Xalapa, Ver.- Luego de correr a más de 200 cadetes en días pasados, el ex director de la Academia Estatal de Policía, Julio César Sosa Miros se convirtió en el primer funcionario de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares en ser investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Lo anterior por su presunta responsabilidad en delitos como desvío de recursos, incumplimiento de un deber legal y otros que pudieran serle acreditados.
Por esta razón, el ahora ex funcionario yunista, promovió el juicio de amparo 689/2017 ante el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito, en contra de cualquier acción que pudiera ejercer en su contra la Fiscalía a cargo de Jorge Winckler Ortiz.
Sin embargo, hasta el momento no se le ha otorgado la suspensión provisional a Julio César Sosa Miros, porque el juez federal de declaró impedido legalmente para resolver este asunto, debido a que sostiene una estrecha relación de amistad con el fiscal Luis Manuel Lara Hernández, que ocupa el cargo de la autoridad responsable Titular de la Fiscalía Séptima Especializada en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y cometidos por Servidores Públicos, con sede en esta ciudad, quien es el encargado de la carpeta de investigación contra el ex director de la Academia Estatal de Policía.
Con el objetivo de que su juicio pudiera verse favorecido o nublado, decidió no atender el juicio de amparo promovido por el ex funcionario, para que sea otro juzgado federal el encargado de resolverlo en consecuencia.
Cabe recordar que Julio César Sosa Miros fue removido por el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, al acusarlo de haber violentado los derechos humanos de los cadetes, quienes se manifestaron en las instalaciones de la Academia.
Hace algunas semanas, los cadetes aspirantes a policías, se manifestaron cuando fueron notificados que habían causado baja y que nunca podrían ser considerados como elementos policíacos, razón por la cual pidieron el pago de la beca a la que tenían derecho pero les fue negado.
Además los cadetes se quejaron por la rigidez de las autoridades de la academia, a quienes acusaron de no permitirles salir y de no haber recibido atención médica ni medicamentos cuando varios de ellos enfermaron.
El 14 de junio, los inconformes denunciaron presuntos atropellos de los directivos y la noche del día siguiente, al menos 185 de ellos recibieron la notificación de que no habían sido aceptados para ingresar a la policía, por lo que debían salir inmediatamente de la academia.
Los cadetes señalaron que muchos de esperaban los incentivos económicos a los que ya se habían hecho acreedores, además de que carecían de recursos para regresar a sus lugares de origen.
