AUSTIN.

Las organizaciones en defensa de los derechos latinos califican la decisión de un juez federal de reactivar el programa migratorio DACA como «una gran derrota para el Gobierno de Trump», e instan a los políticos a reafirmar esta iniciativa en el Congreso de EE.UU.

El magistrado John Bates, con tribunal en Washington, consideró «inexplicada» la derogación de programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) y ordena al presidente continuar con la admisión de nuevos solicitantes, además de seguir renovando a sus actuales beneficiarios.

“Es una gran derrota puesto que es la tercera vez que el sistema judicial le dice a la administración Trump que tienen que aportar más evidencias sobre su decisión y que la conclusión es que la medida se hizo de forma ilegal y sin razón», dijo a Efe Sindy Benavides, directora de operaciones de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por su sigla en inglés).

En su opinión, la decisión del juez Bates de calificar la suspensión como «arbitraria y caprichosa» fue un «completo acierto» por parte del magistrado, ya que para LULAC la única motivación de Trump fue satisfacer a sus votantes «jugando» con las vidas de los jóvenes latinos.

El magistrado congeló durante 90 días la aplicación de su propio fallo para dar así la oportunidad al Departamento de Seguridad Nacional de justificar por qué puso fin al DACA, un programa instaurado en 2012 durante la Presidencia de Barack Obma y que al momento de ser eliminado por Trump tenía registradas a 690.000 personas.

Por su parte, el Caucus Nacional Hispano de Legisladores Estatales (NHCSL), agradeció al juez su decisión y destacó que es la primera vez que un magistrado designado por un presidente republicano respalda una iniciativa que favorece a la comunidad inmigrante.

El presidente del NHCSL, el senador de Puerto Rico Carmelo Ríos, expresó en un comunicado que este hecho «subraya el consenso bipartidista sobre la legalidad del programa DACA» y espera que la Administración Trump escuche a los tribunales y ponga fin a una campaña que carecía de «base legal» para sus acciones.

La suspensión de DACA ordenada en septiembre por Trump tenía que entrar en vigor el pasado 5 de marzo, aunque nunca llegó a materializarse por los desafíos legales que enfrentó la decisión del presidente.

Trump, sin embargo, ofreció a los demócratas un nuevo plan para regularizar a 1,8 millones de «soñadores» a cambio de la aprobación en el Congreso de 25.000 millones de dólares para levantar el muro en la frontera con México, un acuerdo que la oposición no aceptó.

Por ello, la directora de operaciones de LULAC avisa: «Esto puede ser una ayuda a corto plazo, pero debemos poner nuestra atención a lo que pueda pasar a largo plazo en el Congreso para tratar de proteger a nuestras comunidades».

En esta línea, la directora de campañas y políticas de inmigración de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Lorella Praeli, considera básico que se ratifique la validez de un programa que el sistema judicial declara «legal» a través de las decisiones de sus jueces.

La activista de ACLU valoró, en declaraciones a Efe, que por el momento «todo es muy confuso», por lo que la comunidad se muestra «preocupada» ante una situación de incertidumbre que afecta en especial a jóvenes en pleno desarrollo vital.

Praeli sentenció que el Congreso es la única autoridad que puede usar su poder para «resolver esto de una vez por todas».

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Parte de la montaña Mantap, en la que Corea del Norte realizó cinco pruebas nucleares, se derrumbó después del último test conducido en setiembre del 2017, lo que pone en riesgo de radiación a varios países de la región, advirtieron expertos chinos citados hoy por el diario «South China Morning Post».

El colapso parcial de esta montaña de 2.100 metros de altura, situada en el noreste de Corea del Norte y a unos 100 kilómetros de la frontera con China, pudo ser la verdadera razón por la que el régimen de Kim Jong-un anunció la semana pasada el fin de las pruebas nucleares y de misiles, destacó al rotativo uno de esos expertos.

Un equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China en la ciudad de Hefei (este del país), liderado por el geólogo Wen Lianxing, concluyó que el derrumbe ocurrió tras la detonación por parte de Corea del Norte de una bomba termonuclear en un túnel excavado 700 metros por debajo de la cima de la montaña.

La prueba de la bomba de 100 kilotones, el 3 de setiembre del año pasado, fue más potente que las cuatro anteriores realizadas en esa misma localización (en 2006, 2009, 2013 y 2016), pulverizando con calor extremo las rocas de las cercanías y creando un hueco de 200 metros de diámetro que acabó originando el derrumbe.

Este se produjo a menos de medio kilómetro de la cumbre y puede ser visto con claridad por imágenes de satélite tomadas tras la prueba de septiembre, determinó el estudio, que se publicará próximamente en la revista especializada Cartas de Investigación Geofísica.

A similares conclusiones ha llegado otro equipo de científicos en la Administración Sismológica de China y su agencia homóloga en Jilin (la provincia nororiental china más cercana a la zona de los ensayos), encabezado por Liu Junqing.

El derrumbe pone en riesgo Corea del Norte y países cercanos como China, Rusia o Corea del Sur, ya que se teme que polvo radiactivo concentrado en el interior de la montaña tras las diversas pruebas atómicas se haya liberado a raíz del accidente, ayudado por el viento.

«Es necesario continuar midiendo posibles escapes de material radiactivo causados por el hundimiento», destacó en un comunicado el equipo liderado por Wen, aunque otros investigadores del país por ahora no han registrado niveles anormales de radiación en la zona fronteriza.

Los expertos chinos sospechaban de este posible accidente desde el otoño pasado, cuando sus estaciones sismológicas midieron varios terremotos de baja intensidad en zonas cercanas a Corea del Norte que hicieron pensar en que la región había perdido estabilidad geológica.

Estos investigadores han criticado en los últimos años pasados a Corea del Norte por unas pruebas que, según ellos, aumentaban el riesgo de erupción del monte Changbai (llamado Paektu por los coreanos), un volcán en activo que forma parte de la frontera entre los dos países y que es sagrado para la cultura coreana.

El monte Mantap está en las proximidades de la principal base de pruebas nucleares norcoreana, la de Punggye-ri, desde donde se dirigió un programa atómico que desde la pasada década ha desestabilizado la política regional y generado fuertes tensiones.

Éstas, sin embargo, parecen llamadas a su fin debido a la nueva política de distensión lanzada por el régimen de Kim Jong-un, quien el próximo viernes celebrará entre gran expectación una cumbre con el presidente surcoreano Moon Jae-in en la zona de Panmunjom, fronteriza entre el Norte y el Sur. 

MADRID.

La banda terrorista ETA ha entregado dos cajas con armas a las autoridades francesas en la localidad de Bayona, una semana antes de que se celebre el acto en el que está previsto que la organización anuncie su disolución.

Según confirmaron hoy fuentes de la lucha antiterrorista española, se trata de una veintena de armas.

En la entrega estuvo presente la policía judicial francesa, y ahora se está analizando el contenido de esas cajas.

Las fuentes precisaron que se tardará al menos unas horas en hacer el recuento exacto del contenido de estas dos cajas.

La entrega se produce una semana antes del acto previsto para el próximo 4 de mayo en la localidad vasco francesa de Cambo-les-Bains, en el que presumiblemente se avanzará en el fin de ETA.

Es un acto convocado por el llamado Grupo Internacional de Contacto y las organizaciones civiles Bake Bidea y el Foro Social Permanente, y sería la víspera de que la banda anunciase su disolución, el 5 de mayo en Bayona.

ETA declaró el cese definitivo de la actividad armada en 2011, tras cinco decenios de asesinatos -más de 850 muertos en España-, centenares de heridos y secuestros, extorsiones y sabotajes.

La banda surgió a finales de la década de los 50 del siglo pasado con el objetivo de lograr la independencia de la región española del País Vasco a través de la violencia terrorista.

La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió el lunes pasado de que ETA «no va a conseguir nada» por disolverse, al igual que los terroristas no consiguieron «nada durante la etapa de terror».

La última entrega significativa de armas que llevó a cabo ETA tuvo lugar en abril de 2017, cuando facilitó a las autoridades francesas, a través de mediadores internacionales, la localización de ocho depósitos con alrededor de 120 armas de fuego, tres toneladas de explosivo y varios miles de municiones y detonadores.

Además de matar a militares y agentes de las fuerzas de seguridad, ETA asesinó a muchos civiles (el 40 % de sus víctimas) en atentados indiscriminados. El más cruento de ellos, el ocurrido en un supermercado en Barcelona en 1987, causó 21 muertos

El secuestro más largo fue el del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que estuvo 532 días dentro de un pequeño cubículo.