Ignacio Carvajal

Coatzacoalcos.- Víctimas de la masacre en la colonia Obrera, donde fueron asesinadas 13 personas en abril pasado, presentaron queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos porque acusan que las autoridades de todos los niveles las han olvidado, y buscan la reparación del daño.

En este tiempo no han llegado ni los apoyos para gastos funerarios ni mucho menos las terapias adecuadas para las personas que presenciaron la masacre, muchos de ellos menores de edad, bebés y niños.

Sugey del Carmen Salinas Jiménez, dueña de la palapa Los Potros, donde se dieron los hechos, dijo que la Fiscalía General del Estado no le ha devuelto su propiedad, el fiscal del caso, Zaidel Nolasco Fernández, de plano, ya ni las llamadas ni mensajes le contesta.

«Antes me decía que tuviera paciencia, que lo esperara, que le diera chance, que me iba a devolver la llamada, y nunca me la regresa», señaló.

Entrevistada durante su asistencia a la delegación sur de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), denunció que pese a que han transcurrido más de seis meses de esa tragedia, es lamentable que su casa no haya sido liberada por las autoridades.

Sugey del Carmen Salinas Jiménez es ama de casa y madre de familia, durante la balacera en la palapa Los Potros. El día de la masacre, festejaban a otra familiar.

Desmintió que, como se dijo en medios, la palapa sea un salón de fiestas o una cantina. Reiteró que el espacio es un área familiar en donde eventualmente celebraban cumpleaños, reuniones, encuentros y eventos meramente de los más cercanos a sus seres amados.

A penas días antes, su esposo Heber Ricardo Reyes Martinez, El Potro, trabajador de Pemex, había celebrado su onomástico, y en esa ocasión la habían prestado la palapa a una familiar, quien llegó con sus invitados.

Ese día, recordó, fue asesinado su marido y su hermano, Leobardo Salinas Jiménez, y desde entonces, ella y su familia cargan con el dolor de la doble pérdida.

Ambos laboraban para Pemex, y su partida representó un golpe demoledor para la familia en lo emocional y en lo económico.

Como la Fiscalía tiene la propiedad donde se alza la palapa bajo resguardo, y en ese mismo inmueble está la casa en donde tenía más de 20 años con su esposo e hijos, se tuvo que salir para pagar renta, pues las autoridades le han dicho que siguen investigando.

«Les pido que me puedan ayudar, necesito que me devuelvan mi casa, porque no solo tengo un hijo, tengo cuatro, mes es difícil esta situación», relató.

Comentó que muchas de sus pertenencias fueron sacadas de su residencia, pese a que no era necesario pues ahí no pasó nada, los hechos se centraron en el espacio de la palapa.

La sangre que se regó en el lugar, de hecho, ni si quiera ha sido lavada pues las autoridades no lo permiten.

Alá Domínguez Muñoz, defensor independiente de los Derechos Humanos, que está dando acompañamiento a las víctimas de la Papalapa Los Potros y Caballo Blanco, señaló que pareciera que las autoridades quieren buscar el mecanismo de extinción de dominio para dejar a su representada sin propiedad.

Relató que es preocupante la situación de los derechos de las víctimas en el sur de Veracruz, pues pese a tanto tiempo de la masacre, las personas no han sido atendidas por instancias como la Comisión de Víctimas, por lo que no les han pagado ni los servicios funerarios.

Adelantó que al igual que el caso Caballo Blanco, buscará que este tema sea llevado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de ahí se pida que se les reconozca la calidad de víctimas para luchar por la reparación del daño, pues esas muertes sin duda fueron responsabilidad del Estado Mexicano.

Otros familiares, bajo anonimato, señalaron que pese al paso del tiempo, no han recibido apoyos para los gastos funerarios. Pese al arribo de autoridades federales, durante los primeros días después a la tragedia, todo quedó en promesas.

Algunos solo están siendo atendidos por sicólogo, cuando es evidente la urgencia de tanatólogos, dijo la Presidenta de la Fundación Karime, Nora Reyes Baruch, especialista en el tema, «incluso, pueden ir con nosotros, no se les va cobrar nada».