Por: Jesenia Marce

Tanto en los tiempos de hegemonía del partido único como en los de la alternancia, sin distinción de partidos, este aforismo ha encontrado sustento en la conducta de los gobernantes, que en sus últimos meses de poder arrasaban con sus administraciones, endeudándolas, rematando sus bienes y auto concediéndose, para sí y sus cercanos, canonjías y privilegios como millonarios “bonos de marcha” por los “servicios prestados”. Tradicionalmente, al último año de administración de cualquier gobernante en México se le llama, dentro de la picaresca popular, el “año de Hidalgo”, porque “pendejo el que deje algo”.

El descaro con que la clase política se ha servido de los recursos que se les encomendó administrar ha llevado a que se establezcan “candados” para el endeudamiento público, así como mecanismos e instituciones fiscalizadoras del erario. Empero, de poco ha servido. La corrupción y la impunidad siguen siendo los más graves problemas que aquejan al país, de los cuales se desprenden todos los demás.

Si hay una administración gubernamental que encarna todos los vicios de la más grotesca corrupción es, como se ha dicho y publicado profusamente, la que encabeza Javier Duarte de Ochoa. El saqueo a las finanzas del estado es público y más que conocido.

Pero a pesar de todos los señalamientos, de las denuncias públicas y penales que se han presentado, la actitud del grupo gobernante del estado no ha variado ni un ápice. Continúa disponiendo del patrimonio del estado como si fuera de su propiedad, ya en un ánimo más de venganza contra la población y para entorpecer lo más posible al gobierno que entrará en funciones el 1 de diciembre.

Las más recientes afrentas de Javier Duarte a los veracruzanos son la pretensión de regalar terrenos e inmuebles públicos a particulares para saldar deudas y compromisos, a través de una solicitud de enajenamiento gratuito que se envió al Congreso del Estado. Una puesta a remate del patrimonio del estado.

Para lograr ésta y otras de sus anteriores acometidas, Duarte de Ochoa ha contado con un Congreso local servil que le aprueba en automático cualquier iniciativa, por más lesiva que ésta sea. De la reducción a dos años del próximo periodo de gobierno al endeudamiento desmedido, de la reforma a la Ley de Pensiones a la reforma antiaborto, la LXIII Legislatura se ha reducido a sí misma a ser una lastimosa oficialía de partes del Ejecutivo estatal.

No ha sido gratis. Al jefe la bancada priista, Juan Nicolás Callejas, le han mantenido sus privilegios como líder magisterial vitalicio, le regalaron una diputación local a su hijo e incluso amaga con buscar la dirigencia estatal del PRI. O está el caso de la diputada suplente priista Belén Fernández del Puerto, a quien le acaban de otorgar una patente para ejercer el notariado a pesar de que en un primer intento reprobó el examen para acceder a la misma e ilegalmente le dieron una “segunda oportunidad”, pisoteando al Colegio de Notarios del Estado y su normatividad.

Toda la podredumbre acumulada los últimos años en Veracruz por el fide-duartismo provocó el hartazgo y el rechazo de los veracruzanos, que se expresaron en las urnas con el voto por la alternancia política el pasado 5 de junio.

Por ello es verdaderamente grave la señal que manda el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares al “darle cancha” durante uno de los foros de consulta del Plan Veracruzano de Desarrollo a los García Escalante: el alcalde de Pánuco, Ricardo García Escalante, su hermano el diputado electo Rodrigo (ambos cobijados por el Partido Verde), y a su padre, el contralor del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Ricardo García Guzmán.

Sí. Se trata del mismo Ricardo García Guzmán que hace poco más de un año aseguró que se habían solventado todas las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación le hizo al gobierno de Veracruz.

El mismo que hace pocos meses rechazó en medios nacionales que la administración a la que sirve hubiera otorgado contratos a empresas “fantasma”. Aseveraciones ambas que se ha demostrado son falsas. La renovación de la vieja alianza entre Yunes Linares y García Guzmán no es signo de que de verdad se pretenda hacer justicia y aplicar la ley a los defraudadores de Veracruz. Al menos, no a todos.

Por: Diego Rodrigo

Este lunes por la mañana, dos sacerdotes y un auxiliar fueron levantados por sujetos armados, cuando se encontraban en el interior de la iglesia Nuestra Señora de Fátima, en la colonia Petromex.

El ataque perpetrado contra dos sacerdotes de la Iglesia Católica en Poza Rica, no es el primero que ocurre en nuestro país en los años recientes, al contrario es un eslabón más en una larga cadena de secuestros y asesinatos contra ministros de culto. Posterior al secuestro, los clérigos Alejo Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Juárez de la Cruz, así como el asistente de la iglesia fueron obligados a subir a los vehículos que los delincuentes tenían preparados en las goteras de la parroquia.

Desde la mañana de este lunes, la Fuerza Civil, el Ejército y la Marina sitiaron la iglesia, que ya comenzaba a congregar a decenas de feligreses, e iniciaron la búsqueda. Casi dos horas después de los hechos, el asistente de los curas, Miguel X, fue encontrado, afortunadamente sano, en el punto conocido como La Curva del Diablo, que se ubica en la carretera Poza Rica-Papantla; sin embargo, los dos sacerdotes no corrieron con la misma suerte; fueron ejecutados. Esos hechos provocaron, como era predecible, un ambiente de preocupación entre la sociedad de Poza Rica y particularmente entre la feligresía católica.

El crimen se registró un día después de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal iniciaran un operativo de seguridad y vigilancia en Coatzintla, Papantla, Poza Rica y Tihuatlán. Incluso, el pasado fin de semana, el comandante de la Sexta Región Militar, general de división Juan Manuel Rico Gámez, anunció el despliegue a dicha zona de varias unidades para el combate al delito, que se enfocaron a la supervisión del transporte público, de unidades particulares y de carga; al patrullaje diurno y nocturno; a operativos en bares y cantinas; y a recorridos por escuelas y parques.

Nadie contaba, sin embargo, con que entre las víctimas de la delincuencia podrían estar los sacerdotes de la iglesia católica, que no escapan de la ola delictiva y de violencia que se vive en Veracruz y en el país entero.

Este secuestro, decía, no es el primero que se registra contra ministros de culto: en abril de 2015, por ejemplo, el padre Francisco Javier Gutiérrez Díaz, que oficiaba en Salvatierra, Guanajuato, fue ultimado a balazos. Dos años antes, en octubre de 2013, fue secuestrado el presbítero Juan Carlos Ackerman Ayón, en Tijuana, Baja California.

En Tamaulipas, sólo durante 2013, se reportó la desaparición de tres sacerdotes; en tanto que uno más fue asesinado a golpes; este último respondía al nombre de Guillermo Amaro César.

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro Católico Multimedial, sólo durante 2014 se reportaron 4 asesinatos, tres sacerdotes y un laico que era acompañante. En total, en los últimos 24 años se han documentado 47 atentados contra miembros de la Iglesia Católica; de esos, 45 fueron homicidios y dos, secuestros cuyas víctimas no aparecieron.

Sólo durante los primeros cuatro años del sexenio de Enrique Peña Nieto, el número de sacerdotes católicos asesinados llegó a 11; 13 contando a los dos de Poza Rica. Entre 1990 y 2015, la lista de víctimas incluye a un cardenal, 41 sacerdotes, un diácono, cuatro religiosos, 5 laicos y una periodista católica.

Los dos sacerdotes levantados en Poza Rica y asesinados en territorio papanteco lamentablemente engrosaron la lista de las víctimas que pertenecen a la iglesia católica, cuya Arquidiócesis de Xalapa se pronunció, el pasado 22 de mayo, contra la inseguridad que se vive en Veracruz.

En aquella ocasión, la Arquidiócesis se refirió a los hechos ocurridos en la iglesia Santa Rita, del puerto de Veracruz, donde un comando ingresó y secuestró, para después dar muerte, a una persona que se encontraba en el interior. En esta ocasión, ante un hecho tan cruento y brutal, la Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, envió sus condolencias a la Diócesis de Papantla, que tiene como obispo a José Trinidad Zapata, y pidió al gobierno estatal el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la justicia contra los responsables. La CEM expresó “dolor e indignación ante la violencia ejercida contra ellos”.

Por: Omar Castro

Sin precedente la lavandería de la Contraloría, convertida en jugosa empresa familiar. Sobresaliente ejemplo de que las tapaderas, no tienen llenaderas, ni principios, ni valores, ni moral. En la aldea sigue el discurso prometedor del gran salto, para terminar en otro asalto. No aparecen miles de millones de pesos, consignados en los presupuestos estatales. Persisten y resaltan opacidad y rapacidad, personal o de grupo.

Pobre Veracruz de hoy, y de las próximas generaciones. Hasta el momento, no se sabe de qué tamaño es el daño; perdura el gran misterio, el secreto mejor guardado, ¿qué de los obligados a informar y rendir cuentas? ¿Y los fiscalizadores encubridores y socios?

Cada vez más y más veracruzanos se preguntan cuál es el total de la deuda pública estatal que, eso sí, estamos todos obligados a pagar con intereses, recargos y otros servicios.

No se sabe lo que se debe, pero eso sí, hay que pagar a ciegas y a padecer las consecuencias, más limitaciones, sacrificios y sufrimientos. Alienta saber que es notorio el aumento de indignación e inconformidad en todo el estado. La condena se generaliza, contra autores materiales e intelectuales del injustificado endeudamiento público. Crece merecido reclamo y desaprobación social.

A veces, en el imperio del no pasa nada; o en la aldea veracruzana, de la reciclada complicidad y la descarada impunidad, hay algunos casos excepcionales, cuando se lleva a comparecer ante la justicia, a pequeños o insignificantes, como presuntos responsables de pésima administración y quebranto financiero. Show y entretenimiento. Simulación y distracción del ¡Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción”.

Incluso, si son procesados, y hasta rescatados y restituidos parte de los bienes y recursos oficiales desviados, ocultados o perdidos. Por desgracia en su generalidad, complicidad e impunidad dan a todos seguridad, los hacen intocables. Pocos, muy pocos van a la cárcel, junto a encubridores, cómplices y socios. La mayoría escapa a la justicia y disfruta de su cosecha, de su fortuna mal habida.

Es más algunos, sin recato continúan en el gobierno, pasan a otros cargos y se reciclan en la continuidad de la impunidad. En todo caso el colmo para todo veracruzano es quedar endeudado, sin recursos y obligado a pagar lo que se supone, era para atender necesidades básicas sociales, para asegurar el futuro.

Endeudar injustificadamente al gobierno, mal administrar, peor utilizar y saquearlo para fines personales, de una y mil formas, incluyendo las famosas “empresas fantasmas”. Así, la descomunal e injustificada deuda pública se ha convertido en política predilecta, para afectar a los que no han nacido.

Imprescindible insistir y señalar posibles defectos, errores y pérdidas en los manejos financieros públicos locales, tanto estatales como municipales. Sus efectos conocidos y padecidos se sienten más en administraciones y finanzas locales sometidas, debilitadas e insuficientes ante las inmensas y crecientes necesidades sociales.

En cada lugar se prueba, que tanto planeación como fiscalización y evaluación son pura simulación. Y que con ineficiencia y delincuencia no hay presupuesto que alcance.

Y para la mayoría, como es costumbre crecen limitaciones y sacrificios, pobreza, inseguridad, marginación, hambre y sed; y en general, se complican o alejan servicios públicos que, o no hay, o se obtienen caros y de mala calidad.

Nada nuevo en la política y forma de gobernar en Veracruz. Se anuncia, dice y presume una cosa; para acabar constatando que ocurre todo lo contrario. O simplemente, el asunto se minimiza o sustituye en el discurso y boletín oficiales. Nada nuevo. Más agua al ahogado; más cuerda al ahorcado.

Minusválidos fiscalizadores, encubridores por decreto y conveniencia, excepciones aparte, son insensibles a todo, excepto al puntual ejercicio de sus cuantiosos presupuestos y a la contratación de innumerables despachos y profesionales afines a su minusvalía.

Unos y otros, encargados y hasta orgullosos de que todo es legal”; todo “checa y cuadra”; todo bien lavado, planchado y almidonado en los resultados que se hacen públicos. Total, bien se sabe que no pasa nada.