Una ciudadana española fue acusada de ingresar en Gran Bretaña 259 kilos de cocaína y nueve de metanfetamina, desde México, informó el jefe de operaciones especiales de la Agencia Nacional contra el Crimen británica (NCA en inglés), John Coles.

De acuerdo al diario Reforma, John Coles señaló que se trata de Olivia Anton-Altamirano, de 32 años, quien fue detenida en su domicilio en el barrio de Blackheath, al sureste de Londres.

Indicó que supuestamente organizó el contrabando de la droga, con un valor de 25 millones de euros, que estaba oculta en una máquina de procesamiento de fruta.

Explicó que el cargamento se encontró después de que los agentes de aduanas interceptaran y destruyeran la máquina de 3.5 toneladas, que llegó el pasado 17 de marzo al puerto London Gateway del condado de Essex, al sureste de Inglaterra.

La detención de Anton-Altamirano coincide con una advertencia del Secretario de Estado de seguridad británico, Ben Wallace, quien dijo que Gran Bretaña «se está convirtiendo rápidamente en el principal consumidor de cocaína de Europa”.

Al menos cinco civiles murieron y 22 resultaron heridos hoy por un ataque con un cohete Katyusha de los rebeldes Houthi contra un mercado popular de la cuidad de Marib, centro de Yemen.

El proyectil de la milicia Houthi, que controla gran parte de Yemen, destruyó parte de un mercado del centro de Marib, que se encontraba repleto de compradores, según reporte de la cadena árabe Al Bawaba.

Ambulancias y equipos de rescate se trasladaron de inmediato al lugar para trasladar a las víctimas a los hospitales y centros médicos cercanos, mientras que tres personas en estado crítico fueron transferidas al hospital principal de Marib, al este de la capital yemenita.

El ministro de Información, Muammar al-Iryani, condenó enérgicamente el ataque rebelde y advirtió que no quedaría impune, mientras que el Ministerio de Derechos Humanos lo calificó como un “crimen atroz” contra civiles inocentes.

“El ataque no quedará sin castigo, y los responsables de él y todos los crímenes cometidos por las milicias contra los ciudadanos serán responsables en el futuro cercano, lo juró”, subrayó al Iryani, tras exhortar a la comunidad internacional a condenar «los continuos crímenes contra el pueblo yemenita».

Durante los últimos tres años, la milicia chiíta Houthi ha disparado misiles balísticos hacia la ciudad de Marib y la capital yemenita, aunque el sistema de defensa de la coalición árabe, a mando de Arabia Saudita, ha interceptado y destruido la mayoría.

El Ministerio de Derechos Humanos de Yemen también emitió una declaración condenando enérgicamente el ataque y señaló que disparar cohetes en contra civiles y zonas pobladas es un crimen de lesa humanidad y una violación flagrante de las leyes y normas internacionales, incluida la Resolución 2216 del Consejo de Seguridad.

“Estos actos criminales revelan que las milicias golpistas iraníes están tratando de vengarse de los civiles debido a sus derrotas en el campo, especialmente dado que el ejército nacional se está acercando a su principal bastión en Saada”, subrayó el ministro.

La República de Yemen ha permanecido sumido en el caos desde septiembre de 2014, cuando las tropas rebeldes Houthi tomaron el control de la sede del gobierno, el aeropuerto, escuelas y varios edificios públicos de Saná, obligando al presidente Abd Rabbah Mansur Hadi a huir a la ciudad de Aden.

Desde el 26 de marzo de 2015, una coalición de nueve países árabes, liderada por Arabia Saudita, impulsa una ofensiva militar contra la milicia rebelde Houthi, en busca de restablecer al presidente Hadi en el poder y regresar la calma a Yemen.

El conflicto armado ha devastado los servicios básicos, incluidos los sistemas de agua y saneamiento, lo que ha llevado a las Naciones Unidas (ONU) a calificar la situación en Yemen como uno de «los peores desastres humanitarios del mundo en los tiempos modernos».

A través de un comunicado, la diócesis de la ciudad chilena de Rancagua, anunció este martes la suspensión de 14 de sus sacerdotes por estar presuntamente involucrados en delitos de abuso sexual.

La diócesis dio a conocer su dictamen luego de que difundieran un reportaje en el que se presentaba presuntos abusos sexuales y conductas impropias por parte de un grupo de religiosos de esa ciudad, ubicada 90 kilómetros al sur de Santiago.

«Se ha restringido de su ministerio sacerdotal a 14 sacerdotes. Lo que significa que se ha tomado conocimiento, fundamentalmente por lo expuesto por los medios de comunicación, de que estos sacerdotes han incurrido en acciones que pueden constituir delitos tanto en el ámbito civil como canónico», se lee en el comunicado.

Un satélite fue lanzado para establecer un enlace entre la Tierra y la sonda lunar Chang’e 4 que permita explorar la cara oculta de la Luna, informó la Administración Nacional Espacial de China.

El gerente del proyecto de transmisión del satélite detalló que el satélite, bautizado Queqiao (Puente de las Urracas), fue puesto en órbita por un cohete Gran Marcha 4C que despegó del centro de satélites de Xichang, en la provincia sudoeste de Sichuan.

Indicó que el satélite se separó del cohete y entró en una órbita de transferencia Tierra-Luna. Los paneles solares y antenas de comunicación se desplegaron sin dificultad.

Dijo Zhang Lihua que el Queqiao también estudiará en el entorno silencioso del satélite terrestre señales de radio muy tenues de los inicios del universo.

Cabe señalar que China quiere ser el primer país que arribe en la cara oculta del satélite terrestre, dentro de unos seis meses.

Los temores de que en los próximos meses Venezuela se quede sin prensa independiente toman cuerpo luego de que inició un procedimiento administrativo sancionatorio contra el diario El Nacional.

La medida es una más de la serie de acciones que el gobierno del reelecto presidente Nicolás Maduro está tomando en contra de opositores y críticos tras los comicios del pasado domingo, los cuales han sido desconocidos por muchos países.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones notificó a la edición electrónica del rotativo (http://www.el-nacional.com) el procedimiento por el «presunto incumplimiento del artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorteme).»

El medio habría difundido «mensajes que desconocen a las autoridades legítimamente constituidas y además incitando, y/o promoviendo el odio; ilícitos administrativos previstos en el artículo 27, numerales 1, 4 y 5 citados en la misma ley, así como en el artículo 14 de la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.»

En respuesta, el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, estableció que «se trata de una medida arbitraria del gobierno y, sin duda, un acto de retaliación política”.

La investigación “evidencia que arreciará la persecución contra la prensa independiente del país, luego de los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de mayo», puntualizó.

«Conatel, agregó, es un organismo controlado por el Ejecutivo que actúa de forma discrecional. El gobierno muestra su desesperación al tratar de silenciar a los medios de comunicación y provocar que se autocensuren, pero en este caso no lo van a lograr”.

“Este ataque no nos callará, la web es una fortaleza, no se ha autocensurado. Esta medida es una amenaza más contra la libertad de expresión”, subrayó.

Con anterioridad el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, presentó una demanda de difamación también contra El Nacional.

Otero había dicho el pasado 3 de mayo que “en un año o año y medio no va a haber prensa independiente en Venezuela”.

“Venezuela es el peor escenario para la libertad de expresión en el continente», dijo en entrevista que publicó el rotativo y donde agrega que “el objetivo del régimen es hacer desaparecer los medios de comunicación”.

El periodista habló en coincidencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se recordó ese 3 de mayo bajo el tema «Los frenos y contrapesos al poder: medios de comunicación, Justicia y Estado de Derecho».

Maduro también llamó la víspera «prófugo de la justicia» al expresidente de la legislativa Asamblea Nacional, Julio Borges, quien respondió que continuará “luchando por una pronta solución democrática en Venezuela”.

Además, sigue el temor entre los trabajadores gubernamentales de que el cruce entre las nóminas y las listas de votación del pasado domingo, arroje los nombres de quienes se abstuvieron de sufragar y reciban castigos que pueden incluir el despido o la jubilación anticipada.

Murieron cuatro personas al enfrentarse un grupo armado contra civiles que se encontraban en la entrada a esta población, ubicada en el corazón de la Meseta Purépecha, informó la  Fiscalía Regional de Justicia de Michoacán.

Indicó la dependencia que varios sujetos llegaron a la entrada de la población a bordo de una camioneta y atacaron  a otros hombres que estaban afuera de la escuela, en la entrada a la localidad de Nurio.

Señaló que recuperó los cuerpos sin vida de cuatro hombres, quienes se encuentran sin identificar y se asegura, no pertenecen a la comunidad indígena.

Agregó que dos civiles más originarios de esta comunidad resultaron lesionados y fueron trasladados a bordo de camionetas particulares a diferentes hospitales.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Publica informó que se desplegó un operativo de vigilancia en la región ante la tensión que generó este atentado.

Michael Rotondo, un hombre de 30 años de edad, fue demandado por sus propios padres, Christina y Mark Rotondo, a fin de que se vaya de casa; un juez resolvió en favor de los padres, luego de semanas de un juicio realizado en Nueva York, Estados Unidos.

De acuerdo con el Daily Mail, el caso que ha generado polémica en redes sociales, debido a que la orden judicial fue firmada por el juez Donald Greenwood quien ordenó a Rotondo salir de inmediato de la casa de sus padres, ubicada en Camillus, cerca de Syracuse.

No obstante, MIcahel Rotondo, de 30 años de edad, declaró ante el tribunal este martes que comprende que sus padres lo quieran fuera de casa, pero aseguró que tiene derecho a permanecer durante seis meses más.

Cabe señalar que Rotondo se había mudado de casa de sus padres pero regresó hace ocho meses debido a que no tenía trabajo ni un lugar para vivir, tiempo en el cual sus padres lo apoyaron y meses después le solicitaron, a través de varias cartas, que se fuera, e incluso le ofrecieron apoyo para el pago de una vivienda y ayuda en las labores domésticas.