Xalapa, Ver.

Dentro del listado de funcionarios y ex funcionarios estatales, investigados por la Procuraduría General de la República (PGR), derivado de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se encuentran los diputados federales Tarek Abdalá Saad y Edgar Spinoso Carrera, así como los secretarios de Infraestructura, Tomás Ruiz González; del Trabajo y Previsión Social, Gabriel Deantes Ramos y el director de Patrimonio del Estado, Antonio Ferrari Cazarín.

Así lo estableció el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), quien luego de hacer una búsqueda al respecto de dicha información confirmó tales nombres, y ordenó a la PGR dar a conocer a éstos y todos aquellos funcionarios y ex funcionarios del Gobierno de Veracruz que fueron denunciados por la ASF, por presuntos desvíos de recursos en las cuentas públicas 2010, 2011 y 2012.

Los comisionados del INAI resolvieron por unanimidad el expediente RDA 3627/15, en el que revocaron la respuesta original de la PGR, en la que consideraba tal información como confidencial, por establecer que podría causarse un daño moral a los involucrados.

En dicho expediente los comisionados resaltaron que luego de una búsqueda de información oficial, se encontró la relacionada al nombre en contra de quienes fueron presentadas las denuncias penales por parte de la ASF en noviembre de 2014.

Además de los nombres anteriores, la Procuraduría General de la República deberá dar a conocer la lista completa de los funcionarios y ex funcionarios denunciados por la Auditoría Superior de la Federación, además del número de las averiguaciones previas, el avance de las investigaciones, así como aquellas dependencias estatales involucradas en las averiguaciones.

El INAI desechó el argumento dado por la PGR, en el sentido de que dar a conocer el nombre de los funcionarios denunciados, podría afectar su derecho a la presunción de inocencia, su honor y su intimidad, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad, sin que éstas hayan sido demostradas en juicio, afectado su prestigio y su buen nombre.

En cuanto a la negativa de la PGR de no querer transparentar el número de la averiguación previa, el INAI estableció que resulta improcedente tal argumento, pues dicha información es posible obtenerla a través del Sistema Informático de Procuraduría de Justicia Federal, y por tanto es de carácter público.