumados a los requisitos federales”. Destacó que las empresas han demandado transparentar todos los trámites, pues “nos da hasta risa porque como dicen, a mayor regulación es mayor la corrupción; nos quieren regular tanto que nos obligan a caer en la corrupción”.

En ese sentido, el actual responsable de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Juan Paratore García, apuntó que han demandado a diversas instancias de gobierno transparentar los trámites en la obra pública, sin embargo no han obtenido respuesta.

Por otra parte, Guillermo Valls Esponda, administrador general de Servicios al Contribuyente, cuestionó: ‘‘¿Cuáles son las principales barreras, en términos de corrupción, que tienen que enfrentar los mexicanos al abrir un negocio? La corrupción, como fenómeno de desencuentro social, muchas veces es generada por normas con excesiva tramitología, con ineficientes formas de desarrollo que las convierten en normas oscuras, opacas’’.

Finalmente, Salomón Chertorivski Woldenberg, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, destacó que el fenómeno de la corrupción es el vínculo entre los sectores privado y público que pasa por la desconfianza mutua, por lo que, aunque haya buenas leyes, sin confianza no se avanza.