El décimo octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito le negó un amparo a Grupo Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego, y le dio la razón al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por un adeudo fiscal que data de 2008 por mil 431 millones de pesos.

El corporativo había alegado pérdidas en ese año fiscal, debido a ventas de acciones de otras empresas. La empresa impugnó el monto en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que le dio la razón al SAT, por lo que la empresa apeló en el Tribunal Colegiado. Sin embargo, los magistrados coincidieron en que Elektra deberá pagar el adeudo reclamado.

Elektra aún podría impugnar la resolución del tribunal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Medios nacionales reportaron que hasta el momento la deuda ascendería a 2 mil 11 millones de pesos, debido a las actualizaciones.

En su cuenta de X, Salinas Pliego respondió a una de las publicaciones que dio cuenta de la información: “Ah, como les gusta engañar a sus lectores, en fin… tienen diciendo lo mismo 6 años, ya es costumbre pues”.

En total, las empresas del magnate adeudarían al SAT 63 mil millones de pesos por casos que datan desde hace 16 años. Elektra ha impugnado ante los tribunales el pago de 28 mil 332 millones de pesos, de los ejercicios de 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

En marzo de este año, el gobierno federal publicó la documentación de estos adeudos fiscales, mismos que pueden ser consultados abiertamente por las personas que descarguen el archivo, integrado por 16 carpetas que incluyen anexos y otros documentos del litigio del gobierno federal en contra de algunas de las empresas de Salinas Pliego.

Entonces, el magnate aseguró que interpondría una demanda contra Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, debido a que considera que infringen la ley por difundir documentos que tiene a su cargo el Poder Judicial de la Federación.

“Y no me vengan con que es ‘asunto público’ NO. Hay un proceso judicial que tiene reglas que ustedes gobiernicolas de mierda están obligados a cumplir”, dijo el multimillonario en su cuenta de X.

La documentación publicada por la presidencia incluye una “recopilación” que explica los expedientes que se encuentran en cada uno de los anexos, para que quienes deseen consultarlos puedan detectar con mayor facilidad a qué corresponde cada carpeta, integrada en algunos casos con múltiples documentos de variable extensión.

Según detalla este documento, los anexos se distribuyen en 4 categorías primarias, que a su vez cuentan con subcategorías para entender las acciones legales que enfrenta el dueño de TV Azteca.

1. Estados Financieros de Grupo Salinas, incluyendo empresas Grupo Elektra ( ejercicios 2008, 2010, 2011, 2012, 2013), Nueva Elektra (2010, 2012, 2014)y TV Azteca (2009,2010, 2013). Esta documentación se encuentra en la carpeta Anexo 1.

2. Sentencias públicas relativas al juicio promovido por Grupo Elektra por el ejercicio 2006, favorable al SAT.

– Anexo 2: Sentencia de fecha 19 de enero de 2022, misma que es consultable en la página electrónica de la Suprema Corte de Justicia de la Nació

– Anexo 3: Sentencia de fecha 06 de octubre de 2016, misma que es consultable en la página electrónica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

3. Sentencias relativas a otros temas de Grupo Salinas, por haberse concluido el juicio contencioso administrativo, y además ser favorables al SAT, mismas que se encuentran publicadas en las páginas electrónicas de los Tribunales (Anexo 4, Juicio 22142/18-17-11-7 promovido por Nueva Elektra, Juicio 27481/19-17-01-1 promovido por Comerciacom, Juicio 17304/19-17-11-5 promovido por Comerciacom, Juicio 24036/19-17-08-6 promovido por Comercializadora de Motocicletas de Calidad). Sentencias relativas a los siguientes juicios de amparo indirecto, favorables al SAT (Anexo 5, Juicio de amparo 239/2022 promovido por Banco Azteca).

4. Precedentes y sentencias que se encuentran públicas y que tienen relación con los temas controvertidos por el grupo en los litigios pendientes de resolverse.

– Artículo Noveno Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, fracciones XV, inciso III y XVIII. Desconsolidación fiscal. (Anexo 6)

– Artículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Valoración de prueba pericial (Anexo 7)

– Regla 2.12.9. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017. (Anexo 8 )

– Artículos 68, 64, 32 y 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. (Anexo 9)

– Artículo 25 primer párrafo y cuarto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. (Anexo 10)

– Artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. (Anexo 11)

– Artículo 76 del Código Fiscal de la Federación. (Anexo 12)

– Artículo Tercero Transitorio, fracciones IV y V del Decreto de reformas efectuadas a la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2005. (Anexo 13)

– Tesis Jurisprudenciales. (Anexo 14)

– Sentencias completas. (Anexo 15)

– Asuntos concluidos Sentencias Links. (Anexo 16)

El pasado 20 de marzo el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, dio a conocer la deuda por parte del conglomerado, además de detallar que en esta administración, la empresa ha pagado 4 mil 868 millones de pesos por adeudos, de los cuales 2 mil 96 millones fueron resultado de auditorías a diversas empresas, mientras que el resto fue por una resolución judicial.

Sin embargo, aún se encuentran pendientes de pago más de 53 mil millones de pesos por juicios fiscales anteriores y en proceso, así como más de 10 mil millones de pesos por créditos emitidos en la actual administración. Esto suma más de 63 mil millones de pesos en adeudos al fisco.

Originalmente, Salinas debió pagar 38 mil millones de pesos por 17 juicios que incluye los 7 casos de consolidación fiscal. Sin embargo, debido a los recargos y la actualización por la inflación, esta cifra asciende a 53 mil millones de pesos.

Estas cifras con resultado de las auditorías que realizó el SAT entre 2008 y 2018 a cuatro empresas del grupo.

Finalmente, la procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, sostuvo que las normas que se han aplicado en los juicios por el SAT son constitucionales y reiteró que las auditorías y la interpretación de las leyes son correctas.

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