La Cámara de Diputados dio luz verde para que el presidente de la República pueda ser juzgado no solo por traición a la patria sino también por delitos de corrupción, electorales, delincuencia organizada, homicidio, violación, secuestro, robo, desaparición forzada de personas, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, entre otro más.

Con 420 a favor, se alcanzó la mayoría calificada para reforma el artículo 108 y 111 de la Constitución Política.

En la votación se registraron 29 diputados en contra, varios de Morena y del PT.
Además de 5 abstenciones.

Los diputados hicieron cambios a la minuta del Senado, eliminaron a los integrantes del Congreso de la Unión como sujetos de ser juzgados por los mismos delitos que el Presidente de la República.

El dictamen establece, sin embargo, que para proceder penalmente contra el Presidente de la República solo habrá lugar a acusarlo ante el Senado de la República y éste resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Los grupos parlamentarios de la oposición reconocieron que la ampliación del catálogo de delitos imputables al Presidente de la República en funciones representa un avance importante, sin que ello signifique eliminar la inmunidad procesal del Ejecutivo.