Xalapa, Ver.- Por presentar rebase en los topes de gastos de campaña, la alianza PAN-PRD puso en riesgo sus victorias en 25 municipios veracruzanos.

Una de esas victorias es la de Fernando Yunes Márquez –hijo del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares– para la Alcaldía de Veracruz.

Según dictámenes de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), 25 de los 107 abanderados de la alianza que ganaron el 4 de junio, en Municipios como Boca del Río, Tuxpan y Fortín, sobrepasaron el límite de erogaciones permitidas.

El panista Yunes Márquez rebasó en 25 por ciento el tope de gastos, pues en su campaña erogó 6.06 millones de pesos. El límite era de 4.8 millones.

Originalmente el senador con licencia e hijo del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, reportó a la autoridad electoral un gasto de 4.2 millones de pesos.

Sin embargo, el INE detectó que el panista no reportó 81 mil 517 pesos en producciones de radio y televisión; así como 1 millón 706 mil pesos pagados a representantes de casilla.

Los dictámenes de la UTF, que aún deben ser aprobados el próximo viernes por el Consejo General del INE, señalan que, en Boca del Río, el candidato de la coalición entre el sol azteca y el blanquiazul, Humberto Alonso Morelli, rebasó el tope de gastos en 3.49 por ciento.

En un inicio, Alonso Morelli, quien desempeñó cargos en el Municipio durante la gestión del actual Edil, Miguel Ángel Yunes Márquez, declaró haber gastado 1 millón 70 mil pesos.

La UTF, no obstante, acreditó que erogó en total 1 millón 373 mil pesos, mientras que el tope en la localidad fue de 1 millón 327 mil pesos.

Alonso Morelli, indican los documentos del INE, omitió reportar 22 mil 297 pesos en pagos de spots y 281 mil pesos en pagos a representantes de casilla.

Con 1.58 millones de pesos de gasto final, en Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, superó en 31 por ciento el tope de gastos establecido en el Municipio, que fue de 1.2 millones de pesos.

En Fortín, Antonio Mansur gastó 560 mil 675 pesos, por lo que superó en 8.2 por ciento el tope de gastos, el cual fue de 518 mil 90 pesos.

Los otros 21 municipios donde la alianza AN-PRD ganó y rebasó el límite de gastos fueron Sochiapa, Chontla, Tuxtilla, Tlilapan, Ixmatlahuacán, Lerdo de Tejada, Ixhuacán de Los Reyes, Tecolutla, Zontecomatlán, Ixtaczoquitlán, Oluta, Misantla, Landero y Coss, Cosamaloapan, Naolinco, Castillo de Teayo, Villa Aldama, Cuichapa, Tenochtitlán, Tepetzintla y Tenampa.

Aunque la coalición PAN-PRD no ganó en Xalapa, Soconusco, Amatitlán, Cerro Azul, Chimameca, Comapa, El Higo, Vega de Alatorre, Otatitlán, Tampico Alto y Coetzala, también ahí sus candidatos rebasaron el tope de gastos.

Xalapa, Ver.- La audiencia intermedia para resolver la situación jurídica de Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública; Alejandro Contreras Uscanga y Roberto Esquivel Hernández, colaborador y socio, respectivamente, fue pospuesta, pues nuevamente no se presentaron los dos últimos, argumentando problemas de salud.

Este lunes se llevaría a cabo la audiencia para solicitar la etapa de juicio al ex colaborador de Javier Duarte de Ochoa, toda vez que ya venció el plazo para la investigación complementaria, incluso desde el mes de mayo.

Bermúdez Zurita está vinculado dentro de la causa penal 221/2016, desde el 11 de noviembre de 2016, por existir pruebas de la comisión de los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.

En ese sentido, la Fiscalía General del Estado (FGE), tiene listas ya las pruebas contra el ex secretario y sus cómplices, consistentes, entre otras cosas, en actas de nacimiento, de matrimonios y de constitución de empresas.

Con ellas se pretende demostrar la relación entre Bermúdez Zurita y Roberto Esquivel, con las 21 empresas a las que se le otorgaron contratos desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por al menos 91 millones de pesos y los lazos de parentesco.

Esto, derivado de que Esquivel Hernández ha fungido tanto como comisario, socio y apoderado legal en cada empresa beneficiada por la SSP.

Durante el poco tiempo que duró la audiencia, la defensa exhibió una constancia notarial o fe de hechos, en la que se plasmó cada mal que aqueja a los dos involucrados que llevan el proceso en libertad.

Sin embargo, dado que las audiencias no se pueden llevar a cabo sin las partes, la ausencia de los dos involucrados, más que obrar en su beneficio, lo hace en perjuicio, pues la etapa de juicio, previa a la sentencia, sigue retrasándose.

La juez de control Estrella Iglesias Gutiérrez otorgó diez días para el descubrimiento probatorio, es decir, para que la defensa y la FGE se impongan de las pruebas de la parte contraria y puedan objetarlas.

Cabe destacar que este procedimiento marca prácticamente el inicio de la etapa de juicio oral, con miras a dictar la primera de las sentencias contra los duartistas actualmente presos o con un proceso penal abierto.

Para Bermúdez Zurita y sus cómplices, la FGE está solicitando la pena máxima.