Xalapa.-Después de permanecer varios días sin respuesta del Gobierno del Estado, maestros pertenecientes a la Delegación D-212 del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación (SITEV) en San Andrés Tuxtla que se encuentran atrincherados en la Escuela Secundaria y de Bachilleres Dr. Isaac Ochoterena (ESBIO) , anunciaron que para este lunes emprenderán acciones de presión más intensas para que la Secretaría de Finanzas libere el pago a 14 maestros que no han recibido su recurso desde el año 2011.

Adán González Serrano, delegado regional del sindicato, anunció que contemplan la toma de centros de trabajo en la región, además del bloqueo de la Carretera Federal en esta ciudad.

Entre los municipios que el sindicato estaría cerrando instalaciones educativas este lunes se encuentran: Catemaco, San Andrés Tuxtla, Isla, Juan Rodríguez Clara, Playa Vicente, Lerdo de Tejada y Ángel R. Cabada.

En un comunicado a la opinión pública expresan: “debido a la respuesta nula a nuestras justas peticiones y que desde hace cinco años hemos venido laborando en nuestro centro de trabajo y no recibir pago alguno, hemos decidido ampliar el espectro de lucha a partir del próximo lunes 18 de julio del año en curso, ante lo cual se suman las delegaciones de telesecundarias, TEBAS, primarias y preescolar, así como padres de familia, alumnos y ex alumnos”.

En el mismo documento se alcanza a leer que las acciones contempladas evitarán que se realice algún tipo de trámite como entrega de boletas, certificados y examen de admisión en los distintos niveles educativos, y en específico que la toma de la carretera será a la altura de la UGM de San Andrés Tuxtla.

Ofrecieron una disculpa a la sociedad en general por las molestias que estas acciones pueden ocasionar.

Recordar que el SITEV Delegación D-212 tomó las instalaciones de la Escuela Secundaria y de Bachilleres Dr. Isaac Ochoterena (ESBIO) el pasado miércoles, y hasta ayer viernes las negociaciones en la ciudad de Xalapa no les ha favorecido.

Xalapa, Ver.- El diputado Julen Rementería del Puerto, dio a conocer que algunas empresas «fantasmas» que fueron denunciadas por un importante portal informativo aparecen en el anexo uno de la iniciativa para liquidar adeudos con el impuesto a la nómina. Las empresas están como acreedoras de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal y, los montos son millonarios. Tras ser exhibida por este «error», la Secretaría de Finanzas y Planeación cambiará la lista y entregará una nueva.

Los diputados exigen que se les den los criterios bajo los cuales se decide qué empresas sí y qué empresas no se incluyen en el listado para ser liquidadas con el impuesto a la nómina.

La noche del jueves, el secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, se sentó con los diputados de la LXIII Legislatura a analizar dicha iniciativa y a desgranar dicho anexo, donde aparecen los proveedores y contratistas a los que se les debe y que se liquidarían con el tributo mencionado.

El panista Julen Rementería dijo que la sesión se suspendió en ese momento. La propia presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, Mariela Tovar, exigió presentar las listas verdaderas y, el Secretario de Finanzas se comprometió a entregarles un anexo nuevo corregido donde ya no aparezcan esas empresas, para lo cual debe haber otra reunión el lunes próximo.

Criticó la falta de seriedad de la dependencia estatal; «o es un descuido o es un absoluto descaro».

La basificación para 7 mil trabajadores del estado que el Congreso aprobó este jueves no va a durar porque no tiene sustento económico, y ante la falta de recursos tendría que crear nuevos impuestos o aumentar los ya existentes, afirmó el presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jesús Alatorre Mendieta.

«La basificación que les acaban de entregar no va a durar mucho tiempo, porque no tiene un sustento económico, es importante recalcar que existe una ley en el estado de Veracruz, que es la Ley Estatal del Servicio Civil, donde existen figuras de trabajadores interinos, provisionales, por contratos determinados, inclusive meritorios, es una práctica que se usa, esto tiene una razón de ser, que no existe una base económica para poder tener a todos los trabajadores de planta», explicó.

Alatorre Mendieta señaló que cambiar a los trabajadores de «un plomazo o de un decreto» para que todos tengan planta, generará un pasivo que se tendrá que cubrir.

«Y ese pasivo si no se tienen los recursos económicos para el próximo gobierno lo que se va a traducir seguramente será en nuevos impuestos que podrán ser inclusive generales para toda la población», aseguró.

Indicó que esta medida afecta a toda la población, no sólo es una cuestión que permea en el tema del derecho al trabajo.

«El dinero debe de salir de algún lado, el Estado como cualquier empresa tiene que tener un presupuesto de egresos e ingresos y esto es una partida que, aparte que no se tiene contemplado, es algo que no está proyectado para hacerse en los próximos años», añadió.

Con esta medida Veracruz sería el primer estado que tuviera puros trabajadores de planta a su servicio.

La basificación de trabajadores se ha llevado a cabo en otros estados, sin embargo se hace un estudio, una proyección económica, se obtienen los recursos en los años de la administración y al final se deja determinado cuáles son los municipios que han otorgado base a los trabajadores, «pero no significa que pasen a la totalidad», dijo el integrante de Coparmex.

Con la basificación aprobada el Estado tendrá que buscar dinero que no tiene para pagar salarios el día 15 de cada mes y el aguinaldo en diciembre.

«En el momento de que otorgas la base, vas a tener que pagar un salario el día 15 y vas a tener que pagar el aguinaldo ahora en diciembre y ese es un dinero que el Estado no tiene, que va a tener que sacar de algún lado. Y como el dinero no lo puede sacar, porque lo demás lo tiene ya presupuestado, lo que va a hacer es crear nuevos impuestos o a subir los existentes, o va crear nuevos impuestos que puede ser en el predial, indirectos a través del agua, o de servicios que preste el estado, seguramente va a haber un problema económico a la hora que se tenga que pagar esto», detalló el especialista en derecho laboral.

Alatorre Mendieta comentó que existen maneras legales de revertir la basificación, pero el nuevo gobierno deberá hacer un recuento y separar a los trabajadores de los «aviadores», para luego determinar el número de plazas que realmente necesita, lo que provocaría juicios laborales que podrían tardar de cuatro a cinco años y que al final se debe pagar.

Aseguró que la basificación es un engaño, porque el Estado no tiene dinero para cumplir, además de que no hay un fundamento.

Finalmente señaló que el Gobernador de Veracruz, puede vetar esta reforma antes de su publicación. «Bien podría hacerlo en el sentido de determinar que estará de acuerdo en la basificación siempre y cuando exista una base económica y operacional para esto», dijo. Para ello, tiene un plazo de aproximadamente 30 días.