Estados Unidos impuso hoy sanciones económicas contra tres funcionarios del gobierno de Nicaragua, incluyendo a un Comisionado de la Policía Nacional de Nicaragua, a quien acusó de presidir una agencia de gobierno que ha cometido crímenes tales como ejecuciones extrajudiciales.
El congelamiento de bienes y la prohibición para que individuos o empresas estadounidenses que anunció el Departamento del Tesoro, se adoptó al amparo de la Ley Magnisky, aprobada en 2012 para imponer sanciones contra Rusia por la muerte de un activista de derechos humanos.
“La violencia perpetrada por el gobierno de Daniel Ortega contra los nicaragüenses y los esfuerzos de aquellos cercanos al actual régimen para enriquecerse es preocupante e inaceptable”, dijo Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Francisco Javier Diaz Madrid, comisionado de la Policía Nacional de Nicaragua (NPN), fue señalado como el dirigente de facto de esa agrupación, que según una alta funcionaria del gobierno nicaragüense que habló por separado bajo reserva, ha incurrido en serios abusos de derechos humanos “incluyendo ejecuciones extrajudiciales”.
En conferencia de prensa, la funcionaria estadunidense se refirió a un ataque contra una casa en Managua semanas atrás, a la que individuos enmascarados prendieron fuego, matando a seis personas que estaban en su interior, incluyendo dos niños.
Dijo que cuando los habitantes de casas vecinas trataron de acudir al exilio de las personas, fueron impedidos de hacerlo por agentes de la policía.
El segundo acusado fue identificado como Fidel Antonio Moreno Briones, secretario de la oficina del alcalde de Managua, señalado como líder de la juventud sandinista y principal enlace entre los gobiernos municipales y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Otro funcionario más dijo que las juventudes sandinistas han sido implicadas en serios abusos de derechos humanos en el clima actual de represión de las manifestaciones contra el gobierno.
El tercer sancionado es Francisco López Centeno, vicepresidente de la empresa mixta Albanisa (Alba de Nicaragua, S.A), quien es considerado un hombre cercano al presidente Daniel Ortega por su papel de Tesorero del FSLN.
Albanisa, que se dedica a la importación de petróleo de Venezuela, está controlada a su vez por la petrolera estatal venezolana PDVSA (51 por ciento) y el resto pertenece a la nicaragüense Petronic (49 por ciento), de la que López es además presidente.
Lopez Centeno fue acusado de actos de corrupción, por utilizar empresas en las que tanto él como su familia, tienen participación, para ganar contratos del gobierno.
La funcionaria dijo que tanto el gobierno como el FSLN han utilizado fondos de Albanisa para comprar estaciones de radio y televisión, hoteles, ranchos ganaderos y laboratorios farmacéuticos.
El gobierno rehusó explicar el razonamiento detrás de estas sanciones cuando existen funcionarios del más alto nivel que enfrente acusaciones de abusos de derechos humanos y corrupción, y dijo que las mismas deberían ser vistas como un mensaje.
“Este es un mensaje a otros funcionarios del gobierno de Nicaragua sobre las consecuencias de apoyar la violencia y represión instigada por el gobierno, creemos que envía un fuerte mensaje que ellos deben escuchar, de que no van a tener acceso el sistema financiero de Estados Unidos”, añadió Mandelker.
Las medidas anunciadas por Washington se dan en en el marco de la crisis política que vive Nicaragua desde el pasado 18 de abril, la cual hasta la fecha tiene un saldo de más de 300 muertos, centenares de heridos y decenas de desaparecidos, la mayoría de estos actos han sido ejecutados por la policía y grupos paramilitares afines al gobierno.
