Ciudad de México. – 4 mil millones de pesos es la cantidad de dinero que el Gobierno de la Ciudad de México solicitó para realizar mejoras al transporte público; el presupuesto anual que recibe el Senado de la República o la Universidad Veracruzana, la institución académica que señaló actos de corrupción del gobernador Javier Duarte Ochoa.
También es la cantidad de impuestos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó en 2015 a Casas Geo, la desarrolladora de vivienda social, integrada por grandes empresarios y ex servidores públicos. La información entregada vía transparencia al Centro de Análisis e Investigación Fundar, carece de las razones que llevaron a esa decisión, cuando en términos legales, para condonar o no impuestos, se revisan los casos uno por uno.
A través del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la organización Fundar solicitó al SAT los datos de las personas a quienes se les condonaron créditos fiscales conforme al artículo 146-B del Código Fiscal de la Federación, que hace referencia a los contribuyentes que están sujetos a concurso mercantil y que son compatibles a la condonación “parcial” de créditos fiscales. La respuesta fue que las filiales de Geo fueron las únicas dentro de una lista de más de siete mil personas morales.
Según la lista del SAT, son 13 empresas relacionadas con Geo, por un total de 3 mil 73 millones 913 mil 574 pesos de impuestos condonados. Sin embargo, el Secreto Fiscal impidió que el SAT brindara la información referente a las razones particulares o causas inmediatas de por qué se le perdonó a GEO, según lo estipulado en el Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
El concurso mercantil es un mecanismo al que se recurre con el fin de lograr la reestructuración de una empresa. La protege para que al final del proceso, pueda seguir con sus trabajos como lo hacía antes de su crisis financiera. “La finalidad es darle un respiro financiero a la empresa para que se pueda reincorporar”, explica el contador José Antonio Echenique García, miembro del Colegio de Contadores Públicos de México.
Entre los días 12 y 24 de junio de 2015, el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil, Enrique González Meyenberg emitió sentencias mediante las cuales aprobó los Convenios Concursales de Corporación Geo, S.A.B. de C.V. y 15 subsidiarias.
Ese fue el año de la debacle para Geo y otras desarrolladoras de vivienda, luego de tiempos en los que la construcción de casas se disparó, a tal grado de que unas cuantas empresas (Geo, Urbi y Homex) dibujaron un nuevo mapa para la forma de vivir de los mexicanos. Pero no funcionó. El fracaso de aquel proyecto se muestra con creces en el panorama de hoy de casas carcomidas por el abandono.
Su plan de negocios se fincó en construir viviendas en terrenos de entre 60 y 90 metros cuadrados en la periferia, lejos de las zonas de trabajo, lo que ocasionó que hoy en día, dentro de un contexto de desorden y crecimiento descontrolado, cinco millones de viviendas estén ociosas. Se construyeron casas y más casas sin garantizar que se venderían.
En 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó el Plan Nacional de Vivienda, en el que modificó las reglas para ejecutar los desarrollos habitacionales. Ese plan estableció que ahora las vivienderas tendrían más coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien sería la nueva encargada de la política de vivienda.
También fijó un nuevo modelo para la reordenación de los créditos y subsidios provenientes del Gobierno federal y que se enfocarían al crecimiento urbano ordenado con el objetivo de disminuir el rezago de nueve millones de viviendas.
Este fue el problema, la reordenación de recursos. Fue un cambio en la política de construcción de la vivienda: el dinero se destinaría a la construcción de vivienda vertical, cercana a los desarrollos urbanos y centros de trabajo. El boom de las viviendas horizontales, detonado durante la administración de Vicente Fox, terminaba.
Para Geo, los subsidios siempre fueron de gran relevancia, ya que una disminución se vería reflejada en la capacidad crediticia. En consecuencia, las ventas y los ingresos irían en picada, sobre todo los provenientes de la vivienda económica (enfocada a la gente de bajos recursos), que para Geo significaba el 55 por ciento de sus ingresos totales. Las principales vivienderas cayeron en incumplimiento de pagos y se les negó un rescate financiero; el Gobierno tampoco les compraría su reserva territorial. Geo perdió cuatro mil 635 millones de pesos en valor de mercado y el valor de su acción en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó 67.3 por ciento.
Geo inició operaciones en 1973. Con los años se convirtió en la desarrolladora de vivienda de bajos ingresos líder en México y América Latina. Se involucró en todos los aspectos de adquisición de tierra, diseño, desarrollo, construcción, mercadotecnia, comercialización y entrega de viviendas de interés social y medio en México.
A la fecha, ha producido y comercializado 655 mil casas en las que habitan dos millones 400 mil mexicanos. Al 31 de diciembre de 2015, el 79.9 por ciento de las viviendas que vendió Geo fue a través de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). De hecho, Geo es una de las empresas que en la última década más ha absorbido el dinero de ese organismo. El año pasado le dio el 97.7 por ciento de sus ventas totales.
Geo se enfocó a ser contratista de Infonavit. Además de eso, también, a Infonavit, Geo le localizaba terrenos urbanizables, obtenía los permisos y las licencias necesarias, el diseño y construcción de obras.
Los planes y programas de vivienda que se realizaron desde 2006, fueron los que promovieron que el modelo de producción de vivienda se concentrara en zonas alejadas de los centros urbanos; las reservas de casas estaban ubicadas en las periferias de las zonas urbanas. Por “márgenes de utilidad reducidos”, los desarrolladores optaron por el modelo de vivienda horizontal “en reservas territoriales de bajo costo”. Con el Plan de Vivienda de Peña Nieto, Geo argumentó que los nuevos criterios de clasificación de Reserva Territoriales impactaron en la asignación de subsidios, así como la nueva tendencia a la vivienda vertical. Se declaró en Concurso Mercantil Pre-acordado en abril de 2014.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habló de 10 mil clientes afectados a nivel nacional, a consecuencia de atrasos en la entrega de casas, escrituras, pago de garantía y reparaciones. De acuerdo con los testimonios, los primeros trabajadores recibieron el 100 por ciento de su liquidación, pero con el paso del tiempo se les llegó a ofrecer el 10 por ciento de lo que por derecho les correspondía, aunque la empresa los convenció para que firmaran una renuncia con la promesa de recontratarlos.
Finalmente, Geo despidió a 10 mil 500 trabajadores.
