Xalapa, Ver.- El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) presentó otras dos denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de quien o quienes resulten responsables en los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación (Sedarpa), por la presunta afectación patrimonial de 274 millones 265 mil 519 pesos.

Las acciones legales se presentaron ayer martes 13 de junio, ante la Coordinación de Fiscales Especializados en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos y están relacionadas con las Observaciones no solventadas en la Fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones y en el trámite del Recurso de Reconsideración.

Las referidas denuncias, menciona el comunicado del Orfis, se relacionan con lo siguiente:

I.- En el caso de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), se determinó la existencia de un daño patrimonial de carácter Técnico a la Obra Pública por un importe de 6 millones 845 mil 418.76 pesos, el cual se integra de la siguiente manera:

1.- Observación Número: TP-082/2015/001 DAÑ
Descripción de la Obra: Terminación de la Segunda Etapa del Hospital Psiquiátrico en Orizaba, Ver., no se comprobó el gasto, existiendo anticipo otorgado que no fue amortizado ni se presentó evidencia de su aplicación en la obra; encontrándose suspendida dicha obra en condiciones de abandono; así como por trabajos pagados no ejecutados, generándose un daño patrimonial por un monto de 6 millones 103 mil 331.75 pesos.

2.- Observación Número: TP-082/2015/003 DAÑ
Descripción de la Obra: Construcción de un Centro de Salud en la Localidad de Altotonga 31, Municipio de Altotonga, Ver., obra sin iniciar, sin fuerza de trabajo ni evidencia de ejecución de conceptos de obra de acuerdo al presupuesto contratado, lo cual ocasionó un daño patrimonial a la Hacienda Pública Estatal de 411 mil 299 pesos.

3.- Observación Número: TP-082/2015/005 DAÑ
Descripción de la Obra: Construcción de un Centro de Salud de un Consultorio, más un Dental (primera etapa) en la Localidad de Benito Juárez, Municipio de Soteapan, Ver., se otorgó un anticipo que no fue aplicado en la obra; ocasionando un daño patrimonial por un monto de 110 mil 912.83 pesos.

4.- Observación Número: TP-082/2015/015 DAÑ
Descripción de la Obra: Rehabilitación y Ampliación de un Hospital en la Localidad de Tantoyuca, Municipio de Tantoyuca Ver., trabajos pagos no ejecutados; encontrándose la obra sin terminar y abandonada; ocasionando un daño patrimonial por un monto de 219 mil 875.18 pesos.

II.- En el caso de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación (SEDARPA), se determinó la existencia de un daño patrimonial de carácter financiero por un importe de 267 millones 420 mil 100.40 pesos, el cual corresponde a 3 observaciones de carácter financiero y se integra de la siguiente manera:

1.- De la observación número FP-022/2015/008 DAÑ, se determinó un daño patrimonial del orden de los 158 millones 78 mil 935.40 pesos, al no presentar la documentación comprobatoria que respalde el registro del gasto devengado en Programas y Acciones de Apoyo al Campo, consistente en facturas, convenios, procesos de adjudicación, así como evidencia de la recepción de los apoyos por los beneficiarios directos.

2.- En lo relativo a la Observación Número FP-022/2015/009 DAÑ, se determinó un daño patrimonial por la cantidad de 23 millones 793 mil 158.00 pesos, ya que derivado de la revisión a los expedientes de acciones correspondientes a la partida Proyectos Productivos y Acciones de Fomento, se identificaron comprobantes fiscales que se encuentran cancelados en los sistemas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con los cuales se pretendió solventar dicha observación.

3. Con respecto a la Observación FP-022/2015/011 DAÑ, se determinó un daño patrimonial por la cantidad de 85 millones 548 mil 7 pesos, ya que no mostraron documentación comprobatoria y justificativa del gasto, consistente en facturas, convenios y procesos de adjudicación de los bienes y servicios contratados; asimismo, no mostraron expedientes con solicitudes de apoyos y procedimiento de selección de beneficiarios, evidencia de la recepción de apoyos a los beneficiarios del programa, y no presentaron evidencia de los pagos realizados a los trabajadores de programas.

Las denuncias, se menciona, se dan en estricto cumplimiento del Decreto número 920, emitido por el H. Congreso del Estado en sesión extraordinaria de fecha 31 de octubre de 2016, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 442, de fecha 4 de noviembre de 2016, mediante el cual se aprobaron las Cuentas Públicas del ejercicio 2015 y se instruyó al ORFIS a iniciar la Segunda Fase del Procedimiento de Fiscalización Superior, denominada “Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones”; así como a promover las acciones correspondientes ante las instancias competentes por otras responsabilidades que pudieran derivar, como es el caso.

Xalapa, Ver.- Los hermanos Justo Jesús y Manuel Fernández Avila, reconocidos empresarios xalapeños, promovieron un juicio de amparo para evitar se ejecute en su contra una orden de aprehensión por parte de la Procuraduría General de la República.

De acuerdo al expediente 671/2017 del Juzgado Primero de Distrito, los empresarios solicitaron la protección de la justicia federal en contra de la PGR, pues ya existe una orden de aprehensión en su contra, por lo cual buscaron protegerse contra diversas áreas de la procuraduría. Ha trascendido que la investigación en su contra por autoridades federales tendría que ver con un tema de impuestos, pero también por la construcción sobre áreas naturales protegidas a nivel federal.

Coatzacoalcos.- Los servicios forenses del estado de Veracruz se encuentran saturados y «en crisis» por tantos cadáveres, que son producto de la violencia por enfrentamientos entre distintos grupos de la delincuencia en ese estado del Golfo de México.

Lucía de los Ángeles Díaz, vocera del colectivo Solecito de Veracruz, especializados en la búsqueda de desaparecidos, denunció que tras una reciente visita a estos espacios, constataron que «se vive una crisis humanitaria».

«Lo que vimos en el área donde trabajan los forenses es una imagen desgarradora  de la situación aterradora que vivimos. Los cuerpos están en el suelo, dentro de bolsas, pero es indistinto saber si es basura o restos humanos, el salón donde está la plancha que utilizan los forenses copado de osamentas colocadas en todas las superficies», dijo la entrevistada, respecto a un recorrido el pasado martes en Periciales de Xalapa.

«El área común llena de cajas y bolsas con restos…debajo de un techo en un área que parece haber sido un estacionamiento, no tiene paredes, la caja del trailer refrigerada llena de bolsas con restos, un toldo de los que se utilizan en la plaza cubriendo mesas llenas de huesos».

En esa área, dijo, se encuentran 337 cadáveres, 267 fueron rescatados de diversas fosas clandestinas localizadas entre agosto del 2016 y mayo del 2017 en el predio conocido como Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz, que ha sido escenario constante de enfrentamientos entre Cártel de Jalisco Nueva Generación y Los Zetas.

Los otros 70 cuerpos, han sido llevados de distintos puntos del estado, en donde se han localizado fosas clandestinas o son víctimas de ejecuciones que no han sido identificados.

La madre activista, que busca a su hijo de nombre Guillermo Lagunes Díaz, desaparecido violentamente en junio de 2013, dijo que los servicios forenses del puerto de Veracruz «también están hasta el tope».

En esa ciudad, incluso, ya existe una sanción por parte de las autoridades sanitarias, ya que mantenían los cadáveres expuestos al medio ambiente y sus malos aromas contaminaban el aire, causando molestias a los vecinos y en escuelas de la zona.

«Y en Córdoba -otra importante ciudad de Veracruz- el frigorífico descompuesto, no saben qué hacer con los cuerpos que encontraron, sólo cinco».

«Servicios Periciales  -del estado de Veracruz- se encuentra rebasado desde antes que llegara esta administración y se le hizo saber al gobernador como al nuevo fiscal, que Veracruz no estaba preparado para la terrible emergencia humanitaria que se ha presentado con esta espiral de violencia e inseguridad en la entidad», dijo Lucí Díaz.

Luci Díaz indicó que hay la necesidad urgente de que en Veracruz, con el apoyo de los municipios, operen panteones ministeriales, a donde colocar los cadáveres debidamente registrados

Sin embargo, esta iniciativa ha encontrado poco interés en las autoridades que alegan carencia de recursos.

Con este tipo de panteones, dijo, se evitarían casos el de la estudiante Gemma Mávil Hernández, secuestrada en 2011 en la ciudad de Xalapa, cuyo cadáver fue localizado en la vía pública por las autoridades, sin embargo, se le realizó un mal procedimiento de embalaje y sepultura en una fosa común, por lo que su familia lleva años luchando, incluso con denuncias penales y peticiones a organizaciones internacionales, para encontrarla rastrearla en los cementerios.

«Mi hija fue víctima de la delincuencia y después, del gobierno, las autoridades participaron en la desaparición de su cadáver, que ya había sido localizado, pero hicieron todo mal. Se dispuso del cadáver de mi hija y no se sabe dónde se la llevaron y con qué fin».

Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicado este año, refiere que es el estado de Veracruz el de mayor número de víctimas de desaparición forzada y fosas clandestinas, y que entre 2007 y mediados del 2016, se habían rescatado 578 cadáveres que habían sido sepultados clandestinamente.

Datos del Secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubican al estado de Veracruz entre los cinco más violentos de México, y se contabilizan 488 homicidios dolosos. Datos de la misma Fiscalía, indican que menos del dos por ciento de esos delitos, se han consignado con algún detenido o presunto sospechoso.