Xalapa, Ver.- Para fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción con la participación de los diversos actores sociales de la entidad, la LXIV Legislatura, a través de la diputada María Elisa Manterola Sainz, recibió por parte de integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), encabezados por el presidente de esta organización en Xalapa, Luis Sánchez Ávila, una propuesta de ley en la materia.

Al recibirlos en las instalaciones del Congreso de Veracruz, la legisladora Manterola Sainz explicó que la actual Legislatura prevé al Parlamento Abierto como una herramienta para la toma de decisiones de Gobierno, por lo que se escuchan las voces de todas y de todos en el análisis de leyes o decretos.

Ante la presencia de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, refirió que en breve el Pleno de la Legislatura votará las reformas constitucionales en materia anticorrupción para Veracruz y a partir de ello se harán las adecuaciones para homologarla a la disposición federal.

Sostuvo que ha sido un trabajo de análisis a detalle a fin de evitar errores como los de la anterior administración y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) corrigió. De esta manera se prevé las disposiciones relativas al Fiscal Anticorrupción, las atribuciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, así como los nombramientos de los titulares de los órganos de control, entre otros, añadió.

Dijo que la LXIV Legislatura mantiene su disposición al diálogo con los diversos actores sociales y la ciudadanía en general, porque para recuperar la confianza de los veracruzanos hacia las instituciones del Estado es necesario abrir los canales de comunicación, así como escuchar e incorporar sus propuestas.

Coparmex ofreció su apoyo para trabajar en la creación del andamiaje jurídico que permita un verdadero sistema estatal anticorrupción. De igual forma solicitaron que la creación del Comité de Participación Ciudadana del sistema anticorrupción sea conforme a principios de igualdad e inclusión.

Acudieron a la audiencia con la diputada María Elisa Manterola, los integrantes de Coparmex en Veracruz AdrianMaynes García, Alejandro Gómez Barquín, Ignacio Reyna Carrera, Ramón Pineda de la Rosa, María Eugenia Pérez Herrera, Manuel Liaño Carrera, Alaodin Nieto Solana, Carlos Méndez Main y Mary Carmen Romero Lara, así como el Director General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, Bernardo Margarito Téllez Juárez.

Xalapa, Ver.- La diputada local, Mariana Dunyaska Rojas, justificó que se hayan despedido al menos 16 trabajadores, al afirmar que no hay espacios para mantener una plantilla laboral tan grande.

Afirmó que desde que entró la actual Cámara se está buscando dar certeza laboral a los trabajadores y validar los años que tiene al servicio del poder legislativo. No contamos con las plazas, huno una plática en la que se buscó la negociación y hoy esta esto ya dialogándose en tribunales y tendrá que tutelarse los derechos que les asisten.

Descartó que se pueda dar más despidos en breve, a pesar de que los propios trabajadores afirman que la cifra llegará a 100 personas despedidas.

Xalapa, Ver.- Juez de control Alma Aleida Sosa Jiménez dictó un año de prisión preventiva a César Augusto Morando Turrent, por el delito de fraude en agravio del Estado de Veracruz, por un monto de 72 millones 585 mil pesos.

Morando Turrent, secretario general de la empresa Gran Marca Proyecto S.A. de C.V., estuvo a cargo de la edificación de la Torre Pediátrica en el puerto de Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte.

La Fiscalía General del Estado imputa fraude al detectar fallos que han derivado en un agravio a las arcas públicas.

El origen de la denuncia en su contra, fue por la utilización de mano de obra y materiales de mala calidad en la construcción, que obligó al gobierno estatal a demoler los pisos 9 y 10, así como reforzar la estructura de la planta baja, y de los pisos 1 y 2, trabajos que costaron dicho monto y se originó el fraude.

El constructor fue detenido este martes en Boca del Río y aunque su defensa intentó revocar la detención, finalmente quedó legalizada.

En la imputación la Fiscalía argumenta que su actuar fue doloso debido a que sabía que la obra estaba mal hecha y lo toleró.

En su defensa, el constructor señaló que el dinero para iniciar los trabajos salió de su bolsillo, pues el gobierno de Javier Duarte no le dio anticipo alguno, además acusó que el supuesto dictamen de la obra es tendencioso, pues no había necesidad de demoler piso alguno sino solamente reforzar las estructuras metálicas de la obra.

Además dijo que la acusación en su contra, es porque se negó a aceptar las condiciones para rescindirle el contrato por parte de los secretarios de Salud y Obras, Arturo Irán Suárez Villa y Julen Rementería del Puerto.

 “A mí me acusan de fraude, pero deberían estar investigando del otro lado el daño patrimonial, porque esas obras de demolición y de supuesta reparación, las asignaron de manera directa ellos (Irán Suárez y Julen Rementería), sin ni siquiera informarme cuáles eran los trabajos mal hechos”, añadió.

César Augusto Morando Turrent relató que hubo un intento de coacción por parte de los funcionarios yunistas, quienes le pidieron aceptara rescindir el contrato y aceptar cierto pago por las obras realizadas, sin embargo él se negó.

A partir de entonces, dijo que de un día para otro fue notificado que le habían rescindido el contrato de manera unilateral, razón por la cual presentó un juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso y Administrativo que ya le ganó al Gobierno de Veracruz.

De igual forma, acusó que las administraciones de Fidel Herrera Beltrán y Duarte de Ochoa, no le entregaron un solo peso de anticipo, y fue la empresa la que absorbió todos los gastos.

El constructor hizo un relató de cómo desde el año 2010 inició la construcción de esa obra, la cual tuvo que detener cuando se acumularon 42 millones de pesos de adeudo por parte del gobierno estatal durante el sexenio de Javier Duarte, “porque me dijeron que no había recursos”.

En una de las modificaciones del contrato, el Gobierno de Veracruz se comprometió a saldar los adeudos, y luego de eso reanudó los trabajos hasta que nuevamente se generó un adeudo ahora por 35 millones de pesos que no le han querido liquidar.

Recordó que un día fue citado en la Torre Pediátrica donde ya lo esperaban los secretarios de Salud e Infraestructura, quienes iban acompañados de un notario público y ahí le hicieron saber que le habían rescindido el contrato y querían saber las condiciones en que estaba la obra.