En la Cámara de Diputados, las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), exigieron al gobierno federal debe aclarar las irregularidades registradas en torno a las tarjetas para los damnificados de los sismos de septiembre.

Por la fracción perredista, el coordinador Francisco Martínez calificó como inaceptables los hechos, en torno a los cuales, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detectó la emisión de tres mil 79 tarjetas de más del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, que presuntamente habrían sido asignadas a distintos damnificados, algunos de los cuales confirmaron no haber recibido ningún tipo de apoyo.

“Inadmisible que la corrupción del gobierno priista haya llegado a tal grado de lucrar con las tarjetas de Bansefi, destinadas a damnificados, urge esclarecer el tema cuanto antes y sancionar a quienes hayan cometido estos deleznables actos”, sentenció.

El legislador recordó que según la CNBV, las personas que debían recibir tarjetas eran mil 495, pero Bansefi emitió cuatro mil 574, tres mil 79 plásticos de más que involucran casi 69 millones de pesos que se desconoce en manos de quién quedaron.

Tras indicar que de acuerdo a revisiones hechas por organizaciones no gubernamentales como Mexicanos Contra la Corrupción, Bansefi habría dispuesto entre 10 y más de 30 tarjetas para once personas que, en algunos casos ni siquiera han recibido el plástico, el congresista por Oaxaca sentenció que todo apunta hacia a un fraude y al desvío de recursos con fines desconocidos, pero por las circunstancias del país, podrían ser electorales.

“Hay anomalías por todas partes, para empezar cuando el gobierno federal implementó este programa acordó que se apoyaría la reconstrucción de casas de damnificados con recursos del Fondo de Desastres Naturales, Fonden entregados por Bansefi a través de tarjetas de débito y monederos electrónicos, una tarjeta de débito por beneficiario y únicamente dos plásticos: uno de débito y un monedero electrónico a quienes presentaron pérdida total”, remarcó.

Por todo ello, insistió, el titular de Bansefi y ex secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, debería ser llamado a rendir cuentas, ya que la denuncia presentada desde noviembre pasado ante la Procuraduría General de la República (PGR), evidentemente ha sido insuficiente.

Subrayó que desde septiembre del año pasado, después de la tragedia, se exigió total transparencia en la entrega de los recursos y apoyos a las personas que resultaron afectadas por los sismos, en especial en Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México.

Al lamentar que el Gobierno Federal, al que responsabilizó por los hechos, se haya “servido del pueblo” nuevamente, el congresista de izquierda subrayó que los hechos no quedarán impunes y su partido estará atento a la resolución que la autoridad emita.

“Exhortamos a la Procuraduría General de la República a investigar la denuncia y si Virgilio Andrade es el responsable tendrá que responderle a la ciudadanía, no existirá impunidad como ocurrió con la investigación que estuvo bajo su cargo sobre la ‘Casa blanca’ de Enrique Peña Nieto, la gente está cansada y hoy más que nunca los damnificados necesitan apoyo” remarcó.

Por su parte, los panistas adelantaron que solicitará a través de la Comisión Permanente, se entregue un informe sobre el uso y destino de más de tres mil 400 millones de pesos que la iniciativa privada y sociedad civil donaron para la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

La diputada panista, Arlette Muñoz señaló que se pedirá al Ejecutivo dar detalles sobre la utilización de dichos recursos, dado que en el portal de Transparencia Presupuestaria del Gobierno Federal, no hay información al respecto.

Muñoz Cervantes afirmó que de acuerdo a un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD), adscrito al Senado de la República, el monto de las donaciones hechas por ciudadanos, empresas y demás personas, superó los tres mil 413 millones de pesos, pero se desconoce su paradero y se teme que puedan ser empleados con fines electorales.