Xalapa, Ver.- Para agilizar el proceso legislativo y la publicación de una ley en la Gaceta Oficial del Estado, el grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Congreso local propuso una iniciativa de reforma al artículo 36 de la Constitución Política del Estado para establecer disposiciones a fin que las leyes o decretos surtan sus efectos a la brevedad.

Durante la décima sesión ordinaria, del primer año de labores, el diputado Carlos Antonio Morales Guevara presentó la iniciativa que indica que se considerará aprobado por el Ejecutivo la ley o decreto no devuelto con observaciones totales o parciales al Congreso dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción.

Al término de este plazo, si no hubiere observaciones, el Ejecutivo deberá mandar a publicar la ley o decreto dentro de los tres días hábiles siguientes. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerada promulgada y el Presidente del Congreso ordenará inmediatamente su publicación en la Gaceta Oficial.

Los plazos a que se refiere el presente párrafo no se interrumpirán si el Congreso hubiere cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Diputación Permanente.

La ley o decreto devuelto con observaciones formuladas por el Ejecutivo será discutido nuevamente por el Congreso en un plazo no mayor a quince días, contado a partir de su recepción. En este debate podrá intervenir el Ejecutivo para motivar y fundar las observaciones y responder a las cuestiones que sobre el particular formulen los diputados.

Si la ley o el decreto son confirmados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, será reenviado al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

Si las observaciones del Ejecutivo contuvieren una propuesta modificatoria a la ley o decreto, el Congreso podrá aprobarla con la misma votación señalada en el párrafo anterior.

En tribuna, el diputado subrayó  que las normas relativas al proceso legislativo deben garantizar el respeto entre poderes, ya que esta Soberanía aprueba la creación, reforma o supresión de leyes de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía y a las condiciones económicas, sociales y políticas que la época demanda.

Manifestó que las sociedades modernas basan su organización política en la división de poderes, a partir del modelo inspirado por el enciclopedismo francés, los movimientos sociales y las repúblicas constituidas a finales del siglo XVIII, como un mecanismo para evitar la concentración unipersonal de facultades que en antaño degeneraron en absolutismos.

Para su estudio y dictamen, esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Xalapa, Ver.- La diputada Mariana Dunyaska García Rojas presentó la iniciativa que reforma el artículo 1 y adiciona el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley de Fomento al Empleo del Estado de Veracruz cuyo objeto es otorgar incentivos fiscales a los empleadores que reconozcan la experiencia e invaluables capacidades de personas de entre 40 y 60 años de edad al contratarlos con un salario digno y justo.

Durante la décima sesión ordinaria, del primer año de labores de la LXIV Legislatura y a nombre del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) la diputada García Rojas expuso que con esta reforma se pretende evitar la discriminación laboral que sufren las personas a partir de 35 años de edad.

De esta manera se pretende otorgar incentivos fiscales a los empleadores que contraten a personas de 40 a 60 años de edad exentando el pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. Cabe mencionar que el beneficio será aplicable para los trabajadores que perciban diariamente 12 veces el salario mínimo vigente en la zona donde fueron contratados.

La legisladora puntualizó que de acuerdo a la Asociación Mexicana por la No Discriminación Laboral por Edad o Género (AND-LEG) señala que el 90 por ciento de las empresas dejan fuera a las personas mayores de 35 años de edad, sin contar la experiencia ni el perfil académico con el que se cuente.

Mientras tanto la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo reconoce que las personas entre 35 y 55 años gozan de salud óptima para desempeñar las funciones que le sean encomendadas y cuentan con experiencia profesional que resulta benéfica para el empleador.

García Rojas abundó en que Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de 2014 estableció que el considerar el rango de edad para desempeñar un puesto de trabajo es una acción discriminatoria y limitante de los derechos laborales.

En razón de ello se propuso que al artículo 1 de la Ley de Fomento al Empleo quede de la siguiente manera, las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en todo el territorio veracruzano y tienen por objeto incentivar, sin distinción de género, la contratación de jóvenes entre 14 y 29 años de edad, así como de recién egresados de universidades, tecnológicos, colegios de bachilleres y demás centros de preparación académica, sin que en ningún caso hayan causado previamente alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

También son sujetos de esta Ley los adultos mayores a 50 años no pensionados ni jubilados y las personas discapacitadas, así como toda persona discriminada laboralmente por razón de la edad.

Por otro lado el artículo 6 quedará de la siguiente forma, “si la contratación es a un trabajador de reciente ingreso con edad entre los 40 y 60 años de edad, la exención se extenderá a aquellos que perciban hasta el doble de los salarios mínimos”

La diputada invitó a que las empresas eviten la discriminación laboral y valoren la experiencia y habilidades de toda persona que solicite el trabajo sin importar la edad.

La iniciativa fue turnada a las Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social para su desahogo y análisis.

Xalapa, Ver.- Para sancionar el actuar irregular de los servidores públicos responsables de las relaciones laborales, cuando realicen u ordenen un despido injustificado, en perjuicio tanto del trabajador al no respetar sus derechos y los procedimientos consignados en la legislación laboral, como de la hacienda pública, el grupo legislativo del PRI en el Congreso del Estado propuso adicionar el artículo 317 Bis al Código Penal del Estado.

Durante la décima sesión ordinaria, del primer año de labores, el diputado Juan Nicolás Callejas Roldán presentó la iniciativa en la que –explicó- es necesario plantear la responsabilidad penal de los servidores públicos que en el desempeño de su cargo o función, sin cumplir los procedimientos laborales, incurran en actos u omisiones que deriven en despidos injustificados, previa declaración del Tribunal correspondiente.

El legislador subrayó que en los últimos años, las haciendas públicas se han visto afectadas gravemente como resultado de laudos condenatorios recaídos en múltiples demandas laborales en contra de ayuntamientos y de dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Dijo que de acuerdo con cifras difundidas por magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se estiman adeudos en esa materia por más de 2 mil millones de pesos, cantidad que representa el 3 por ciento del Producto Interno Bruto Estatal y el 67.4 por ciento de los ingresos totales de los gobiernos municipales.

Enfatizó que este problema se ha generado, entre otras causas, por despidos injustificados motivados por revanchismos políticos y por actos sin apego a los procedimientos establecidos en la legislación laboral aplicable.

Refirió que la Ley Federal del Trabajo y la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz establecen con precisión los procedimientos que deben agotarse para rescindir o cesar a un trabajador, lo cual es una obligación para el patrón y un derecho para el trabajador. Sin embargo –añadió- dichos procedimientos no se aplican en muchos casos, generando con ello despidos numerosos y juicios laborales, e inclusive administrativos, y una gran cantidad de resoluciones condenatorias.

La consecuencia de lo anterior es una afectación a la sociedad, pues al pagar grandes cantidades de dinero por concepto de laudos, las entidades públicas dejan de cumplir con su fin primordial, que es proporcionar obras y servicios públicos a los ciudadanos, considerando que la razón de ser de las instituciones públicas es servir al desarrollo de la sociedad.

En el tema de los despidos  injustificados, nos encontramos ante el supuesto jurídico de un acto arbitrario por parte de la autoridad, que con su actuar le causa un perjuicio tanto a la entidad pública,  poniendo en riesgo sus recursos, como a los trabajadores injustamente despedidos, por no observar las normas que regulan las relaciones laborales, concluyó.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente.

Xalapa, Ver.- La diputada Daniela Guadalupe Griego Ceballos presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado que tiene como objetivo establecer en la legislación la obligación de que exista el otorgamiento de salarios iguales a mujeres y hombres por trabajos iguales, desempeñados en eficiencias idénticas, puestos y jornadas iguales, dentro de la administración pública estatal y municipal, poderes Legislativo y Judicial, en los órganos autónomos, así como en los ámbitos social y privado.

Durante la décima sesión ordinaria, del primer año de labores, la integrante del grupo legislativo de MORENA presentó la propuesta que también incluye establecer el principio de paridad de género en la conformación de la planta laboral de la administración pública estatal y municipal, sin ambigüedades, y sin redacciones confusas o que consientan el desentendimiento de las autoridades.

En su iniciativa, la legisladora prevé incluir la disposición relativa a que tanto hombres como mujeres tendrán la tarea compartida del cuidado de los niños, personas de la tercera edad, personas enfermas y el trabajo doméstico. De igual manera, con una redacción clara y contundente, que no dé pie a  subterfugios legales.

La diputada Daniela Griego manifestó que se patentiza la importancia de avanzar en materia de igualdad económica y laboral, con especial énfasis en la igualdad salarial entre mujeres y hombres.

Recordemos –indicó- que nos encontramos, según el Informe Global de Género, a tan sólo dieciséis lugares del último lugar en materia de igualdad salarial en el mundo, considerando para este ranking, a 144 países.

Dijo que de acuerdo al Consejo Nacional de Población, México cuenta con una población de más de 121 millones de personas, de las cuales el 51.2 por ciento son mujeres y el 48.8 por ciento restante son hombres. “A pesar de ser la mayoría poblacional, y de que su participación laboral se ha triplicado en los últimos 30 años, la brecha salarial entre mujeres y hombres sigue siendo amplia”.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente para la Igualad de Género para su estudio y dictamen correspondiente.

Xalapa, Ver.- La diputada María del Rocío Pérez Pérez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado para indicar que las autoridades educativas estatales y municipales, además de desarrollar programas con perspectiva de género, para otorgar becas preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación; deberán brindar apoyos económicos prioritarios a los estudiantes con alguna discapacidad o trastorno por nacimiento, enfermedad o accidente.

Durante la décima sesión ordinaria, del primer año de labores, la diputada de MORENA explicó que todas aquellas personas con capacidades diferentes que deseen estudiar deben tener algún apoyo o incentivo con el objetivo de apuntalar a su economía, y puedan costear transportes, y cubrir otras necesidades que contraen el asistir a un centro educativo.

En su exposición de motivos, la diputada enfatizó que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación.

Las deficiencias –indicó- son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales.

Las personas que tenían algún tipo de discapacidad en el país eran 5 millones 739 mil 270, lo que representa 5.1 por ciento de la población total a nivel nacional, todo esto al año 2010 según el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En Veracruz las personas que tienen algún tipo de discapacidad asciende a los 315 mil 110 habitantes según INEGI 2010, expuso.

María del Rocío Pérez detalló que para atender a la mayor parte de los menores de edad discapacitados en el Estado de Veracruz, existen 181 Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER), distribuidos en 83 municipios. De los cuales, Xalapa es el municipio que más unidades tiene con un total de 25.

La Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular es la instancia técnico- operativa y administrativa de apoyo a la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, integrados a las escuelas de educación básica mediante la orientación al personal docente y a los padres de familia, refirió.

También existen en el Estado de Veracruz los denominados Centros de Atención Múltiple (CAM), que tienen como propósito general brindar atención educativa y/o formación para el trabajo al alumnado con discapacidad severa, múltiple o con trastornos generalizados del desarrollo, que requieren de ajustes razonables a fin de reducir las barreras para el aprendizaje y la participación en los contextos familiar, escolar, laboral y social.

Su iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura para su estudio y dictamen correspondiente.

Xalapa, Ver.- Para garantizar a la ciudadanía el acceso libre a la información, como un medio para otorgar herramientas legales a la participación ciudadana y dar certeza igualmente a la sociedad acerca del uso de los recursos públicos de manera adecuada y ética, el diputado Rogelio Arturo Rodríguez García presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado.

Durante la décima sesión ordinaria, del primer año de labores, el diputado de MORENA presentó su propuesta legislativa que tiene como objeto establecer que todo servidor público deberá proporcionar, en forma oportuna y veraz, la información y datos solicitados por la Legislatura del Estado, por sus órganos o directamente por los diputados; así como por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que puedan cumplir con las facultades y atribuciones que les correspondan.

También deberán recibir las promociones que les sean presentadas en forma escrita y respetar el derecho de petición de los particulares en los términos de la Constitución Política del Estado; así como respetar el derecho de acceso a la información pública en los términos de la Ley de la materia.

Por otra parte la iniciativa contempla que el servidor público deberá abstenerse  de utilizar vehículos oficiales fuera del horario de trabajo del servidor público o en actividades distintas a las que requiere la naturaleza del empleo, cargo o comisión respectiva.

Al detallar su iniciativa, el diputado Rogelio Arturo Rodríguez consideró lamentable que aún sea frecuente el actuar de varios servidores públicos que vulneran los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, como el de petición y el de acceso a la información pública.

“Queda claro que ambos cumplen un valor fundamental, ya que por medio de estos se puede tener acceso al conocimiento de las disposiciones gubernamentales, evaluar si la autoridad cumplen con las leyes, y el objetivo social de su función” agregó.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación para su estudio y dictamen correspondiente.

Xalapa, Ver.- El diputado Fernando Kuri Kuri, coordinador del grupo legislativo Juntos por Veracruz, presentó una iniciativa de reforma a las Leyes de Planeación del Estado y Orgánica del Municipio Libre para establecer que los Consejos para el Desarrollo Metropolitano del Estado promoverán la elaboración de programas sectoriales de desarrollo, mismo que serían remitidos al Congreso del Estado para su aprobación.

Durante la décima sesión ordinaria, del primer año de labores, el diputado Fernando Kuri explicó que la entrega de estos programas sectoriales al Congreso del Estado deberá ser en los primeros seis meses de iniciado el periodo de los ayuntamientos. Estos documentos serán considerados como el documento base para la presupuestación con recurso estatal de obras de carácter metropolitano.

Por otra parte se dota a los ayuntamientos de competencia, para que, por convenio entre ellos, puedan desarrollar un Plan de Desarrollo de la  Zona Metropolitana en la que se encuentran y sean los Ayuntamientos directamente los que promuevan la planeación de estas zonas y así garantizar un mayor desarrollo social y económico en beneficio de sus habitantes.

El legislador aseguró que Veracruz es la entidad federativa con más zonas  metropolitanas del país, “sin embargo, son también nuestras zonas metropolitanas las que menos recursos reciben, tanto federal como estatal, para la construcción de la infraestructura regional”, abundó.

Esta iniciativa –a la que se adhirió el diputado del PAN, José Manuel Sánchez Matínez- fue turnada a la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal para su estudio y dictamen.

-Mayor capacitación del Nuevo Sistema de Justicia Penal-

Al pronunciarse sobre el nuevo sistema de justicia penal, el legislador Fernando Kuri subrayó que en Veracruz el problema que se enfrenta en la instrumentación de este nuevo sistema de justicia deriva de la incapacidad del personal para aplicarlo debido a la inadecuada capacitación recibida.

Dijo que los cursos que recibió el personal en las pasadas administraciones eran únicamente de una semana y eran teóricos, que no corresponden a la realidad que enfrenta en la práctica.

Destacó la importancia que la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, lleven a cabo un diálogo permanente, para evaluar qué está fallando en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales desde la perspectiva del personal operativo.

“Hay que capacitar para que haya buenos resultados y ésta debe ser una capacitación eficaz, no una simulación como la que hemos mantenido en la certificación de policías frente al nuevo sistema de justicia penal en Veracruz”, refirió.

Xalapa, Ver.- El diputado Isaías Pliego Mancilla presentó un anteproyecto de Punto de Acuerdo para exhortar al Organismo Público Electoral de Veracruz (OPLE) a partidos políticos y a candidatos independientes a retirar todo tipo de materiales y propaganda electoral correspondiente a las pasadas elecciones en los 212 Ayuntamientos, con el objetivo de evitar la contaminación visual y ambiental.

El legislador recordó que es obligación  de los actores políticos antes citados retirar en su totalidad cualquier tipo de propaganda electoral y de no ser así serían sancionados conforme al artículo 210 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que habla que la distribución o colocación de la propaganda electoral, misma que debe respetar los tiempos legales que se establecen para cada caso, su retiro o fin de su distribución deberá efectuarse tres días antes de la jornada electoral.

En tribuna subrayó que la cultura es una construcción social, por lo que al acatar las normas podemos transformar al Estado, colaborando a dejar un ambiente limpio tanto física y visualmente y no prolifere ningún tipo de contaminación.

“Retirar la propaganda electoral es sinónimo de respeto a la ciudadanía y al medio ambiente; significa respetar a los niños que van de la mano de sus padres, para que no construyan en sus horizontes de vida, la falsa idea de que toda la propaganda electoral convertida en contaminación visual que no recogemos, es parte de una llamada normalidad democrática”, señaló.

-Exige MORENA avances de la investigación de la agresiones que sufrió Gonzalo Vicencio Flores-

Asimismo Isaías Pliego, exhortó al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Jorge Winckler Ortiz para que integre la carpeta de investigación iniciada por los hechos ocurridos en contra del entonces candidato a presidente municipal de Chicontepec y Secretario General de MORENA, Gonzalo Vicencio Flores, quien en las elecciones pasadas fue agredido físicamente.

El diputado expuso que la violencia desatada en Veracruz no debe de seguir caminado bajo el manto de la impunidad, y menos aún, solapada desde cualquier espacio de representatividad política y del poder público. “Ya no hay tiempo para postergar la respuesta oportuna de la ley, hacerlo es permitir que la violencia termine siendo la única forma de comunicación permitida”, añadió.

En la tribuna, el legislador señaló que la comunidad de Xococatl un grupo de delincuentes, presuntamente comandados por el actual presidente municipal de Chicontepec, agredió a Gonzalo Vicencio, de lo cual consta en la carpeta de averiguación UIPJ/F1/196/2017, y que la Fiscalía del Estado da seguimiento.

La violencia política como forma de violencia se vuelve a presentar en la vida social, y desde el poder se instiga a grupos violentos a seguir su camino de destrucción. No hace falta decir que la violencia política se considera como “un acto de fuerza, intimidación o amenaza cuya finalidad de dañar a una persona o grupo, puntualizó Pliego Mancilla.

Ante ello el diputado solicitó que se tomen las acciones legales correspondientes y el caso no quede impune.

Xalapa, Ver.- La diputada Agueda Salgado Castro, del grupo legislativo de MORENA presentó un anteproyecto con punto de Acuerdo por el que se solicita la pronta y oportuna aplicación de estrategias integrales por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal, en el robo de hidrocarburos en el Estado, ya que dicha actividad está dañando considerablemente a los veracruzanos.

El robo de combustible mediante tomas clandestinas es una actividad que se está propagando a nivel nacional, subrayó la diputada del distrito de Coatzacoalcos II.

La legisladora dijo que a pesar de que hay una legislación federal que combate este tipo de actividades ilícitas, no hay avances ni se han disminuido los casos.

Informó que en días pasados en Las Choapas hubo una vez más un derrame de hidrocarburos que ante el fenómeno de las lluvias se acrecentó y perjudicó al medio ambiente.

Consideró como lamentable este tipo de derrames pues esto afecta la pesca y la agricultura, además del deterioro al medio ambiente que es irreversible.

La legisladora refirió que la gente que se dedica a actividades comerciales como la pesca y agricultura sufren grandes pérdidas económicas resultado de la práctica ilícita del robo de combustible que en ocasiones genera derrames, sin que las autoridades intervengan.

Xalapa, Ver.- El diputado Marco Antonio Núñez López presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al Instituto Metropolitano del Agua del Municipio de Veracruz y a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) con el objeto de que lleven a cabo las adecuaciones necesarias para garantizar el abastecimiento de agua dentro de los Municipios de Veracruz y Cosoleacaque, realizando una correcta gestión de sus redes, y se abstengan de suspender y por ende privar a los ciudadanos del derecho al acceso al vital líquido.

Durante la décima sesión ordinaria, del primer año de labores y a nombre del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) el diputado expuso que si bien en los ayuntamientos de Veracruz y Cosoleacaque hay redes de agua, lo cierto es que los organismos operadores no les dan el mantenimiento adecuado, aunado a que saturan las redes para abastecer varias zonas.

Puntualizó que las redes de agua existentes en estos municipios, actualmente son insuficientes para abastecer a la creciente población de manera eficiente, aunadas a la falta de mantenimiento adecuado y a la equivocada gestión, lo que ha producido a la fecha que los referidos ayuntamientos no den un cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas a su cargo.

Marco Núñez explicó que hay inconformidad ciudadana debido a que supuesto personal de la CAEV pretende obligar a la población a celebrar un contrato para el suministro de agua, contrato cuyo costo asciende a la cantidad de 800 pesos.

Sin embargo –añadió- quienes han optado por realizar el pago de los 800 pesos, no han recibido contrato alguno sino únicamente un recibo, y no se les ha reintegrado el servicio de agua de manera inmediata.

Dijo que el crecimiento demográfico en nuestra entidad, se ha dado con una velocidad impresionante en los últimos años, lo que ha producido que las autoridades estatales y municipales hayan sido rebasadas, en cuanto a sus obligaciones de garantizar y proporcionar los diversos servicios que deben dar a la ciudadanía.