En la respuesta que Irma Eréndira Sandoval dio al Comité de Participación Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública en torno a la compra de 610 pipas para transportar combustibles, la entonces funcionaria aseguró la dependencia que encabezaba sólo tuvo un papel de supervisión, y que ella viajó a la planta de la empresa que recibió los contratos, en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin embargo, una investigación de La Silla Rota muestra que Navistar, la compañía que recibió la mayoría de los contratos, no tiene planta en esa urbe.
El comité, integrado por ciudadanos que participan de manera honoraria, requirió a la titular de la Función Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que le hiciera saber las características de las pipas con las que se cumpliría el plan de combate al robo de hidrocarburos del gobierno federal. Entre los datos que solicitaban estaban el número de autotanques comprados, modelo, marca y las especificaciones técnicas de las mismas, y si estas cumplían con las normas oficiales mexicanas respectivas.
Sandoval respondió que la SFP (remplazada en este sexenio por la de Anticorrupción y Buen Gobierno) no podía informar sobre el requerimiento ya que “no celebró convenio, contrato, adjudicación o cualquier acto de naturaleza jurídica o administrativa que implique la adquisición de bienes, vehículos o servicios de vehículos de carga, auto-tanques (pipas) o transportadores de sustancias líquidas”.
La funcionaria aseguró que su labor consistió en observar la exposición de los requerimientos técnicos que hicieron los técnicos de Pemex, consultar el directorio de proveedores y ‘contratistas sancionados para verificar que las 14 empresas que presentaron cotizaciones no estuvieran en él y “verificar la continuidad y desarrollo” del proceso de compra.
Al no estar involucrada la SFP, su titular entregó varios documentos relacionados con la compra, como la carta que el presidente les entregó en la que instruía a acudir a Nueva York y reunirse con los productores de autotanques, las facturas para comprobar los gastos que hicieron en el viaje, un sondeo de mercado en el que empresas hacían sus ofertas.
En ese sondeo aparecen propuestas de Comercializadora Braimont, que dio una dirección en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, perteneciente a una casa habitación en la colonia La Esperanza; hay otra de una Comercializadora de productos El Camaleón, que ofrecía entregar camiones Daimler fabricados en Saltillo, Coahuila; la dirección es inexistente, ya que la calle de la colonia Metropolitana, también en Neza, que anota como domicilio fiscal, no tiene el número anotado en la “cotización”.
Además, la funcionaria remitió al CPC “fotografías y video de la visita in situ a la planta de fabricación de la empresa seleccionada, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua”. La planta de Navistar, hoy conocida como International Motors México, siempre ha estado en Escobedo, Nuevo León, a mil 150 kilómetros de distancia.
El 18 de enero de 2019, una delegación de funcionarios del gobierno de México, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, salió a Estados Unidos a comprar las pipas con las que se combatiría el huachicoleo. Unos días antes en ciudades como México, Puebla, Monterrey y Guadalajara, entre otras, escaseó la gasolina y el gobierno explicó que había decidido cerrar los ductos por los que se transporta el combustible para evitar el robo.
Documentos en poder de La Silla Rota muestran que para acelerar el procedimiento, el gobierno decidió que III Servicios, S.A. de C.V. haría la compra y luego rentaría los equipos a Pemex. III es una empresa filial no paraestatal de Pemex y es la misma que supervisó la construcción de la Estela de Luz, el monumento que el gobierno de Felipe Calderón encargó para conmemorar los 200 años de Independencia de México, y que tuvo un sobrecosto millonario.
El gobierno reportó el pago de 2 mil 850 millones de pesos por las pipas, pero la Auditoría Superior de la Federación encontró que no se entregaron los comprobantes relacionados con las especificaciones y condiciones de los autotanques, y la entrega de las pipas, por lo que hizo una observación que hasta la fecha no se ha cumplido.
En los documentos relacionados con la compra de pipas, anunciado por López Obrador como una estrategia para transportar el combustible y así evitar el robo en los ductos de Pemex (huachicoleo), hay otros elementos que llevan a confusión.
Además de la planta que no existe, los contratos que Pemex muestra en su página especifican que la mayoría de las entregas de pipas se llevó a cabo en Ciudad Juárez.
Por ejemplo, el contrato TIS-SAF-ABI-019-2019 establece que Navistar venderá a III Servicios, una empresa de Pemex que se rige bajo el derecho privado, 177 camiones modelo Prostar 6×4 año 2019, con tanque acoplado de 31 mil 500 litros; 28 modelo Prostar 6×4, Euro IV y 205 modelo Prostar 6×4, Euro IV o EPA 04, año 2020.
Las condiciones del acuerdo no establecen en dónde se entregaron las 410 unidades. Algo similar pasa en el contrato TIS-SAF-ABI-021-2019, por 6 autotanques International, Modelo Prostar 6×4, EPA 04, año 2019 y 23 del mismo fabricante año 2020 por los que se pagaron 4 millones 389 mil dólares; se anotan las condiciones de pago pero no el sitio de entrega.
Otros contratos asignados a Traylfer, Scania, Freightliner-Detroit Diesel Allison, Entrans International señalan que la dirección elegida para entregar los equipos fueron las instalaciones de la planta Corporación Trailer de México, localizada en Avenida de las Torres 2251, en Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
Otro acuerdo signado por III Servicios y Detroit Diesel establece que 81 pipas se entregarían en el Almacén y talleres centrales de Pemex Logística, en la colonia Industrial Vallejo.
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