El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de su Delegación Regional en Veracruz Norte, invita a jóvenes y adolescentes de entre 10 y 19 años a participar en los cursos intensivos de verano  JuvenIMSS, los cuales comienzan este próximo lunes 23 de julio.

JuvenIMSS es una estrategia educativa que forma parte del programa PrevenIMSS; cuyo objetivo es orientar a los jóvenes sobre los cambios propios de la edad y el cuidado de la salud, así como de la prevención de enfermedades y adicciones, explicó la jefa de Trabajo Social de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) N° 61, Fedra Suárez Lara.

En este sentido, se ofrecen tres sesiones en días consecutivos; en el caso de la UMF N° 61, serán del 23 al 26 de julio, en horario matutino de 9 de la mañana a 12 del día y de 3 a 6 de la tarde el vespertino.

Los temas que se tratan en dichas sesiones son: “Alimentación Saludable”, “Consumo de Agua Simple Potable”, “Actividad Física”, “Sexualidad”, “Prevención de Enfermedades, Accidentes y Adicciones”, “Cambios Físicos”, “Equidad de Género”, “Proyecto de Vida”, “Comunicación y Acercamiento Afectivo” y una actividad de nombre “Cara a Cara” que ayuda en la concientización del manejo responsable de redes sociales.

Para el mejor aprovechamiento de este curso y el manejo de los temas acorde a la edad, los chicos pertenecientes a la estrategia JuvenIMSS se dividen en dos categorías; JuvenIMSS junior que abarca de los 10 a los 14 años y JuvenIMSS que abarca de los 14 a los 19 años, detalló la jefa de trabajo social.

Se recuerda que las inscripciones se encuentran abiertas para derechohabientes y no derechohabientes y cabe destacar, que también pueden presentarse el día lunes 23 en horario de inicio del curso.

Para finalizar, se subraya que las actividades son totalmente gratuitas; el único requisito es tener la edad antes mencionada y llevar su Cartilla Nacional de Salud; asimismo, se invitó a los papás y adolescentes a acudir a su UMF más cercana a solicitar mayor información acerca de los cursos intensivos de verano.

Xalapa, Ver.- El Consejo General del Organismo Público Local Electoral aprobó, en sesión extraordinaria, el Informe de la Gestión Financiera del Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018 presentado por la Secretaría Ejecutiva.

Con ello, el organismo electoral cumple con una obligación legal que se desprende del propio Código Electoral y del Código Financiero, además deberá turnarse al Congreso del Estado para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

El presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla  informó que el Gobierno del Estado ministró en este ejercicio presupuestal, los recursos de 2017 y 2018 de manera puntual.  Además, que la Secretaría de Finanzas y Planeación saldó los 50 millones de pesos que restaban del año 2016 que adeudaba la administración estatal anterior.

Reconoció la voluntad de las autoridades para realizar los pagos, porque de no haberlo hecho, el OPLE hubiera requerido una ampliación presupuestal. “Afortunadamente se nos ministraron en este año la totalidad de los recursos, aunado a eso, hicimos reducciones importantes en varios rubros de este organismo y eso nos permitirá cerrar en diciembre con números positivos”.

“Somos los primeros en reconocer cuando un Gobierno del Estado asume su responsabilidad presupuestal y ministra el recurso oportunamente”, agregó.

En otro punto del orden del día, también se presentó el Informe Final de Monitoreo de Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Digitales, Alternos, Cine, Radio y Televisión para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

Xalapa.

De acuerdo con trascendidos, el ex secretario de Trabajo y Previsión Social, Gabriel Deantes Ramos podría ser el próximo ex funcionario duartista en caer en prisión.

Sabedor de esta situación, ha buscado promover nuevos amparos contra órdenes de aprehensión, que al parecer ya habrían sido giradas por un juez de control en Pacho Viejo.

Actualmente, Gabriel Deantes Ramos enfrenta un proceso por enriquecimiento ilícito por más de 70 millones de pesos, además de tráfico de influencias y abuso de poder en agravio del servicio público.

Sin embargo, no sería por este asunto, por el cual caería en prisión, sino que sería una carpeta de investigación distinta, la cual estaría relacionada con desvíos de recursos en su paso por la Secretaría de Finanzas y Planeación, y particularmente por la Oficialía Mayor de la SEV.

Este viernes, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación, notificó a través de su tablero de avisos, que el amparo promovido le fue negado, lo cual, lo dejaría en posibilidades de poder ser aprehendido, siempre y cuando sea por un caso diferente al que actualmente enfrenta.

Por ello, ante el temor de que se haya girado una nueva orden de aprehensión en su contra, derivado de otro proceso diferente, el ex funcionario estatal a través de sus abogados promovió el amparo 509/2018 ante el Juzgado Décimo Octavo de Distrito con sede en Xalapa, mediante el cual buscó la protección de la justicia federal

Fue apenas el pasado 3 de julio, cuando el ex funcionario estatal promovió dicho amparo, y aunque originalmente, el juez federal le había concedido la suspensión provisional tras el pago de 3 mil 500 pesos como garantía económica, ahora le fue notificado este jueves que le había sido revocada la garantía y que no contaba con protección alguna.

Por Noé Zavaleta

Como si estuvieran en la secundaria haciendo equipos en el aula acorde a su color predilecto, dos Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron su renuncia a su bancada durante la sesión ordinaria que se llevó a cabo este jueves 19 de julio.

Sin justificación a su líder, ni a sus compañeros, mucho menos a los veracruzanos que sufragaron por ellos, Cinthya Lobato Calderón y Sebastián Reyes Arellano decidieron, aprovechando la coyuntura política de la elección de magistrados y del Fiscal Anticorrupción, renunciar a Acción Nacional, para evitar el quórum necesario para que el PAN sacara adelante dichas propuestas judiciales.

Con dicha acción, el Partido Acción Nacional (PAN) contaba solo con 19 legisladores.

“Hago saber a esta Mesa Directiva que a partir del 18 de julio del 2018, presentó mi renuncia a ser miembro del Grupo Legislativo de Partido Acción Nacional (PAN) conformado en la LXIV Legislatura”, decían ambos documentos.

Así mismo, señalaban que esta decisión se realiza sin menoscabo de sus derechos políticos -electorales del partido al que se encuentran afiliados; “lo anterior para su conocimiento y los fines administrativos a que haya lugar”.

Sin embargo, la Sesión Legislativa no iba ni a la mitad, cuando el diputado, Sebastián Reyes Arellano declinó y reculó su propia renuncia al PAN.

Unos telefonemas, probablemente emanados del Palacio de Gobierno y secreteos entre los diputados panistas, y Reyes Arellano decidió retirar su intención de abandonar al PAN.

Dicho partido para blindarse, prefirió engrosar a la perredista, Dulce María García López, en aras de evitar perder, lo que resta de esta legislatura la Junta de Coordinación Política.

Entre amagues de renuncias y recules en las bancadas, el paquete de propuestas de doce magistrados y las propuestas para el Fiscal Anticorrupción quedó pospuesto para tiempos legislativos mejores, al menos más estable.

Xalapa.

En un intento por frenar el proceso en su contra por desaparición forzada, el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa promovió un amparo para evitar que la Fiscalía de Veracruz pidiera adherir este expediente a la solicitud de extradición al gobierno de Guatemala.

Sin embargo, el ex mandatario estatal no tuvo éxito, pues un juez federal de la Ciudad de México resolvió negarle en definitiva la petición solicitada.

Con tal medida, el equipo legal de Duarte, trataba de que no se solicitara ni a la Procuraduría General de la República, ni a la Secretaría de Relaciones Exteriores la petición a un Tribunal de Guatemala avalar el proceso por la desaparición forzada de 12 personas durante el gobierno anterior.

Duarte de Ochoa quien fue extraditado por el gobierno de Guatemala, avaló que únicamente fuera procesado por un caso de delincuencia organizada y desvío de recursos, por lo cual no podía ser acusado de otro delito.

Ante tal situación, la Fiscalía de Veracruz pidió a la Procuraduría General de la República como a la Secretaría de Relaciones Exteriores, soliciten al gobierno de Guatemala, en particular al Tribunal que avaló la extradición se autorice procesarlo por este nuevo caso.

Pero para defenderse, Javier Duarte alegó una violación a sus derechos humanos, promoviendo un juicio de amparo que le fue negado.