Por Edgar Hernández*
Publica el diario regional “Noreste”, de amplia circulación en Poza Rica, que las autoridades ministeriales realizaron en días pasados un cateo de dos horas en su casa de Mauricio Audirac, en el puerto de Veracruz.
Y que van por el ex subsecretario de Planeación de Sefiplan, Carlos Hernández y la ex alcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales García.
Cita la nota, que en apariencia pasó desapercibida, que en inusitada cacería y como resultado de las denuncias que hiciera el Orfis en contra de funcionarios que ocuparon las presidencias municipales, síndicos, regidores, tesoreros y demás ediles en pasadas administraciones, la Fiscalía ejercitó acción penal en contra de 152 ex funcionarios municipales.
La información periodística, que no ha sido desmentida, destaca que fueron asimismo obsequiadas igual número de órdenes de aprehensión siendo que hasta este momento se han cumplimentado cerca de veinte.
La resultante es que hasta ahora está preso el ex-síndico de Alvarado, Julián Camacho Gil y se cumplimentó una nueva orden de aprehensión en contra de Sara Luz Herrera Cano presa en el penal de la Toma en Amatlán.
Igualmente está detenido el ex-síndico de Alamo, el tesorero Miguel Quechulpa de San Juan Texhuacan.
“Los anteriores ex-ediles –dice la publicación- son lo que se llama en el argot “caza menor” o “charalitos” ya que se está en busca de la ex-presidenta municipal de Xalapa y candidata perdedora de Xalapa, Elizabeth Morales y del síndico de Veracruz cuando fungiera como presidenta Carolina Gudiño, de quien se afirma que el día de hoy fue cateada su casa en el exclusivo fraccionamiento Costa de Oro de Boca del Río y sus oficinas en la Plaza del Sol”.
Sin precisar el origen de la información, Noreste, se justifica señalando que “nuestra fuente garganta profunda off the record nos lo confió”.
Hasta aquí el dato de Noreste.
De lo conocido hasta el momento es que tras el escándalo por los malos manejos de recursos federales denunciado por la Auditoria Superior de la Federación, la autoridad gubernamental ha señalado que no hay denuncias ministeriales ante la PGR y que salvo irresponsabilidades administrativas todo se ha cumplido en tiempo y forma.
Ello dio como resultado una airada respuesta de la opinión pública y del propio senador José Francisco Yunes Zorrilla, quien asegura que “sí hay denuncias ante la PGR” y que están detectadas irregularidades en el manejo de 800 millones de pesos mensuales en la ministración pública.
En el mismo sentido se manifestó Miguel Angel Yunes Linares.
A la par el gobierno señala a Audirac y Carlos Hernández como responsables de irregularidades administrativas, que no cárcel, y en lo “oscurito” adelanta la renuncia de Leonel Bustos, al frente del Seguro Popular “que no fue por las observaciones de la ASF”, según el Secretario de Salud, Fernando Benítez Obeso.
A Bustos por cinco años se le identificó como la caja chica de los procesos electorales. Es el autor de la ineficiencia y obsolescencia en Veracruz del Seguro Popular y hoy simplemente lo reemplazan.
¿Entonces, somos o no somos?
Para el gobierno en este pueblo no hay ladrones y se cura en salud poniéndose el curita en el dedo. En su fuero interno bien sabe que trae una papa caliente entre manos y que el cualquier momento se manifiesta la PGR o la ASF y se deslinda o avala la versión unilateral de que sus servidores públicos son blancas palomas y que jamás han saqueado a Veracruz y que solo han actuado con irresponsabilidad administrativa.
Por lo pronto habrá que observar si, en efecto, hubo o habrá acciones de cateo en contra de los arriba citados considerando que personajes como Elizabeth Morales García, Gabriel Deantes y Adolfo Mota no solo han transitado en la impunidad, sino por el contrario han recibido premios y prebendas de cara al repudio popular y de los de su misma clase.
Tiempo al tiempo.
