Empresarios, bajo la dirección de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Xalapa, han alzado su voz en un comunicado dirigido al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, para denunciar una serie de lo que describen como abusos cometidos por la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA), la cual es liderada por Sergio Rodríguez Cortés.

La denuncia se enfoca en la aplicación de multas que consideran excesivas, sin una estructura de tarifas clara, tal como lo establece la Ley Estatal de Protección Ambiental de Veracruz. Los empresarios argumentan que la PMA establece sanciones sin seguir un criterio uniforme, tomando en cuenta el tamaño de la empresa y su cantidad de empleados.

El proceso denunciado comienza con una inspección tras una supuesta denuncia ciudadana. Posteriormente, se notifica a la empresa que corre el riesgo de ser clausurada si no envía a su representante legal para comparecer ante la PMA en un plazo de 48 horas. Durante la reunión, se presenta una multa que supera las 12,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Los empresarios sostienen que se les ofrece la alternativa de reducir la multa, ya sea en un único pago o en un plazo de 30 días. En caso de no efectuar el pago, se procedería con la clausura total del negocio. Estas prácticas, según los denunciantes, evitan que las empresas puedan presentar una defensa adecuada o ejercer su derecho a ampararse, contraviniendo lo estipulado en la Ley Estatal de Protección Ambiental que debería permitir una conciliación y la presentación de pruebas.

Dado el contexto económico desafiante, agravado por la pandemia de COVID-19 y las nuevas regulaciones legales, los empresarios han solicitado la realización de una mesa de trabajo liderada por el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, en la que participen funcionarios estatales y representantes de las cámaras empresariales. El propósito de esta mesa de trabajo es alcanzar acuerdos que regulen las prácticas de la Procuraduría Ambiental y establezcan un marco más equitativo para las empresas en Veracruz. Este esfuerzo busca garantizar una relación justa entre las empresas y las autoridades encargadas de la regulación ambiental en el estado.