• En relación a las reglas concernientes a los requisitos para las Consultas; y al procedimiento para la expedición de las convocatorias; entre otras.

El Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el Dictamen por el que se reforman y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular en relación a las reglas concernientes a los requisitos para las Consultas; al procedimiento para la expedición de las convocatorias; a la organización de ese tipo de mecanismos de democracia semidirecta, entre otras.

De esta manera, se establece que la Iniciativa Ciudadana procederá siempre que el escrito de presentación sea firmado por al menos el cero punto trece por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del Estado, correspondiente a la elección de ayuntamientos más reciente.

La Iniciativa Ciudadana, además de los requisitos que establece la ley, deberá presentarse por escrito ante el presidente del Congreso o, en los recesos, ante el de la Diputación Permanente; contener los nombres completos de los ciudadanos, clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR), de la credencial para votar con fotografía vigente y su firma.

La Iniciativa Ciudadana se someterá al procedimiento legislativo ordinario previsto en la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, excepto en el caso de que proponga reformas, adiciones o derogaciones de normas constitucionales locales, en cuyo caso aplicarán las disposiciones del artículo 84 de la Constitución y de su ley reglamentaria.

Además, señala que la Consulta Popular es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto, para expresar su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia estatal.

El resultado de la Consulta Popular es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

El Congreso acordará, para el caso de la petición de ciudadanos de una Consulta Popular, el formato para la obtención de firmas, previa Consulta al Organismo Público Local Electoral, preservando que cumpla con los requisitos que señala esta Ley y que deberá contener, por lo menos: el tema de trascendencia estatal planteado, la propuesta de pregunta y el número de folio de cada hoja, entre otros.

Cuando la petición de Consulta Popular provenga del Gobernador o de, por lo menos, el treinta y tres por ciento de los integrantes del Congreso, se seguirá el procedimiento siguiente: el presidente del Congreso o, en su caso, de la Diputación Permanente dará cuenta de la misma y la enviará directamente al Tribunal Superior de Justicia, junto con la propuesta de pregunta formulada, para que éste resuelva y le notifique sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales.

Recibida la solicitud del Congreso para verificar la constitucionalidad de la petición de Consulta Popular, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia deberá resolver, a partir de un proyecto de la Sala Constitucional, sobre la constitucionalidad de la materia de la Consulta Popular y revisar que la pregunta derive directamente de la materia de la Consulta; realizar las modificaciones conducentes a la pregunta, a fin de garantizar que la misma sea congruente con la materia de la Consulta.

Este Dictamen registró 39 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

• Uno de los padres pidió a la SEV conocer información sobre dónde estudiaba su hija
• Al existir procedimientos ante la FGE y el PJE, estas instituciones son las que deben determinar si el progenitor debe tener acceso

Xalapa, Ver., 9 de mayo de 2018.-

Al resolver el recurso de revisión IVAI-REV-DP/01/2018/I, interpuesto en contra de la Secretaría de Educación (SEV), el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) decidió resolver a favor de salvaguardar los datos personales de una niña menor de edad, luego de que uno de sus padres pidiera conocer datos como nombre, clave y ubicación de la escuela primaria pública o privada en donde se encontrase estudiando, fecha en que fue inscrita, nombre de la persona que realizó los trámites de inscripción y nombre de las personas que se registraron como padres o tutores.

El solicitante aportó documentación para acreditar su parentesco y expresó que desconocía los datos solicitados dado que se encontraba separado de su pareja y esta se niega a informarle dónde estudia la menor.

Al responder a la petición, la SEV manifestó la solicitud incumbe a la materia familiar, misma que debe resolverse en la vía jurisdiccional civil, de acuerdo a lo establecido en los artículos 345 y 346 del Código Civil; por lo que atendiendo la supremacía del principio constitucional del interés superior de la niñez, consideraba que la vía promovida de acceso a la información personal de la menor no era la idónea. Por lo que el peticionario interpuso recurso de revisión ante el IVAI.

Para los comisionados Yolli García Alvarez, José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez era necesario obtener elementos necesarios para valorar si se debía o no entregar la información solicitada y obtener pruebas que permitieran determinar la existencia de un posible riesgo de vulnerar el interés superior de la menor; por lo que cumpliendo con lo previsto en el artículo 4 de la Constitución y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, solicitó al Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJE) que informara si existía cualquier causa o hecho que involucrara la pérdida de la patria potestad, guarda y custodia de la menor, así como de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) para que informara si existía carpeta de investigación y/o averiguación previa en contra del padre de la menor.

Asimismo, toda vez que el recurrente tiene su domicilio en el estado de Morelos, el órgano garante solicitó –a través del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística– al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General y/o Procuraduría General de esa entidad federativa para que también informaran lo conducente.

Algunas de las autoridades informaron que no encontraron información relacionada, la Fiscalía de Veracruz informó que el padre formó parte de una carpeta de investigación, y si bien se menciona que no existió ejercicio de acción penal, esto no da certeza de que el asunto estuviese totalmente concluido y que la integridad de la menor estuviese a salvo. Asimismo, el Instituto hizo una inspección a las listas de acuerdos de la página del Poder Judicial de Estado de Veracruz, encontrando que el padre de la menor forma parte de un asunto ordinario civil.

Cabe mencionar que si bien el progenitor manifestó que no le había sido limitada o restringida la patria potestad, de las diligencias realizadas por el Instituto se desprendió que la madre ha iniciado al menos dos procedimientos, uno ante la Fiscalía de Veracruz y otro ante un juzgado especializado en materia familiar del Poder Judicial de Veracruz, en los que están involucrados hechos de violencia familiar y de limitación o restricción de las convivencias.

Estos antecedentes permitieron al IVAI inferir que existía un conflicto familiar que está siendo dirimido ante las autoridades competentes, quienes están obligadas a allegarse de los elementos necesarios para velar por el interés superior de la niña, quien tiene derecho a tener contacto permanente con ambos progenitores, aun cuando haya una separación entre estos.

Por tanto, los comisionados valoraron que si el Instituto ordenara que se entregue la información, se daría al padre acceso a su hija, situación que en este caso solo puede ser determinada por la autoridad competente que tiene a su cargo el análisis de la controversia familiar y que cuenta con los elementos suficientes para garantizar el interés superior de la menor.

En la sesión pública de hoy, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales resolvió 155 recursos de revisión emitiendo 152 sentencias.

Ixhuatlán del Sureste Ver., a 09 de mayo de 2018

Julen Rementería del Puerto, candidato de la coalición «Por México al Frente», se comprometió a trabajar desde el Senado en políticas públicas que fortalezcan el sistema de salud a través de una mayor y mejor infraestructura.

«Hay que acabar con el rezago de centros de salud, y mi compromiso es generar políticas públicas para que en Veracruz se cuente con las clínicas que requiera la población y que podamos alcanzar los estándares internacionales».

Rementería del Puerto señaló que la salud es un tema primordial por ello se deben buscar las vías para proporcionar las mismas condiciones, mejorar la accesibilidad de los servicios integrales y acotar las distancias desde cualquier lugar hasta el centro de salud en todo el estado.

Señaló que a pesar del trabajo realizado por la actual administración aún hay mucho por hacer para que la cobertura permita a la población sentirse segura que en caso de enfermedad tengan quien los atienda.

«Lo que tenemos que hacer entre los tres órdenes de gobierno y legisladores es que en Veracruz no haya personas, que por razones de distancia, se quede sin atención y desde el Senado gestionaré para que en Veracruz existan los recursos suficientes», afirmó.

Únicamente el ciudadano que porte con una carta en la que exprese no ser donador, quedará excluido de la aplicación de esta propuesta.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud de la Entidad, con la finalidad que ante el de deceso de cualquier ciudadano la donación de órganos sea manera automática y sólo quede excluido de esta acción quien porte una carta donde exprese su negativa.

En tribuna, señaló que en el Estado de Veracruz, según cifras del Centro Estatal de Trasplantes, existen 168 pacientes que necesitan una cornea, cerca de 660 un riñón y 3 están a la espera de un hígado generando un total de 831 órganos requeridos.

Lo que ha generado compra-venta y tráfico de órganos, violencia e ilegalidad, indicó que de 2011 a 2017, en el Estado sólo se registraron 81 donaciones de órganos y 126 donaciones de Tejidos de personas fallecidas.

Por lo que Veracruz, tiene una tasa de donación del 12.3 por ciento por cada millón de habitantes, menor a la nacional de 26.1 por ciento y tan sólo en el año 2017 se registraron 2 mil 333 defunciones hospitalarias, de las que sólo en 8 casos se emitió en vida la voluntad de donación de órganos, indicó.

La legisladora reconoció que la donación de órganos sólo es posible en 5 de cada 1000 fallecimientos, debido a la complejidad de los requerimientos necesarios para llevarla a cabo.

En tal razón, la iniciativa contempla asegurar el respeto a la voluntad de los individuos que expresamente hayan determinado donar sus órganos, tejidos y células, así como la de aquellos que hubieren manifestado su negativa.

Para ello se propone que en el Estado toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, a menos que haya manifestado su voluntad de no serlo bajo alguna de las formas establecidas en esta Ley y en la Ley General de Salud.

Dijo que habrá consentimiento presunto del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes.

Para tal efecto, se deberá realizar un escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público y deberá estar firmado, la negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos públicos, o medios electrónicos, que para este propósito determine la Secretaría de Salud Estatal y el Centro Estatal de Trasplantes en coordinación con sus homólogas a nivel federal.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia para su análisis.