Xalapa, Ver.- La Fiscalía General del Estado (FGE) es el ente encargado de procesar una denuncia en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita por el presunto delito de desaparición forzada, tortura y asesinato de personas en Veracruz y dejar de esperar que sean las familias víctimas de desaparecidos quienes la hagan, porque los pone en más riesgo, especificó, la Abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A. C., Volga de Pina Ravest.

Refirió que Arturo Bermúdez está en la cárcel acusado por delitos como abuso de autoridad y tráfico de influencias pero en ningún momento la FGE lo ha señalado por desaparición forzada, a pesar de qué hay declaraciones de padres y madres de familia en el que lo responsabilizan.

“Le corresponde a la autoridad investigar, cada señora puso su denuncia por su desaparecido, por la muerte o tortura de su hijo. Si te pones a revisar esas denuncias, hay reglas en el derecho penal que te permiten llegar al superior jerárquico, eso le compete a la Fiscalía; no a nosotros” explicó.

Refirió que las familias víctimas ya interpusieron las denuncias ante la FGE ahora le corresponde al titular, Jorge Winckler Ortíz hacer su trabajo de investigación y detener a los responsables.

“Porque las denuncias ya están, hay muchas denuncias, que se ponga a estructurar una denuncia y no ponernos a nosotros la carga del impulso procesal, que nos pone en riesgo, pero además nos tira la bolita, como abogadas coadyuvamos con las investigaciones, aportamos datos, y tenemos un acceso limitado de asuntos, cuántos casos alcanzo a ver yo en el estado, muy pocos, ellos llevan todos” explicó.

Debido a que Efraín Martíz Aguirre, padre de Gibrán Martíz Díaz –ex cantante de la Voz México interpuso una denuncia por el probable delito de desaparición forzada en contra de Bermúdez Zurita, Volga de Pina consideró como preocupante que se haya ventilado este hecho, porque los delincuentes cómplices del ex secretario continúan en Veracruz.

Explicó que la acción de haber detenido a Bermúdez Zurita y recluirlo en el penal de Pacho Viejo, no significa que la delincuencia en Veracruz se haya terminado, porque los grupos delincuenciales siguen aquí.

“Me preocupa porque la gente de Bermúdez, la gente de la delincuencia siguen operando, esa gente no se va por arte de magia cuando cambian al gobernador, siguen aquí, siguen vigilándonos. Son actos extremadamente graves que le corresponde a la autoridad investigar”, señaló.

La Fiscalía debería de revisar todas las carpetas de investigación de personas desaparecidas y de ahí determinar las causas de lo ocurrido, porque posiblemente sea un caso más de desaparición forzada en la que estuvieron involucrados los altos mandos de la SSP.

“Es un delito que se persigue de oficio, está bien hay delitos que exigen querella y sin denuncia no procede, pero estas investigaciones se persiguen de oficio, de todos los hechos que sucedió con estas personas”, finalizó.

Veracruz, Ver.- Pese a las acciones del Gobierno, no se ha detenido a empresarios distribuidores de combustible robado, indicó el presidente de la Unión de Gasolineros del Estado de Veracruz, Gilberto Bravo Torra. “Lo que nosotros siempre decimos, el que esté fuera de la ley que lo castiguen y actúen con todo el rigor de la ley porque no es posible que unos estén bien y otros estén mal”.

Precisó que en la entidad se dio un caso en Agua Dulce, en donde hubo datos mal pasados a Petróleos Mexicanos (Pemex) y cerraron una estación de servicio; al respecto, comentó que compete a la Procuraduría General de la República (PGR), Ejército y Armada tratar de que no prospere el negocio del robo de combustible.

Xalapa, Ver.- La defensa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, podría buscar “vicios formales o de fondo” para impugnar el proceso de extradición que enfrenta y así evitarla, señaló el abogado José Kuri Pazos.

En entrevista, el especialista agregó que también podrían agotar todos los medios legales para que el ex mandarario no se extraditado. 

“Yo creo que la defensa al principio, como no había una petición del gobierno mexicano, está esperando que esta petición existiera, que ya existe, tienen que ver si hay vicios formales, de fondo, como defensa se sugeriría agotar todos los medios legales que le marcaría la ley para que no fuera extraditado”, dijo.

Y es que el próximo 27 de junio se llevará a cabo una audiencia en la que Duarte de Ochoa deberá comparecer ante el Tribunal Tercero para definir su postura ante la solicitud de extradición que realizó la Procuraduría General de la República (PGR).

“Si él quiere una extradición sumaria, con el hecho de dar su consentimiento se extraditaría inmediatamente. En el caso de que él se niega, tendríamos que esperar a que se desahogue todo ese procedimiento”, es decir una extradición ordinaria, que implica agotar todos los recursos, así como juicios de amparo.

Es ese último caso, el proceso se alargaría y podría llevar de algunos meses a un año para que Javier Duarte sea extraditado a México. 

Veracruz, Ver.- El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, encabeza la instalación de la «Mesa de Alto Nivel para Definir Acciones contra la Violencia de Género» en Veracruz.

A las 11:15 de la mañana el funcionario federal llegó al World Trade Center (WTC) de Boca del Río, acompañado del gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

En el encuentro, que es a puerta cerrada, están presentes funcionarios federales, estatales y diputados locales de Veracruz.

Al concluir el mandatario veracruzano y el encargado de la política interna del país ofrecerán un mensaje a los medios de comunicación.

Xalapa, Ver.-  La ex vocera de Javier Duarte, Gina Domínguez perdió  el amparo que promovió ante la Justicia Federal para solicitar continuar su proceso penal en libertad.

El Juzgado Decimoctavo de Distrito, le negó el amparo  en la resolución 593/2017 que se interpuso  para combatir la prisión dictada dentro del proceso penal 110/2017, por la juez de control Verónica Portilla Suazo.

Cabe recordar que la directora de comunicación social  está en el penal de pacho viejo desde el pasado 21 de mayo , cuando se le vinculó a proceso por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición en agravio del servicio público, acusada de desviar 105 millones 937 mil pesos.

El pasado 25 de mayo, Domínguez Colío promovió el amparo,  resolviendo el juez federal un día después negarle la suspensión provisional.

La defensa jurídica de Gina Domínguez interpuso un recurso de queja ante la resolución en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.

Este 12 de junio, el juez resolvió negarle de manera definitiva su protección, por lo que seguirá en prisión.