Por: Luis Velázquez

•Termina Duarte con denuncias penales
•Hasta el Poder Judicial se ha anotado 
•La UV destapó la cloaca… 

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En el último año del sexenio, Javier Duarte, JD, termina acorralado por todos los frentes, entre ellos, más que la denuncia mediática y la protesta social por la falta de pagos, la denuncia penal.
La Universidad Veracruzana, por ejemplo, ha interpuesto un par de demandas penales sobre los más de dos mil millones de pesos que le adeudan. Una en la Fiscalía y otra en la Procuraduría General de la República.
Los pensionados también alistan otra denuncia penal.
Parte de los empresarios también han anunciado más denuncias penales.
Insólito: a principio de semana, el Poder Judicial, a través del magistrado presidente, Alberto Sosa Hernández (uno de los aliados de JD) se desgarró la toga en defensa de los millonarios recursos económicos que Duarte adeuda al Tribunal Superior de Justicia y anunció una demanda penal.
El miércoles 17, el Organismo Público local electoral, OPLE, anunció otra denuncia penal por la rara y extraña retención de 168 millones de pesos que el duartismo debería entregar en tiempo y forma, incluso, hasta el pago de la nómina.
Solo falta que el cacique magisterial desde hace 33 años, dueño de la sección 32 del SNTE, Juan Nicolás Callejas Arroyo, el maestro a la altura de Enrique Rébsamen y Enrique Lausbscher, demande al góber por la millonada de pesos a repartir a sus borregos como pago de marcha por haber servido igual que los padres de la patria a Veracruz desde el Poder Legislativo.
Así, uno de los gobernadores más jóvenes en la historia política de Veracruz quedará hundido en el descrédito, peor que el iceberg que hundió al Titanic hace más de cien años.
En diciembre de 2010, Duarte declaró al conductor de Telever, Rogerio Pano, que solo aspiraba a ser el mejor gobernador, porque el más popular, Fidel Herrera Beltrán, ya había ingresado a la historia.
Su legítimo sueño, no obstante, descarrilado. Entrará a la historia como el peor.

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La verdad histórica del senador Pepe Yunes Zorrila sigue cumpliéndose al pie de la letra.
Con JD, aseguró, hay «un desorden administrativo, un caos financiero y corrupción política».
Y lo peor, ninguna voluntad expresa para componer el tsunami que ha arrastrado a la secretaría de Finanzas y Planeación.
Aquella sentencia del mismo gabinete legal de que «no hay dinero» se ha traducido en denuncias penales.
Es más, habría de recordar la denuncia penal de la Auditoría Superior de la Federación ASF, en contra de 19 duartistas en la procuraduría General de la República.
Y que, bueno, todo indica pudo haber terminado en una componenda política en las grandes ligas nacionales si se considera que de pronto, la PGR se declaró incompetente y transfirió a la Fiscalía de Veracruz, con Mr. Bean, el caso, quien le diera carpetazo con el peor cinismo de todos los tiempos.
Por eso, cuando la ASF, la UV, el OPLE, los pensionados y los empresarios han interpuesto y anunciado demandas penales, los tambores de guerra están sonando.
Más, si se considera lo siguiente:
El par de periódicos más antiguos de Veracruz, que de manera habitual sostienen una relación cercana con el duartismo, han roto con su gobierno, aun cuando después se reconciliaran.
Primero fue «El Dictamen» que durante varias semanas dieron espacio a la inconformidad social, incluso a 8 columnas.
Y en esta semana, el «Diario de Xalapa» que en portada y a 8 columnas exigía la rendición de cuentas.
Desde luego, decir que tales acciones se deben a una tendencia histórica de que ¡muerto el rey, viva el rey! sería desorbitado, porque, primero, todavía faltan diez meses y 11 días a Javier Duarte para terminar el sexenio.
Y segundo, a estas alturas nadie, ni la bruja de los Llanos de Sotavento vaticinaría el triunfo del PRI en la mini/gubernatura, pues la bola de cristal está demasiado revuelta y turbulenta.

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Con todo, quizá como un elemento distractor sobre tales denuncias penales, en la más grande desfachatez el aspirante a gobernador y diputado presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, huésped distinguido del penal de Topo Chico en Monterrey Nuevo León, Francisco Garrido Sánchez, se manifiesta, háganos favor, por un sistema estatal anticorrupción, que significa el meollo del asunto que ha originado tantas denuncias penales en contra de la SEFIPLAN de Javier Duarte.
Así, en el grito callejero del ex convicto de Topo Chicho, ahí mismo donde los carteles, Zetas divididos, desataran una masacre, nunca falta un burro que hable de orejas.
Y por lo tanto, el diputado Francisco Garrido Sánchez, y su socio desde el ORFIS, Órgano de Simulación Superior, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, alardean de servir a Veracruz como la vieja y empolvada carabina de Ambrosio.
Y es que al momento, cuando en unas semanas una nueva camada de aspirantes a integrar la 64a. Legislatura andará en el ruedo electoral, nada se sabe de la recuperación de los millonarios recursos robados por los discípulos del góber fogoso y otros miembros del duartismo, que jamás soñaron con tener casas en Miami, San Francisco, Houston y Nueva York y chalets, apartamentos y castillos en el continente europeo.