El gobierno de Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, intentó comprobar más de 77 millones de pesos con 316 facturas que fueron canceladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Dichos documentos fiscales fueron expedidos por empresas cuyos domicilios y representantes legales no fueron localizados, según el informe 2015 del Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz.
Las facturas canceladas por el SAT fueron presentadas por las secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Agropecuario y Educación para justificar los gastos de su presupuesto.
En Sedesol estatal, el Orfis detectó 3 comprobantes fiscales cancelados o sin registro por Hacienda.
Uno de esos comprobantes fiscales fue por 25 millones de pesos, expedido por la empresa Calidadtel, que dijo haber vendido 211 mil 973 cobertores para los damnificados de las lluvias de 2015.
Las otras dos facturas fueron emitidas por Comercializadora Jiménez Alamillo y Corporativo Administrativo Piraya, por ofrecer más de 53 mil despensas.
Por esas 3 facturas, la Sedesol acumuló facturas falsas por 36 millones 514 mil pesos.
En el caso de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, el Orfis encontró que el SAT canceló 15 facturas por 32 millones 614 mil 758 pesos, de recursos supuestamente ejercidos en proyectos productivos y acciones de fomento.
Sedesol y Desarrollo Agropecuario suman los montos más altos comprobados con facturas de dudosa procedencia. Dichas dependencias son dirigidas por los primos Alfredo Ferrari Saavedra y Ramón Ferrari Pardiño.
La Secretaría de Educación es la tercera dependencia que comprobó gastos con facturas canceladas por Hacienda.
Se trata de 298 comprobantes fiscales por un monto de 8 millones 359 mil 178 pesos, recursos destinados presuntamente a una empresa que ofrece servicios de limpieza y otra que provee botellas de agua.
La Cuenta Pública 2015 aún no es aprobada por el Congreso de Veracruz. De 2010 a 2014, siendo gobernador Javier Duarte, el Orfis no detectó daño patrimonial.
Lo hizo hasta 2015 e incluso en agosto pasado presentó una denuncia penal tras las innumerables denuncias de corrupción y que el propio SAT reveló que investigaba la existencia de empresas fantasma.
