En el puerto de Veracruz, se realizó una marcha por parte de familiares de dos jóvenes desaparecidos desde el pasado lunes 11 de julio.

En su manifestación exigieron a las autoridades policiacas y ministeriales una actuación inmediata para frenar la violencia e inseguridad de la zona conurbada.

Familiares de los jóvenes Baruch Grajeda García de 20 años y Francisco Javier Vargas García de 27 manifestaron que aunque están interpuestas las denuncias correspondientes “la Fiscalía General del Estado no actúa”.

Acusaron durante la manifestación que varios hombres armados ingresaron violentamente a su vivienda, en el centro de ese municipio porteño, y tras agredirla a golpes, se llevaron a Baruch Grajeda y a Javier Vargas sin que se sepa nada hasta el momento.

El sector comercial de Coatzacoalcos expresó su decisión de no vender insumos a créditos al ayuntamiento, al señalar que aun les mantiene adeudos, además de que no les paga a tiempo y si reclaman su dinero «se sienten agredidos».

El presidente de la Cámara de Comercio (Canaco) delegación Coatzacoalcos, Eduardo Campos Gómez dijo que la administración de Joaquín Caballero Rosiñol, les adeuda varios pagos a empresas locales, señalando que sólo existen «promesas de pago» que «algunas se cumplen, otras no y otras a medias», mientras que ellos siguen pasando dificultades para seguir sobreviviendo.

Ante esto los empresarios locales sólo le venden al ayuntamiento de contado y les canceló el crédito que tuvieron en anteriores administraciones, ya que no cubren sus adeudos en el tiempo que fijan y tienen que andar cobrándoles.

A las afueras del Congreso local se realizó una manifestación por parte de trabajadores del Sistema de Agua y Saneamiento de Veracruz-Medellín (SAS), exigiendo a los diputados desistirse de la desaparición de este organismo.

Los manifestantes aseguran que con la desaparición del SAS dejarán en la calle a más de mil 650 empleados, además de beneficiar a una empresa extranjera.

Expresaron su molestia con los ayuntamientos de Veracruz y Medellín, así como al Congreso local al no tomar en cuenta a los empleados del organismo sobre la posible desaparición, ni plantearles alguna propuesta de mejora.

Luego de que los municipios de Veracruz y Medellín avalaron la extinción del SAS, indicaron que todavía falta que sea aprobado por el Congreso local, ante lo cual se exigieron que los diputados locales se opongan.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), dio a conocer en voz de su titular Namiko Matzumoto Benítez, que emitirá antes del plazo determinado por la ley la recomendación en contra del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), por los atrasos en el pago de las pensiones de los jubilados del estado.

Xalapa, Ver.- El secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, destacó que ninguna empresa a investigar por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) se encuentra incluida en el Anexo enviado para su análisis  a la LXIII Legislatura, para complementar la Iniciativa  con proyecto de Decreto que crea el FIAD y el FIDESAN, enviada por el Gobernador del Estado.

“Todas las empresas son legítimas, sin irregularidades y con pasivos reconocidos ante el Gobierno del Estado” recalcó el servidor público.

Dijo que todo comentario en sentido contrario es simplemente para confundir a la opinión pública, ya que la propuesta del mandatario estatal para  constituir dos fideicomisos que administrarían los recursos que se obtengan del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, darían certeza jurídica y garantizarían el pago a proveedores y contratistas que tienen pasivos con el Gobierno del Estado.

Recordó que, en caso de aprobarse, primero se constituiría el Fideicomiso Irrevocable de Administración de Cuentas Mandatadas (FIAD), al que se transferirían los recursos captados por concepto del pago de este Impuesto mediante cuentas concentradoras aperturadas en una institución bancaria que daría los máximos rendimientos.

Éstos se administrarían mediante la autorización del Comité Técnico, que sería la máxima autoridad, y posteriormente se transferirían al Fideicomiso Irrevocable de pago a Proveedores y Contratistas para el Saneamiento Financiero (FIDESAN), el otro propuesto por el Ejecutivo estatal.

Todo ello, es para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos procedentes de ese Impuesto y, sobre todo, para garantizar el pago de pasivos reconocidos por el gobierno estatal a proveedores y contratistas, como único objetivo.