Xalapa, Ver.- Además del desfalco de 82 millones de pesos que implica la construcción de la Torre Pediátrica del puerto de Veracruz, su estructura representa un serio peligro para la población, pues las tuberías de oxígeno del lugar no fueron resguardadas y han sido invadidas por el polvo, bacterias y plagas.
De acuerdo con un dictamen en poder de la Fiscalía General del Estado (FGE), revelado en la audiencia de vinculación a proceso de César Augusto Morando Turrent, se estableció que no solo se usaron materiales de mala calidad en su construcción, sino que no se tuvo el cuidado necesario para resguardar equipos tan delicados como las tuberías de oxígeno, lo que significa un riesgo a la salud.
En una audiencia que duró más de cinco horas, se evidenció que la mala calidad de los materiales utilizados significarían un gasto extra al Estado por 82 millones de pesos para hacer las adecuaciones necesarias, pues a la fecha incluso resulta peligrosa de acuerdo con especialistas.
La juez Alma Aleida Sosa Jiménez determinó invalidar los argumentos de la defensa y vinculó a proceso al empresario, administrador de la empresa Gran Marca Proyectos S.A de C.V., acusado de autor material en el delito de fraude específico y concedió seis meses para realizar las investigaciones complementarias.
En la audiencia fueron expuestos diversos peritajes presentados por los fiscales, en lo que se establece que los ascensores no sirven, toda la fachada debe ser cambiada por la mala calidad de los materiales, el piso especial utilizado en las áreas de hospital se ha cuarteado, los plafones no fueron bien colocados, el aire acondicionado no sirve, y toda la tubería ya se encuentra contaminada.
Se resaltó que durante la pasada administración los ex secretarios de Salud Pablo Anaya, Juan Antonio Nemi Dib y Fernando Benítez Obeso, así como los ex contralores Iván López Fernández, Mauricio Audirac Murillo y Ricardo García Guzmán nunca realizaron ninguna auditoria a la Torre Pediátrica, hecho que permitió que se fuera construyendo con deficiencias y mala calidad.
De acuerdo con la FGE el edificio de la Torre Pediátrica, también llamado Hospital Infantil, necesita de una nueva fachada, reforzar diversas placas de su estructura, colocar distintos refuerzos así como demoler el noveno y décimo nivel, sin que se pueda habilitar un helipuerto a futuro.
La Fiscalía reiteró en que el proceso en contra de Morando Turrent derivó de la denuncia que presentó el secretario de Salud, Arturo Irán Suárez Villa, en la que además se exponen diversas inconsistencias desde el inicio y desarrollo de la obra mencionadas en la primera audiencia.
La constructora tampoco habría utilizado mano de obra confiable, ni instalado varias cabinas correctamente, así como el sistema de alimentación eléctrico, según consta en varios oficios y dictámenes que fueron presentados ante la juez.
Dichos documentos también exponen que en las modificaciones de los contratos en cuanto al plazo y monto para concluir el proyecto no se justificó debidamente el gasto.
Así, en una primera fase el gobierno del Estado pagó casi 241 millones de pesos y en una segunda adjudicación directa se estableció un nuevo pago por 187 millones de pesos, de los cuales 42 millones de pesos no fueron entregados por la administración estatal a Gran Marca Proyectos.
La actual administración de Miguel Ángel Yunes Linares determinó la recisión del contrato de la obra el pasado 8 de febrero de 2017, en encontrar malos manejos incluso en el uso de 110 millones de equipamiento en el segundo presupuesto total de 187 millones de pesos.
Por su parte, la defensa del empresario constructor intentó rebatir los argumentos de la Fiscalía afirmando que no existió dolo por parte de su cliente, además de que el proyecto tiene una póliza por 161 millones de pesos, es decir casi el doble del monto por el que se le acusa de fraude.
Así, los abogados insistieron en que existe la cantidad suficiente para cubrir el presunto fraude de 82 millones del cual se acusa a su cliente.
Reiteraron que la empresa propiedad de César Augusto Morando Turrent todavía le adeudan cerca de 42 millones de pesos de estimaciones, que la Secretaría de Finanzas y Planeación no ha pagado, de ahí que no debería haber un daño patrimonial de 82 millones por una obra que todavía ni siquiera es liquidada al 100 por ciento.
