Venezuela.- Los casi tres meses de protestas contra el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro han dejado hasta el momento 86 muertos, informó hoy la Fiscalía General.
Cuatro personas murieron a tiros en el estado de Lara, en el occidente de Venezuela, lo que elevó a 86 el número de víctimas mortales en casi tres meses de protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El Ministerio Público dijo que comisionó a tres fiscales regionales para aclarar los hechos ocurridos el viernes pasado, en los que murieron Rubén Morillo (33 años), Fernando Rojas (49), José Gregorio Mendoza Durán (44), y Ramsés Enrique Martínez (20). Además, confirmó que en los hechos hubo varios heridos.
Fuentes del oficialismo afirmaron que Martínez era miembro de un grupo político de su línea y que murió de un tiro mientras despejaba una barricada en una calle en la ciudad de Barquisimeto, capital de Lara.
El gobernador de Lara, el opositor Henri Falcón, acusó al gobierno de Maduro de los hechos, debido a que permitió que actuaran grupos civiles armados contra los manifestantes.
«Cuatro asesinatos el viernes, otras siete personas con heridas graves, producto de los daños que causaron grupos paramilitares», afirmó.
A su vez, el oficialismo acusó al alcalde de Barquisimeto, el opositor Alfredo Ramos, de haber propiciado la violencia.
Las protestas contra el gobierno están por cumplir tres meses. Comenzaron el 4 de abril, luego que la mayoría opositora de la Asamblea Nacional (Congreso) acusó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de haber dado un golpe de Estado al despojarla de sus atribuciones legales con dos sentencias.
En la jornada, la oposición realizó una manifestación en Caracas para manifestar su apoyo a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien se ha enfrentado al gobierno y está bajo amenaza de ser destituida por el TSJ.
La concentración se realizó en el este de la ciudad, donde la oposición también llamó a impedir la elección el 30 de julio de los 545 miembros de una Asamblea Constituyente que convocó el presidente Maduro para reformar la Carta Magna.
La diputada Delsa Solórzano señaló que el objetivo de la concentración era mostrar apoyo a la Fiscalía General como institución, no a la fiscal como persona.
“No se trata de defender a Luisa Ortega Díaz, sino a la Fiscalía, que es una institución que se necesita para defender a Venezuela”, recalcó.
En tanto, un helicóptero de la policía judicial que fue secuestrado y atacó dos sedes del poder venezolano prendió las alarmas esta semana dentro de la prolongada crisis política del país, durante la cual se profundizó el choque entre el Ejecutivo y la fiscal general Luisa Ortega Díaz.
El presidente Nicolás Maduro denunció el atentado como un “intento terrorista y golpista”, que algunos pensaron que podría ser un alzamiento de la Fuerza Armada.
El hecho ocurrió mientras Maduro entregaba un premio por la celebración del día del periodista, el martes, cuando todos los focos apuntaban al acto.
La aeronave fue secuestrada por el piloto Óscar Pérez, un agente con más de 15 años en la policía, además de ser buzo, paracaidista y actor, quien hace dos años protagonizó la película “Muerte suspendida”.
El ataque contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio del Interior no dejó víctimas.
De acuerdo a la versión oficial, en su incursión disparó 15 veces y lanzó cuatro granadas, de las cuales una no estalló.
El helicóptero fue encontrado horas después abandonado en un sector de la región costa de Vargas, mientras el piloto sigue prófugo, con una orden de detención con código rojo a la Interpol.
El gobierno vinculó a Pérez con el exministro del Interior Miguel Rodríguez Torres, a quien acusa de formar parte de un complot y para descalificarlo lo acusó de tener lazos con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
El viernes, Maduro llamó al pueblo a cooperar en la captura del piloto rebelde, que para su sobrevuelo colgó en la aeronave una pancarta que decía “libertad” y 350, por el artículo de la Constitución que llama a desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que viole las garantías democráticas y los derechos humanos.
