•Droga en las universidades
•Convenio ANUIES y SEGOB
•Programa contra las adicciones

Luis Velázquez

ESCALERAS: El reciente convenio entre la ANUIES (que integra a las 190 instituciones de educación superior más importantes del país) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) se ha prestado a una gran confusión sobre sus alcances para unir capacidades y esfuerzos en el combate al narcomenudeo en instalaciones educativas.
Todo, a partir de que la autoridad descubrió que alrededor de la máxima casa de estudios de la nación hay venta de droga a los estudiantes, y lo que, claro, es un asunto viejo, pues desde el movimiento estudiantil del 68, o desde antes, había trascendido, y como puede ubicarse, por ejemplo, en aquel festín de rock conocido como «Avándaro».
Incluso, en la universidad de Nanterre, en 1968, los alumnos inscribieron en las paredes la siguiente leyenda:
«Entre más hago el amor… más gana tengo de hacer la revolución.
Y entre más hago la revolución… más ganas tengo de hacer el amor».
Y siempre, en muchos, muchísimos casos, con un pase de mota, pues en todo caso era la moda de la época.
Para algún sector, este convenio era el aval otorgado por la ANUIES para la libre entrada de las fuerzas de seguridad a las instalaciones universitarias en su lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, advierte el doctor en Economía, ex rector de la Universidad Veracruzana y secretario Académico de la Universidad Autónoma de Guanajuato, Raúl Arias Lovillo, esta confusión alcanzó niveles de alarma porque en algunos casos, de manera circunstancial, se difundieron fotos de fuerzas policiacas en instalaciones universitarias en el país, la Veracruzana entre otras.
Por fortuna, al buscar información sobre este asunto, todo parece indicar que nunca, jamás, existió ni existe tal aval.
El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, al participar en la firma del acuerdo fue explícito:
“Estamos dispuestos a colaborar… dentro de un marco de respeto a nuestras instituciones, que no desean ser escenarios de violencia y buscan llevar a cabo su misión y objetivos en ambientes seguros y en paz”.
Graue aseveró que no se puede permitir el narcomenudeo ni cualquier tipo de violencia en las instituciones de educación superior, pues cada casa de estudios es parte esencial del tejido social del país.
Son el reservorio de su inteligencia, la cuna de los nuevos saberes y la esperanza de un México más justo y mejor.

ROMPEOLAS: El rector de la UNAM, tomando como base los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, aceptaba que en el último lustro el consumo de estupefacientes entre la población en general aumentó en 1.2 por ciento, y el de mariguana 2.6 por ciento.
Y alertaba que “este incremento es mayor entre los jóvenes:
En el último año, el consumo ilegal de algún tipo de droga entre personas de 12 a 17 años pasó del 1.5 por ciento al 2.9 por ciento, y el de mariguana de 2.4 por ciento a 5.3 por ciento en este mismo grupo”.
En otras palabras, el rector advirtió como señal de alerta del enorme peligro que involucra tener una demanda creciente de drogas en las universidades y que, desde luego, expresa el actuar en todas partes, de norte a sur y de este a oeste del país, y como es, además, el crecimiento de los carteles y cartelitos y que como en el caso de Veracruz, de cuatro carteles en el duartazgo, ahora en la yunicidad han subido a 7.
Es decir, un crecimiento de casi el 80, 85 por ciento en menos de un año.
En su oportunidad, el titular de la SEGOB, Alfonso Navarrete Prida, indicó que el convenio con la UNAM para combatir el narcomenudeo beneficia a las 190 instituciones que conforman la ANUIES, con las que habrá intercambio de información técnica y coordinación que permita enfrentar la violencia y la delincuencia, en pleno respeto a su autonomía.
El acuerdo tiene metas evaluables en el corto, mediano y largo plazo.
Pero tampoco fue más allá el titular de la SEGOB.
En estas circunstancias, hubiese sido un grave error trasladar la lucha contra el narcotráfico a las instalaciones universitarias de manera abierta y contundente.
No sólo por la clara violación a la autonomía universitaria, sino por el peligro de un aumento en la escalada de violencia e inseguridad en el país.
Las universidades deben dar la lucha contra la demanda de drogas de los miembros de sus comunidades, no por el lado de la oferta.
Efectivamente, los esfuerzos universitarios deben encaminarse a la construcción de un programa integral contra las adicciones, dice el respetado y respetable maestro Raúl Arias.

ASTILLEROS: El narcomenudeo se ha filtrado como la humedad y las cucarachas en todos lados.
Antes, mucho antes, sólo se concitaba, por ejemplo, en los antros y con el auge de los tabledances se multiplicó.
Pero de pronto, en las zonas urbanas de las ciudades apareció con tanta intensidad que llegó a las colonias populares, y en donde los vecinos saben a ciencia cierta la tiendita o la casita donde las ofertan.
Un turista, por ejemplo, que de pronto llega al aeropuerto «Heriberto Jara» del puerto de Veracruz y pide al taxista lo llevó al mejor prostíbulo lo lleva.
Y si el turista pide que lo llevó a una tiendita donde vendan droga, de igual manera.
Un día, al despertar, el dinosaurio del narcomenudeo ya estaba girando alrededor de los campus universitarios de todos los órdenes, tanto oficiales como privados.
Por eso, incluso, y además de para combatir la violencia, en la secretaría de Educación Pública y en las secretarías de Educación de los estados, crearon el famoso programa de «Las mochilas» para checar las mochilas de cada estudiante y detectar desde armas de fuego punzocortante hasta un cigarrillo de droga.
En la UNAM el programa estalló cuando a la rectoría se le había ido de las manos y del control.

ARRECIFES: El maestro Raúl Arias Lovillo dice que las universidades nunca, jamás, deben participar en la lucha contra la oferta de droga y menos en los espacios universitarios porque se escala la violencia en detrimento de la seguridad de los estudiantes, los maestros y el personal burocrático.
Las casas de estudios superiores, y también, las medianas como bachilleratos, por ejemplo, incluso, desde las secundarias, han de participar contra la demanda de drogas a través de un programa integral contra las adicciones, y que constituye el único camino efectivo para disminuir la tendencia tan proclive en los jóvenes, y más en el caso de los muchachos que están despertando a la vida.
Y es que de lo contrario, con las fuerzas armadas, sean soldados, marinos, policías federales, Gendarmería, y/o policías estatales y municipales, anuncia malos tiempos, porque con hombres armados en el recinto universitario una casa de estudios se expone al peligro y que, en otros niveles, han sido documentados en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El riesgo en las universidades, mejor dicho, en todos los espacios donde existan jóvenes concentrados, con las drogas está vigente, pues con todo y la formación familiar y los principios y valores y la vigilancia de la autoridad escolar, el acoso, el hostigamiento y las tentaciones «son flor de un día».
Bastaría referir que el consumo de droga va en aumento.

POSTES: Si el narcomenudeo ha sido puesto en el carril de la UNAM es hora de lanzar un plan contra las adicciones en las universidades públicas y privadas, digamos, y en todo caso, como una medida profiláctica, en caso de que algún rector quisquilloso rechazara que en su casa de estudios los jóvenes han caído en la tentación.
Y desde luego, rechazando a toda costa el narcomenudeo que, como está visto, los carteles y los malandros nunca, jamás, perdonan.
Y con frecuencia, suelen utilizar a los mismos jóvenes como distribuidores y vendedores.
Hombres y mujeres.
El problema es latente y está ahí.

Las ideas y opiniones aqui expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan el punto de vista de Diario Los Tuxtlas

El PRI, sin arrodillarse

Luis Velázquez

Los vientos huracanados siguen soplando más fuerte en contra del PRI y las elites sin arrodillarse.

Por ejemplo, resulta inverosímil que luego de que las premiaran con las delegaciones federales de la SEDESOL y el INFONAVIT, Anilú Ingram Vallines y Elizabeth Morales, ahora de nuevo la señora Ingram sea premiada con la candidatura pluri al Congreso de la Unión y Elmo quedara en la recta final.

Pero más allá de la circunstancia, lejos del incienso mediático tirado a sus pasos, habría de revisarse el beneficio social de una y otra en sus cargos políticos.

En el carril político se asegura que las curules pluris fueron negociadas cuando ambas cacarearon su posible candidatura al Senado de la República y que “hacia el final del día y de la noche” quedaron en María del Carmen Pinete y el profe Juan Nicolás Callejas Arroyo, aquel, por cierto, a quien una sobrina denunciara en el Congreso de que le había pedido “las nalgas” a cambio de una plaza magisterial.

El desencanto en contra del priismo también llegó por otro camino.

Fue con el nombramiento de la nueva delegada federal de la secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, Lorena Piñón, aquella que en su momento generara conflictos cuando quería la presidencia del CDE del PRI y cuando peleara la candidatura a diputada.

Así, fue consolada con la oficina de la SRE en Veracruz, pero atropellando los derechos humanos del delegado en funciones, Ricardo Zanata, quien tenía unos quince años al frente de la delegación, y quien, además, es un diplomático de carrera que estudiara en el Instituto “Matías Romero”, un requisito indispensable para ingresar al servicio diplomático.

Otro caso parecido fue con el nuevo delegado del CORETT, Mario Castañeda Aburto, gente del ex diputado local y ex presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, Édgar Díaz, quien fue lanzado de la CNC de Veracruz, luego de tantos favores prestados al duartazgo, por ejemplo, cuando solía organizar protestas y marchas encendidas azuzado por Érick Lagos Hernández y Ramón Ferrari Pardiño, secretarios General de Gobierno y de Desarrollo Agropecuario, en contra de los funcionarios incómodos.

Ahora, y ante el reparto de las pocas mieles del poder que restan al priismo luego de perder la gubernatura, la mayoría en el Congreso local y 175 presidencias municipales, Édgar Díaz impuso a uno de los subalternos, Mario Castañeda, como delegado federal del CORETT.

Y lo impuso, porque él se cree y siente cacique y desea, por lo pronto, robalea con un bajo perfil.

Tal cual sólo resta anotar que las cúpulas priistas siguan repartiéndose el botín a espaldas de la militancia, arrastrando un descrédito universal.

Por eso mismo, el PRI se mantiene en el tercer lugar de la preferencia electoral, además de que otras elites, a quienes les negaron más cargos públicos, prefirieron salir huyendo a otros partidos, como los casos de Ricardo Ahued Bardahuil, Basilio Picazo, Regina Vázquez Saut y Marcos Theurel Cotero, entre otros.

PREMIÓ A UN PERDEDOR

Nemesio Domínguez Domínguez tiene en el PRI larga historia.

Ha sido dos veces presidente municipal de Santiago Tuxtla, además de un periodo más en que impuso a su esposita de alcaldesa.

Fue diputado local y federal, director del DIF y subsecretario de Educación con Adolfo Mota Hernández de titular en el duartazgo, y que tan generoso fue que le asignaron diez metrosexuales con sueldos fabulosos como asesores pedagógicos… “para su felicidad” decía Motita, mirando la foto de Duarte y Karime Macías en su despacho y persignándose por alguna razón.

En su pueblo, Nemesio ha sido derrotado en cuatro ocasiones.

Primero, la panista Lady Gucci y su esposo le ganaron la presidencia municipal.

Luego, la diputada local, Jazmín Copete, candidata del PRD al Senado de la República, le ganó la alcaldía para ella y después para su hijo, quien está en funciones.

Y no obstante, semanas anteriores fue premiado con la delegación federal de Progresa, como si todavía encarnara la fuerza social y popular que tuviera en otros sexenios.

Además como si fuera el único priista con méritos en Santiago Tuxtla y/o en el resto de Veracruz.

CONGELADO CACIQUE PRIISTA

Es el mismo caso de Marcelo Montiel Montiel, cuyo nombramiento como delegado federal de la secretaría de Comunicaciones y Transportes están congelado… por ahora.

Y congelado, ni más ni menos, con un manotazo del gobernador Yunes, quien amenazara al gobierno central de publicar su expediente negro.

Montiel fue dos veces alcalde en Coatzoalcos. También diputado local y secretario de Desarrollo Social y delegado federal de la SEDESOL.

Impuso a dos alcaldes, como son su ex amigo Marcos Theurel Cotero y Joaquín Caballero Rosiñol.

En la última elección municipal, MORENA y AMLO lo derrotaron en las urnas.

Y con todo y su fama pública por todos conocida en el pueblo y que le permitió obsequiar su mansión de diez millones de pesos al obispo de Coatzacoalcos, ya estaba nombrado delegado federal de la SCT y de pronto se la tumbaron.

El trasfondo de los hechos anteriores es uno solo:

En el PRI los vientos huracanados soplan y duros, intensos, fuerte, en contra, y sin embargo, les vale.

Ellos siguen trepados en su autoritarismo, reacios a aprender la lección de la historia, como son las razones que han llevado a la población a un hartazgo fuera de control y que amenaza con el cobro de la factura electoral el primero de julio.

Las ideas y opiniones aqui expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan el punto de vista de Diario Los Tuxtlas

La publicidad oficial y su reglamentación

•  El 30 de abril vence el plazo para que se legisle
• Se asigna un gasto millonario sin criterios establecidos
• Se beneficia a medios amigos y empresas fantasmas

Por Miguel Angel Cristiani G.

Este martes, la Comisión Dictaminadora del Senado de la República, debe de presentar un informe sobre el avance del proyecto de reglamentación de la publicidad oficial en medios de comunicación, que la Suprema Corte de Justicia ordenó que se legisle al respecto antes del día 30 de abril.

Como ya es público, luego de que ni la Cámara de Diputados ni el Senado se habrían abocado a legislar respecto a las normas para ejercer el gasto público en publicidad en medios de comunicación masiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que lo hagan antes de esa fecha, porque de no hacerlo, estaría incurriendo en desacato.

Hay que recordar que desde que el presidente Enrique Peña Nieto andaba en campaña electoral, hace ya seis años, ese fue uno de sus compromisos, no cumplidos a la fecha.

Luego de que la Suprema Corte lo ordenara, a pocos días de que venza el plazo establecido, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se han puesto a tratar de analizar el asunto y los diputados han establecido el 16 de abril, como el día en que habrán de dictaminar en comisiones las iniciativas de reglamentación del artículo 134 y luego llevarlas al pleno el 19 de abril, a escasos once días de que venza el plazo.

En la primera reunión de trabajo para tratar el tema, la semana pasada, la Comisión de Gobernación, encabezada por la senadora Cristina Díaz, presentó un avance sobre la Ley de Propaganda Gubernamental, en el que se estableció que del 2007 al 2012, el 65.9% del presupuesto en publicidad oficial, se ejerció sin asignación y que en la presente administración hay un sobre ejercicio del 71%.

Esto significa que el gasto de publicidad de las instancias gubernamentales, se ejerce sin ningún control, es decir que se entrega a los amigos, sin criterios establecidos y en muchas ocasiones, se crean medios de comunicación fantasmas, para poder facturar cantidades millonarias.

Se ha dicho que el objetivo es transparentar el uso de dinero público para la contratación de publicidad oficial en medios de comunicación y limitar su ejercicio.

Martha Tagle, autora de una iniciativa legislativa al respecto, señaló que el objetivo de legislar en la materia es dejar atrás el clásico “no te pago para que me pegues”, mediante el cual el gobierno ha controlado a los medios de comunicación en México.

Aunque también la Directora General para México y Centro América de la organización civil Artículo 19, Ana Cristian Ruelas aseguró que la nueva ley no incluye cambios significativos de la forma como hoy en día se ejerce la llamada comunicación social.

Pero lo que es peor, lo que se hace con la nueva iniciativa es legalizar malas prácticas que abren la puerta a la sobreexposición de funcionarios y hasta el desvío de pagos a medios.

“La comunicación social debe ser información útil para el ciudadano para toma decisiones sobre sus derechos y obligaciones. No tiene que ver con la promoción de los logros de nadie. Esto no es definición de publicidad oficial sino sobreexposición de funcionarios” dijo.

Lamentablemente en tiempos resientes, hemos visto y sido testigos, de cómo funcionarios públicos que entienden la comunicación social, como hacer transmisiones de sus intervenciones en actos públicos a través de redes sociales como Facebook, Twitter o Periscope, en donde alcanzan un mínimo de seguidores, no se dan cuenta que no están llegando a el resto de la población, que no utiliza o se conecta con esos sitios oficiales.

En fin, el asunto es que el plazo para que los diputados y senadores legislen al respecto, se acorta cada día y habrá que estar pendientes de lo que ahora se habrá de legislar para la contratación de publicidad oficial en medios masivos de comunicación.

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