Xalapa, Ver.- El retraso en la transferencia de dos mil 709 millones de pesos a la Reserva Técnica del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) generó una nueva denuncia penal contra quien resulte responsable por la retención de los fondos públicos.

El órgano de Fiscalización Superior (Orfis) presentó la nueva querella que quedó registrada bajo la carpeta de investigación C.I. FESP/004/2017/VI-1.

Hay que recordar que es la segunda denuncia que se presenta por el mal manejo de los fondos públicos del Instituto de Pensiones, la primera involucra el manejo de 284 millones 870 mil pesos, por lo que el daño patrimonial en el Ejercicio Fiscal 2015 y suma dos mil 993 millones de pesos.

La primera denuncia del año que integró el Orfis se basa en el Decreto número 920 publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 442, de fecha 4 de noviembre del 2016, mediante el cual se aprobó el Informe del Resultado de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz.

Se presentó ante la Coordinación de Fiscales Especializados en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, dependiente de la Fiscalía General del Estado, en contra de quien o quienes resulten responsables, relacionada con la Observación número FP-033/2015/011 DAÑ del Informe del Resultado de la Cuenta Pública Consolidada del ejercicio 2015.

En la revisión de las cuentas del IPE se detectó que en sus Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, tenían registrados en cuentas de orden y en cuentas de ingresos según correspondan, recursos pendientes de transferir al Fideicomiso Fondo de la Reserva Técnica F/745357.

Se trata de préstamos a corto plazo aplicados por transferir, amortización de préstamos a corto plazo por depositar, amortización de comisiones mercantiles, intereses ganados de préstamos a corto plazo y domiciliados, intereses ganados por préstamos a mediano plazo domiciliados e intereses de inversiones en valores, que en su conjunto representan el monto del probable daño patrimonial determinado.

En la Fase de Comprobación del Procedimiento de Fiscalización Superior no se presentó documentación idónea para justificar el ejercicio del gasto, ni mucho menos autorización del Consejo Directivo del IPE para disponer de los recursos del referido Fideicomiso.