Xalapa, Ver.- Los diputados del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron la iniciativa de reforma al artículo 68 de la Constitución Política del Estado con el objeto de considerar las candidaturas independientes para que participen en la integración de ayuntamientos y así tener derecho a la asignación de  regidurías por el principio de representación proporcional.

En la sesión de la LXIV Legislatura, el diputado Ángel Armando López Contreras señaló que en un hecho sin precedentes en la historia política y electoral de Veracruz, tres Ayuntamientos estarán encabezados por un servidor público que no fue abanderado por algún partido político.

Sin embargo –abundó- la Constitución Política local no prevé la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional a las candidaturas independientes, lo que contraviene lo ya resuelto por el Tribunal Electoral, y deja un vacío legal que puede no observarse en determinados momentos, si variaran los criterios jurisdiccionales vigentes.

La iniciativa prevé que en la elección de los ayuntamientos, el partido político  o la candidatura independiente que alcance mayor número de votos obtendrán la presidencia y la sindicatura.

Las regidurías serán asignadas a cada partido y a la candidatura independiente, incluyendo a aquel que obtuvo la mayor votación, de acuerdo al principio de representación proporcional, en los términos que señale la legislación del Estado.

Los agentes y subagentes municipales se elegirán de acuerdo a lo establecido por esta Constitución y La Ley Orgánica del Municipio Libre, la que señalará sus atribuciones y responsabilidades.

En el pasado proceso electoral –refirió el legislador- se presentaron 56 candidaturas independientes para ediles de los Ayuntamientos, registrando para tales efectos las planillas integradas por ciudadanos que aspiraban a obtener los cargos de Presidente Municipal y Síndico por el principio de mayoría relativa y de regidores por el principio de representación proporcional.

Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y la de Organización Política y Procesos Electorales para su estudio y dictamen correspondiente.

Xalapa, Ver.- Debido a que la violencia ejercida en el entorno familiar y en particular la violencia de género constituye un grave problema en la sociedad, el diputado Sergio Rodríguez Cortés presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado a fin de establecer que quien hubiese sido sancionado por este delito y reincidiera en el mismo, el juez podrá elevar las sanciones hasta el doble y determinar trabajo comunitario en favor de otras víctimas.

En la sesión, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) manifestó que un propósito de esta reforma es que este delito deba perseguirse de oficio sin distinción en la edad de la víctima.

La continua recurrencia en el uso de la violencia física o psicológica –indicó- nos permite tener claro que el sujeto activo del delito, es incapaz de adaptarse a la vida en familia o en pareja, pues su conducta arraigada no desaparecerá ante el hecho de que, eventualmente intervenga la autoridad.

Durante la décima segunda sesión, el diputado refirió que el maltrato se presenta muchas veces como un espiral creciente de violencia que se alimenta ante la pasividad o inadecuada respuesta de los organismos competentes, tanto judiciales como policiales, por lo que los efectos de la Ley Penal para cortar ese espiral, son sumamente importantes.

La idea es desalentar al infractor, evitar la recurrencia y sancionar la conducta reiterativa, añadió.

En ningún caso debe permitirse la violencia psicológica y, por supuesto, la habitualidad en ella, ya que seguramente esa violencia irá creciendo, hasta detonar en maltrato de carácter físico, expuso.

La violencia familiar, es algo más extenso, en ella se pueden incluir tanto a la mujer como a los menores o también a los enfermos y por supuesto a los ancianos.

De acuerdo a la iniciativa, el Juez podrá imponer si lo considera pertinente a quien cometa este delito, previa solicitud del agraviado, trabajo comunitario a favor de otras víctimas de este ilícito.

Xalapa, Ver.- Para establecer en la ley que los Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal deberán estar integrados por ciudadanos propuestos por la sociedad, la diputada de MORENA, Miriam Judith González Sheridan presentó una iniciativa de reforma a las leyes de Planeación y la Orgánica del Municipio Libre.

En la sesión, la legisladora manifestó que la legislación actualmente prevé que los integrantes de los Consejos sean propuestos por el ayuntamiento, dejando abierta la posibilidad de realizar un plan de desarrollo a modo y que posiblemente no sea de beneficio colectivo.

De esta manera se establece que el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal es un órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas a la planeación, integrado por ciudadanos sin cargos partidistas, ni dentro del Ayuntamiento, organizaciones sociales y los sectores público y privado del municipio, designados por la ciudadanía, que serán invitados mediante Convocatoria Pública.

En los Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal tendrá lugar la consulta y la participación de las distintas organizaciones representativas de los obreros, campesinos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación; de los diversos partidos políticos; de los organismos empresariales y de las distintas organizaciones estudiantiles, de jóvenes y de mujeres.

Así como de otras agrupaciones sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, ejecución, control, evaluación y actualización del Plan Estatal de Desarrollo, de los Planes Municipales de Desarrollo y de los programas a que se refiere esta ley.

También se incluye  que  el Ayuntamiento deberá celebrar consultas populares cuando se requiera tomar decisiones que por su naturaleza afecten el interés público del municipio.

La legisladora manifestó que el Gobierno debe de consultar a los ciudadanos sobre las cuestiones que sean de interés público, a fin de evitar resoluciones que sólo buscan el beneficio individual y eliminar ejercicios públicos bajo esquemas de simulación o corrupción.

La política debe ser concebida como una vocación de servicio, como un trabajo en beneficio de la colectividad y como un medio de servicio en favor de los veracruzanos, advirtió.

Para su estudio y dictamen esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y la de Participación Ciudadana, Gestoría y Quejas.

Xalapa, Ver- Los diputados del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una iniciativa a fin de crear el Instituto para los Derechos y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Veracruz como organismo público descentralizado responsable de coadyuvar con las autoridades en la implementación de acciones y políticas públicas, para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos humanos y su plena inclusión en la sociedad Veracruzana.

En la sesión,  y a nombre de su bancada, el diputado Gregorio Murillo Uscanga presentó esta propuesta legislativa que modificaría la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad.

El Instituto para los Derechos y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado sería un organismo público,  descentralizado de la administración pública estatal, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, con personalidad jurídica, patrimonio propio y  autonomía técnica y de gestión.

El patrimonio del Instituto se constituirá por los bienes, derechos y obligaciones que adquiera, los que se le asignen o adjudiquen; las ministraciones presupuestales y donaciones que se le otorguen y los ingresos que reciba por cualquier otro concepto establecidos en las leyes correspondientes.

En la contratación del personal, el Instituto dará preferencia a personas con discapacidad; además privilegiará su profesionalización, especialización y capacitación permanente, en materia de derechos humanos, combate a la discriminación, promoción de la igualdad de oportunidades y todas aquellas materias afines a la protección de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad.

El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: ser el organismo público encargado de diseñar y coordinar las políticas públicas en materia de discapacidad en el estado; establecer la política general de inclusión y  desarrollo de las personas con discapacidad, mediante la coordinación de los programas interinstitucionales, elaborar y coordinar el Programa Estatal para  los Derechos y la Inclusión  de las Personas con Discapacidad de Veracruz.

En la sesión, el diputado subrayó que es necesario promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso.

La comunicación, el lenguaje, los ajustes razonables, el diseño universal y prevenirla discriminación por motivos de discapacidad, son acciones que deben ser vigiladas por un órgano público que dé cuentas al Titular del Poder Ejecutivo y a la sociedad civil de su efectividad y de los avances logrados en la materia, agregó.

Expuso que Veracruz requiere fortalecer su política pública en materia de discapacidad para implementarla desde el nuevo paradigma de derechos humanos que implica el logro de igualdad de oportunidades con las demás personas y se les deje de tratar bajo un esquema de política asistencialista.

Xalapa, Ver.- La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot presentó una iniciativa de reforma a los artículos 64 y 65 de la Constitución Política del Estado que prevé la reconfiguración de las atribuciones del Tribunal Superior de Justicia y su Sala Constitucional.

La coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la LXIV Legislatura presentó esta iniciativa que tiene como propósito quitar al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de facultades de control constitucional y trasladar éstas a la Sala Constitucional.

De esta manera se establece que la Sala Constitucional estará integrada por tres magistrados, que tendrán competencia para conocer y resolver, en los términos de la ley respectiva de, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y acciones por omisión legislativa.

En tanto el Pleno del Tribunal de Superior de Justicia conocerá de los recursos de reclamación y queja en materia de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y acciones por omisión legislativa, en los términos de la ley respectiva.

La diputada Yazmín Copete subrayó que el Poder Legislativo  tiene un gran compromiso, abonar al control del poder; equilibrio y contención en el ejercicio del poder público, respeto absoluto a los derechos humanos, y en la necesidad del neo-constitucionalismo.

Para su estudio y dictamen esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Xalapa, Ver.- El diputado de MORENA, Amado Jesús Cruz Malpica presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo estatal a que instruya a los titulares de la Secretaría de Protección Civil (SPC) y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) para auditar la infraestructura del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, haciendo públicas sus conclusiones.

En la sesión, el legislador del distrito de Coatzacoalcos expuso que este Anteproyecto es para también pedir al titular de la SIOP  o dependencia que corresponda la entrega de las tarjetas de residentes donde se considere una tarifa preferente a la población de Villa Allende que transita diariamente por el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos.

Expuso que el túnel sumergido de Coatzacoalcos, ha pasado a la historia como la obra con mayor opacidad desde su gestación, desarrollo y conclusión. Hasta la fecha, ningún informe ha logrado convencer sobre un manejo pulcro y honesto de los recursos que se le destinaron, añadió.

El diputado dijo que en México la obra pública se ha caracterizado por falta de transparencia, y opacidad. “Son numerosas las obras que se hacen con presupuestos que se inflan, se inauguran con premura, se entregan las concesiones sin licitaciones claras, y lo peor, se concluyen sin seguridad, poniendo en riesgo a los ciudadanos”.

En muchas obras con estas características se han producido accidentes con lamentables pérdidas de vidas, como sucedió recientemente en el llamado “Paso Express”, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, ejemplificó.

En relación a los costos de peaje, Amado Cruz señaló que para pasar por la nueva vía de comunicación el ciudadano de Villa Allende tiene que pagar 34 pesos, lo que resulta muy oneroso para los habitantes; ante lo cual –añadió- es necesario escuchar a los vecinos de esta localidad, y se les dé trato preferencial a través de una tarjeta de residente, o a través de los mecanismos que indique la dependencia correspondiente.

Advirtió que debe realizarse una auditoría técnica sobre la seguridad y las condiciones de operación que dé certezas a los usuarios, de que no existe riesgo de deslizamientos de tierra, ni otro fenómeno que ponga en riesgo la vida de quienes habitan en sus inmediaciones.

También se incluyan explicaciones del estado que guarda toda la instalación eléctrica, así como se expliquen las condiciones de seguridad que guarda el túnel ante la actividad sísmica en el sur del estado.

Xalapa, Ver.- La LXIV Legislatura dio entrada a la iniciativa enviada por el Gobernador del Estado por el cual regresaría el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje que incluye la creación de un Fideicomiso el cual destinará el 90 por ciento del ingreso que perciba el Estado, proveniente de este gravamen, para la promoción y difusión de actividades turísticas en la entidad.

El patrimonio de dicho Fideicomiso podrá ser incrementado con las aportaciones que realicen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales; los integrantes del sector hotelero de la Entidad de manera directa o a través de sus organizaciones, y en general, los empresarios del sector turístico, así como los demás recursos que legalmente pueda procurarse para el cumplimiento de sus fines.

La iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código Financiero del Estado establece que no se considerarán servicios de hospedaje, el albergue o alojamiento prestados por hospitales, clínicas, asilos, conventos, seminarios, internados o cualquier similar a éstos.

Se entiende por prestación de los servicios de hospedaje, el otorgamiento de albergue o alojamiento a cambio de una contraprestación.

Los contribuyentes sujetos al pago de este impuesto trasladarán su importe en forma expresa y por separado a las personas que reciban los servicios de hospedaje.

Para los efectos del ejercicio de los recursos del Fideicomiso, éste contará con un Comité Técnico que estará integrado por el Gobernador del Estado, de los titulares de las Secretarías de Turismo y Cultura (Sectur); de Medio Ambiente (Sedema), De Finanzas y Planeación (Sefiplan), De Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), de la Contraloría General del Estado, así como del Presidente del Congreso del Estado y Los Presidentes de cada una de las asociaciones  de las siete regiones del ramo hotelero en que se divide el Estado.

A partir de la entrada en vigor de esta reforma el Ejecutivo del Estado –en un plazo no mayor de 60 días naturales- emitirá la normatividad que establezca las bases de funcionamiento del Comité Técnico del Fideicomiso.

La iniciativa refiere que la industria turística bien explotada, contribuye al  mejoramiento de manera directa e indirecta de poblaciones enteras que por su ubicación geográfica hacen de esta actividad una fuente de ingresos preponderante para el sustento de sus familias.

Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Turismo.

Xalapa, Ver.- Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen de reforma al artículo 9 de la Constitución Política del Estado para establecer que toda familia veracruzana, tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa y que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Esta reforma –aprobada en el primero de dos periodos ordinarios de sesiones- es resultado de la iniciativa que presentó el pasado 13 de Junio el diputado Isaías Pliego Mancilla, del Grupo Legislativo de MORENA.

El documento establece que el derecho a la vivienda, es considerado como un derecho inalienable al individuo, no se agota con solo un espacio para dormir o estar, también se considera como el resguardo del ser humano y de su familia, actúa como plataforma para su desenvolvimiento e influye en su progreso individual y colectivo.

El no tener un lugar donde vivir amenaza el derecho a la integridad física y mental, vulnera el derecho al trabajo, pone en riesgo el derecho a la salud, a la educación y al libre desarrollo de las personas, los cuales son imposibles de ejercer en espacios sin condiciones mínimas de habitabilidad, refiere.

Esta modificación fue aprobada con 41 votos a favor de los diputados del PAN, MORENA, PRI, PRD, Juntos por Veracruz y Nueva Alianza.

-Protegerá Estado la cultura de afrodescendientes radicados en la entidad-

En la sesión, el Pleno aprobó el Dictamen que reforma el artículo 5 de la Constitución Política local por el que se establece que corresponde al Estado, promover y proteger el patrimonio cultural y natural de las comunidades de  afrodescendientes radicados en la entidad, a través de la implementación de las políticas públicas pertinentes.

Esta reforma es resultado de la iniciativa que presentó el pasado 23 de Mayo la diputada del PRD, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot.

El documento refiere que de acuerdo a la Consulta para la Identificación de Comunidades Afrodescendientes de México realizada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), identifica seis municipios representativos de Veracruz: Alvarado, Zongolica, Actopan, Cuitláhuac, Tamiahua y Yanga, los cuales concentraron tan solo un 4.2 por ciento de las 20 mil 828 que integraban Veracruz en el año 2010, es decir, 863 localidades.

A juicio de la Comisión, es necesario reconocer la composición pluricultural del Estado de Veracruz, aceptar que su aportación a la esencia cultural de las generaciones de afrodescendientes ha sido vasta y enriquecedora, por ello se debe contribuir con la protección de su patrimonio cultural, así como con la promoción de sus conocimientos.

Aprueban reforma para la conservación de áreas verdes

El Pleno del Congreso del Estado también aprobó el Dictamen que modifica diversas disposiciones de la Ley Estatal de Protección Ambiental cuyo objeto es reconocer y regular las áreas verdes, exige una superficie mínima en los municipios del Estado, establece responsabilidades estatales y municipales, tanto para la Secretaría y Procuraduría del Medio Ambiente, como para los presidentes municipales y los encargos del manejo del medio ambiente en el municipio.

De esta manera los ayuntamientos etiquetarán un porcentaje de su presupuesto anual con el objeto de garantizar la protección, preservación y la vigilancia de las áreas verdes de su demarcación.

Las áreas verdes bajo las categorías de parques, jardines, alamedas y arboledas o áreas análogas, establecidas en los programas de desarrollo urbano, deberán conservar su extensión y en caso de modificarse para la realización de alguna obra pública deberán ser compensadas con superficies iguales o mayores a la extensión modificada, en el lugar más cercano.

Los municipios procurarán el incremento de áreas verdes de su competencia, en proporción equilibrada con los usos de suelo distintos a áreas verdes, espacios abiertos y jardinados o en suelo de conservación existentes en su demarcación territorial, e incorporarlos a los programas municipales de desarrollo urbano.

Comisión de Juventud y Deporte, también incluirá temas de Discapacidad.

El Pleno también aprobó el Dictamen por el cual se modifica el nombre de la Comisión Permanente de Juventud y Deporte para llamarse de Juventud, Deporte y Atletas con Discapacidad.

Xalapa, Ver.- El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Marco Antonio Núñez López presentó un anteproyecto con punto de Acuerdo a fin de exhortar al Congreso de la Unión para que se sirva a reformar la Ley de Seguridad Nacional o a promulgar nuevos instrumentos legales, con el objetivo de legislar en el ámbito de la seguridad interior en México, sobre su conceptualización y regulación.

En la sesión, el legislador dijo que el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 establece como definición de seguridad interior “Condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional.

Subrayó que un ejemplo tangible de la confusión institucional que se deriva de la falta de certeza jurídica respecto a los términos y alcances de la seguridad interior, es la propia clasificación que se ha hecho en la programación del gasto público de la Federación.

Como ejemplo citó el anexo estadístico del Primer Informe de Gobierno presentado por el titular del Poder Ejecutivo Federal en donde se menciona como uno de los rubros de gasto, integrados en el capítulo relativo a “México en Paz” el siguiente clasificador:

“Gasto programable devengado del sector público presupuestario en las funciones de Justicia, Seguridad Nacional, y Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior”.

Expuso que entre los retos que tiene el Estado Mexicano y sus instituciones, se encuentra el conceptualizar a nivel constitucional tanto la seguridad interior como la defensa nacional.

“Esto proporcionaría elementos doctrinarios derivados del texto constitucional y que dejarían plasmado en la norma fundamental del país cuál es el sustento, alcances y límites de la seguridad nacional en México, conceptualizando sus dos pilares y dejando a las leyes secundarias su reglamentación”, abundó.

Xalapa, Ver.- El diputado Juan Manuel del Castillo González, del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa de Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista  (CEA) para el Estado de Veracruz, que busca proteger, garantizar y tutelar los derechos de personas autistas y los de sus familias, además de generar bancos de datos estadísticos y garantizar el acceso a la educación integral.

La Ley garantizará el acceso a la seguridad social y a los programas de salud en instituciones públicas, fomentará oportunidades laborales a personas con CEA y contarán con seguridad jurídica para promover el respeto y la inclusión.

El legislador refirió que en últimos años la CEA representa un problema de salud pública y la Organización Internacional Autism Speak calcula que en México uno de cada 115 niños nace con CEA y se estima que actualmente hay alrededor de 400 mil personas en el país.

Castillo González refirió que en Veracruz no existen protocolos para la detección oportuna para el tratamiento y mejora de resultados de la CEA, tampoco para la atención o tratamiento por lo que los familiares recurren a instituciones privadas, lo que afecta su economía, es por ello que la presente iniciativa propone mejorar las instalaciones del Centro Estatal para la Detección y Atención del Autismo y dotarlo de material didáctico a fin dar resultados en tiempo oportuno.

En tribuna propuso otorgar estímulos económicos para que los docentes y alumnos que continúen con su formación y accedan a una especialidad en autismo, ya que en el Estado existen dos universidades que cuentan con la licenciatura de educación especial y recientemente se incorporo la CEA.

La finalidad de la Ley es generar autonomía a las personas con la CEA y garantizar una vida digna, incluyente y tutelada por el Estado Mexicano.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes de Salud y Asistencia y Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.